Una situación a tener en cuenta

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El último cuatrienio ha puesto de manifiesto un deterioro de España, como Estado, sin precedentes desde la década de los 30 del siglo pasado. La acumulación e interacción de hechos como el golpe de estado en Cataluña junto con la tibia reacción del Estado, la llegada al Gobierno de un político caudillista cuya actuación finalista es mantenerse a toda costa en el poder, incluyendo cualquier medio tal como interpretaciones libres del orden constitucional vigente, han conformado un deterioro de la soberanía nacional que presenta sus consecuencias demoledoras durante la pandemia. 

La ausencia del Estado se comprueba en hechos como que, ante la amenaza a la Seguridad Nacional que representa la pandemia, cada circunscripción autonómica actúa con criterio propio, motejando la situación desde el Gobierno como “cogobernanaza”, eufemismo que describe la desintegración del Estado, facilitada por la actuación del propio Gobierno Central. 

La pregunta pertinente es: cómo se ha llegado hasta aquí. La respuesta no puede ser un diagnóstico sencillo, sino la descripción de una larga evolución sesgada a la que no se le han opuesto las medidas correctoras. La evolución del modelo de Estado de la Constitución de 1978 ha resultado en la consolidación de desigualdades territoriales, produciendo una notoria descohesión nacional y, en consecuencia, la desigualdad entre españoles, producida por desequilibrios económicos y la promoción de factores discriminatorios como el idioma, la enseñanza y la regionalización de los medios de comunicación públicos. Más de cuarenta años tras su promulgación, la Constitución es un texto abierto que permite las transferencias de competencias a favor de determinados territorios en perjuicio del Estado, fruto de subastas políticas con los distintos Gobiernos Centrales.

La diáspora educativa, junto con la erradicación del concepto de mérito y capacidad, ha facilitado el eclipse de la cultura e historia españolas al sustituirlas por relatos regionales o “memorias” distorsionadas, a la vez que el estilo de gobernanza caudillista lamina las instituciones, el carácter nacional se desvanece y el patriotismo es despreciado.

La creciente radicalización no está acompañada por supuestos ideales; el tan traído y llevado slogan de “la igualdad” es el señuelo para ejercer el poder y mantenerlo. Pero esta forma de desgobierno es un catalizador de creación de un ambiente de violencia potencial al mezclarse con desempleo, altos déficits, impuestos altos y personal con poca preparación para la era digital.

Gran parte de la población española acepta, sin más, la tutela de la Unión Europea, de esta manera suplen, o al menos así lo perciben, parte de las carencias constitucionales y de la inmadurez política nacional. La realidad es que España influye por defecto en la evolución de “Europa” y una hipotética deconstrucción del “proyecto bruselense” la dejaría como a principios del siglo pasado. El caso de la gestión de la pandemia es esclarecedor desde el punto de vista europeo y español: fracasa Europa por asumir lo que no es capaz de gestionar, a la vista del fracaso residencia la vacunación en los Estados, el Gobierno no tiene plan B y las autonomías, cuando no los ayuntamientos, se buscan la vida por su cuenta.

Otro tanto se puede decir de los fondos europeos, una simple decisión soberana del Constitucional alemán es suficiente para ralentizar su puesta en marcha, mientras el Gobierno español los había incluido en los Presupuestos Generales como si dependiesen de él. Las previsiones voluntaristas se esfuman. Desde hace tiempo la ausencia de una sólida gobernanza en España es clara, el partidismo no da para más. 

¿Cómo afrontar el futuro? Ese es el cometido de la gobernanza conociendo el presente y con referencias prospectivas. Si el presente es el pasado, si el presente es una efímera ganancia propagandista o una ocurrencia “viral”, o si por futuro se entiende una “memoria” de hace 85 años, entonces es que el tren va por vía muerta. Si la gobernanza no está apoyada en la solvencia profesional y en la lealtad constitucional, estaríamos tratando de despotismo.

El Covid-19 debe de haber servido de aviso muy serio e irrepetible: la competencia, la lealtad y la responsabilidad, necesarias para gobernar, sólo son posibles si se ejercen por ciudadanos de reconocida solvencia, por lealtad, experiencia y preparación. Las cuotas, la falta de conocimiento y experiencia, así como la imposibilidad de trabajar en equipo son elementos generadores de conductas negligentes y prohibitivas para un Gobierno. 

Evitemos repetir errores.

AUTOR: Fulgencio Coll

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