Los hechos y circunstancias de todo tipo que se han ido sucediendo desde la Segunda República hasta la Transición, pasando por la Guerra Civil y la Dictadura, siguen gravitando sobre uno de nuestros problemas: “Cómo vivir juntos los distintos”, lo que un siglo después sigue sin encontrar solución y aviva el desquite con la historia.
La lectura de “La republicanización del pasado”, artículo de Juan F. Fuentes (catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense) publicado en El País, concluye con una reflexión que, por la imparcialidad que destila, merece atención: “El afán de ajustar cuentas con la historia, justificado como requisito para afrontar el futuro, ignora el hecho de que la línea del tiempo está jalonada por un número infinito de errores e injusticias, que hace de esa labor reparadora una tarea forzosamente interminable”.
La actual crisis estructural del modelo político que se dieron los españoles tras expirar (en la cama) el general, ¿podría poner en riesgo el orden constitucional y ser una amenaza susceptible de desembocar en un cambio de régimen? Al ser extenso el inventario, es preciso aplicarse a hechos recientes que sirvan para ilustrar las aflicciones más acechantes.
De acuerdo con el minucioso análisis de Alfonso Pinilla (profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura), en su libro La Transición en España. España en transición, las dos piezas clave del entramado posibilista, que era la transición, se han puesto en cuestión: el pacto por la concordia y la reconciliación, como fuente de legitimidad del sistema, a fin de allanar las heridas de la guerra civil y el intento de substituir la fuente de poder, el sujeto soberano (“la nación española única e indivisible”) por “la nación de naciones”. Llevar hasta sus últimas consecuencias ambas roturas facilitaría el objetivo de quienes siguen apostando por la independencia, lo que conduciría a un proceso constituyente de resultados inciertos y cuyo primer efecto sería la voladura del modelo de 1978.
La falta de acatamiento por el Ejecutivo de providencias emanadas del Tribunal Supremo ha inferido disensiones que evidencian desajuste en el reparto de los poderes del Estado: la inobservancia del informe contrario a la concesión de indultos a los condenados por el intento de golpe de Estado y la negativa a secundar la obligatoriedad, amparada por el órgano máximo del poder judicial, del 25% de educación del español en Cataluña.
Derogar la ley de Amnistía de 1977 –impulsada por la izquierda, aceptada por el centro, rechazada por la derecha– responde a una estrategia dirigida a invalidar una clara apuesta de 296 diputados por sacar la Guerra Civil del debate político, reconciliar a los españoles y promulgar una Constitución, masivamente refrendada, que acredita el principio de legalidad penal y la irretroactividad de las normas penales o sancionadoras más desfavorables para el reo.
Entonces, la aprobación de la ley se consideró condición sine qua non para la reconciliación. Hoy, esa condición es su derogación, lo que refleja añejo radicalismo y falta de sentido de la realidad.
Cuarenta años después, el modelo de 1978 entra en crisis con la ley de Memoria Histórica (2017) y el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática (2020), que amplía los tiempos penales hasta la promulgación de la Constitución (que ahora parece llegar hasta 1982) en otra vuelta de tuerca que no atiende al deseo de los legisladores, que obviaron cualquier alusión a los delitos franquistas.
De modo que, como campea Arcadi Espada, sutil sabueso de las entrañas de la política a cencerro tapado: “Es legítimo que el antifranquismo defendiera que la ley de amnistía fue arrancada al poder gracias a la presión popular. Pero, hasta la aprobación de la Constitución, el franquismo no era un delito, sino la ley”.
Proyectil a las bases de la transición
Quienes practican ese culto retrospectivo, tan ‘à la page’, que no esconde un incauto adanismo, deberían revisar la severa autocrítica que, tras la guerra civil, hicieron dirigentes del Frente Popular sobre defectos y errores en que, a su juicio, incurrió el régimen republicano. En definitiva, la ley de Memoria Histórica pretende ignorar la ley de Amnistía y esa exclusión descubre su carga política, un proyectil a las bases que legitimaron la transición. ¿Hay alguien con dos dedos de frente y buena fe, capaz de sostener que “la búsqueda de concordia y reconciliación puede ser considerada como un crimen de lesa humanidad”?
Sobre la base de gobernar para los muertos y despreocuparse de los problemas de los vivos, la impugnación de la transición legitima a ETA, deroga la ley, persigue delitos (sólo de una parte, no de la otra) y elige los límites de forma arbitraria: ¿por qué comenzar en 1939 y no antes para analizar también los excesos republicanos?
Recuerda el historiador Juan F. Fuentes que Azaña, en su libro La velada en Benicarló, criticó la incapacidad de las fuerzas republicanas para alcanzar “un convenio, un pacto”. Con anterioridad, ya había lamentado que los españoles no hubieran sabido “levantar, por asenso común, un Estado dentro del cual puedan vivir todos, respetándose y respetándolo”. Vivir juntos los distintos era ya una ansiedad que latía entonces.
Mientras continúa la mitificación de la historia, el odio y el revanchismo suben un peldaño, hasta convertirse en miseria moral, como atestiguan esas ansias de vengarse, no se sabe bien de qué ni de quien. Quienes fuimos testigos del esfuerzo para consolidar la democracia como único camino posible hacia el futuro, asistimos con asombro al afán de ajustar cuentas con la historia, el desquite, que no deja de ser una manipulación que compromete el futuro.
La fascinación de una parte de la sociedad española por una república, donde el jefe del Estado sea elegido democráticamente, contrasta con lo que para otros es símbolo de la unidad, la monarquía. Ajustar cuentas no es la única alternativa, la única opción, el único guion. Inventar realidades pasadas y construir la convivencia faltando a la verdad es un ejercicio peligroso.
