Desde sus inicios, la Historia de la humanidad se ha constituido como el conjunto de hechos y procesos que se han ido esclareciendo en torno al ser humano, desde su aparición hasta nuestros días. Una historia a la que le acompañan reseñas, crónicas, referencias, informes o testimonios que, finalmente bifurcan en indicadores de primer orden y en una narración como la que seguidamente expondré, que describe uno de los episodios más aberrantes cargado de terror y sangre en el memorándum moderno y que aún conserva el apremiante reto de la reconciliación.
Por lo tanto, lo que aquí se muestra rotula la vigesimoquinta conmemoración del genocidio de Ruanda inducido por la mayoría hutu contra la minoría tutsi. Etnias contrapuestas por una agria disputa que acabaría truncando la vida de ochocientas mil personas y alrededor de doscientas mil mujeres maltratadas y violadas.
Instantes de emoción para recordar honrando la memoria de miles de víctimas ruandesas que no pueden ser olvidadas, toda vez, que el epicentro de este ejercicio de humanidad se fundamenta en la unión de la fuerza y la dignidad de este estado, presto a revisar con determinación la construcción de un futuro mejor para las generaciones que están por llegar.
De ahí, que a pesar de lo que pueda envolver retornar a un ayer demasiado tenebroso, se torne como una luz para hacer más visible lo que allí sobrevino y que tales barbaries nunca más, vuelvan a producirse.
Actualmente, este país de África Oriental sin salida al mar y que limita con Uganda, Burundi, la República Democrática del Congo y Tanzania, tiene numerosas lecciones que ofrecer a la comunidad internacional sobre la unidad, el restablecimiento, el crecimiento y cuestiones que practicar en relación a los derechos humanos.
En definitiva, Ruanda forma parte de un hecho desgarrador que jamás conjeturó y que se abrió paso a una velocidad endiablada, pocas veces vista en una lucha con machetes y lanzas.
Un relato que alcanza lo insondable de un pueblo en trance racial desde hace siglos, donde en menos de cien días, el gobierno hegemónico de los hutus eliminó de manera premeditada a los miembros del clan tutsi.
Hasta el año 1994, la República de Ruanda disponía de un muestrario poblacional compendiado respetivamente en el 85% de hutus; 14% de tutsis y el 1% de twas. Grupos que indistintamente han ocupado espacios públicos y responsabilidades conforme se anteponía el colonialismo belga (1916-1962) o la Revolución social (1959-1961); la Segunda República (1973-1990) o la Guerra Civil (1990), hasta que en los meses de abril a julio de 1994 se generó como un monstruo el genocidio.
Un exterminio que fue el resultado de la extrema polarización en la disyuntiva entre hutus y tutsis, de la que esta nación culpabiliza a los colonos belgas y franceses por perpetuar la estigmatización de fenómenos discriminatorios.
Estas potencias extranjeras favorecían a los hutus y el acoso persistido de los tutsis, obligó a un éxodo sin precedentes en la década de los 60 y 70.
Tras la aniquilación sistemática y deliberada, este pequeño país quedó errante sin Estado e instituciones funcionales, pero, sobre todo, profundamente deteriorado no solo por la matanza de decenas de miles de tutsis y hutus moderados, sino, por las importantes secuelas de desmembración y discordias que forjaron el duelo.
El todopoderoso valor del perdón para la recuperación de un pueblo desolado por la rivalidad, es mismamente una historia cargada de comprensión y generosidad en las vidas de tutsis y hutus fracturadas por el resentimiento, la intimidación y la sospecha, hoy, aparentemente rehechas, gracias al valor inescrutable de la reconciliación.
Siendo indispensable que, en esta memoria colectiva, tome tierra el talente de un proceso de apaciguamiento desde la gentileza de los protagonistas.
Tal, cómo se ha mencionado inicialmente, Ruanda acoge a tres grupos étnicos singulares: twa, tutsis y hutus. Estos últimos, son los más nutridos, pero no así, los más destacados. En cambio, la etnia tutsi, equitativamente inferior, se encaramó con el dominio desde el inicio del siglo XVI, mediante decisiones armadas que tuvieron en jaque y como raíz de fondo el crimen de los dirigentes rivales.
Una grieta que se agrandó en una de las partes del colectivo ruandés, dando origen a una conflictividad interétnica que progresivamente fue in crescendo en el intervalo de los años.
Ya, inmersos en el siglo XIX, se atina la persistencia de la etnia autoritaria en condición hegemónica. Análogamente, las vicisitudes en la carrera de la colonización y la instauración de poderes extraregionales en incesante esparcimiento, hacen resurgir la conflictividad, la ordenación de otros límites geográficos y la creación de nuevas jerarquizaciones tribales.
De inmediato a la ocupación germánica y al Tratado de Versalles, con las consecuentes influencias en el terreno colonial, dejó a Bélgica a merced de esta posesión.
La estancia de los belgas confirió el aguijón de la muerte para entender en su máxima expresión, lo que estaría por llegar. Me refiero al engendro de tarjetas identificadoras que cada residente debía llevar y que estableció para perjuicio general, la clara diferencia que comenzó a incidir entre los hutus y tutsis.
Con estas premisas, en los años 50 de la descolonización, la descomposición sociocultural se acrecentó con políticas que llevaron a la discriminación y estigmatización social.
En 1959, el resentimiento acumulado entre los hutus, fue culminado con fuertes disturbios que desembocaron en el fallecimiento de veinte mil tutsis.
Cuando este país obtuvo la independencia, miles de tutsis imploraron amparo en los estados colindantes. Desde aquellos mismos lugares, esta etnia comenzó a coordinarse para acometer una irrupción contra los hutus y el gobierno, de la que más tarde eliminó a numerosos civiles y ocasionó otro hervidero de refugiados.
En la década de los sesenta habría que añadir, la escasa cota de aceptación por parte del gobierno tutsi, unido a la incesante violencia estatal y a la divulgación de editoriales opuestas a esta dirección, que llevó a los hutus al poder ejecutivo; mientras, que, en las crisis, los tutsis empezaron a ser utilizados como chivos expiatorios.
A finales de los años 80, casi medio millón de ruandeses estaban acogidos en Zaire, Tanzania, Uganda y Burundi. Más tarde, disgregaciones de tutsis que entreveían posibles venganzas, convinieron el Frente Patriótico Ruandés (RPF), además, de milicias paramilitares.
En 1990, este frente inició desde Uganda acciones de fuerza sobre Ruanda. Los tutsis que allí habitaban, fueron tomados como ingratos. Posteriormente, en 1993, ambos estados respaldaron los acuerdos de paz de Arusha para poner fin a la guerra civil, formándose un gobierno de transición dispuesto por hutus y tutsis.
Pero, la historia sería más cruel a raíz de la muerte del presidente hutu, Juvénal Habyarimana, al ser derribado el avión en el que viajaba el día 6 de abril de 1994. Lance, que recrudeció de nuevo los altercados étnicos, pero, en esta circunstancia con signos de una violencia desenfrenada.
Esa misma jornada, los extremistas hutus atribuyeron el asesinato y ataque a los rebeldes tutsis del RPF, asegurando que buscaban una excusa para dar por iniciada la matanza, que, por otra parte, adquiría una dureza extremada.
Con esta tesitura, el manejo de la propaganda gubernamental dirigida a la etnia tutsi se precipitó despiadadamente a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas: “Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”; o la difusión de los Diez Mandamientos, que incitaban directa y públicamente al aborrecimiento más indiscriminado, incitando a la muerte de las “cucarachas tutsis”.
El reclamo oficial instigado en las mentes y corazones de los hutus, caló hondo y la destrucción mortal se generalizó para asesinar a los que antes eran sus vecinos y amigos. Los que no perecieron o quedaron mutilados, siguieron a más de doscientas mil personas que habían iniciado su huida particular, evitando una muerte garantizada.
La comunidad internacional estuvo distante en los epílogos de la liquidación tutsi y dio demasiados rodeos hasta su pronunciamiento definitivo, haciendo que esta desdicha se volviera más compleja. Francia y Bélgica, los estados con mayor representación en el territorio, advirtieron a sus ciudadanos que abandonaran Ruanda lo antes posible.
Después de la escabechina de las tropas participantes, Bélgica desalojó a sus fuerzas, a las que le siguieron otros países, lo que conllevó a simplificar los efectivos participantes de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda.
No cabe duda, que la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas de aminorar el sufrimiento humano padecido, se vio fuertemente limitado por la negación de los Estados Miembros a replicar con fuerzas adicionales, acortando el número de personal activo con el propósito de prevenir un escenario similar como el vivido. Ello demostró, la parsimonia en la resolución de los acontecimientos y los síntomas evidentes de verse sobrepasada.
Por otro lado, los rotativos mundiales se focalizaron en temas infundados, argumentando que estos crímenes debían denominarse tribales o, quizás, derivados de una crisis propia y particular del continente africano.
Dos meses más tarde, el Consejo de Seguridad permitió a Francia poner en escena una misión humanitaria denominada “Operación Turquesa”, que ayudó a cientos de civiles en el suroeste de Ruanda. Mientras, en otras zonas, los crímenes se prolongaron hasta el 4 de julio, fecha en la que el FPR tomó el mando militar del país.
Los resultados catastróficos de esta aniquilación que extirpó al 75% de los tutsis y a miles de hutus opositores del régimen de Habyarimana, se había ampliado en apenas cuatro meses desde la capital al resto del estado.
Desde este suceso implacable, Ruanda ha culpabilizado reiteradamente a Francia de facilitar clandestinamente preparación militar, armamento y conocimiento específico a las milicias hutu, que, sin duda, ejercieron un papel crucial en los asesinatos del genocidio, si bien, París, contradice los reproches.
La consternación vivida en Ruanda, promovió que ese mismo año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instaurara el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con la consigna de “procesar a las personas responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario”, que se habían perpetrado de forma sanguinaria. En paralelo a esta decisión, concurrieron otros dos tribunales, primero, una magistratura iniciada por el gobierno y, segundo, una sala popular vista como los juzgados “gacaca”.
El TPIR hubo de afrontar el enorme desafío de constituirse en el primer tribunal en desentrañar la infracción del genocidio, determinado en la Convención de 1948. Siendo uno de los más dificultosos a la hora de ser ponderado y atribuido, porque no bastaba con confirmar el exterminio, sino, que, era indispensable justificar con rigor “la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
En la otra cara de la moneda, el tribunal popular se fundamentó en el principio de la confesión, pero, en algunas ocasiones, la falta de arrepentimiento o el hecho que no se percibieran los debidos desagravios por los bienes desvalijados, supuso un serio inconveniente para la debida reconciliación. De ahí, que algunos hayan considerado, que se materializaron sentencias ilegales y ultrajadas por la amenaza, la degradación y los anacronismos cometidos en la toma de decisiones.
Los ruandeses, no ocultan que aún tienen un largo recorrido por hacer hasta la rehabilitación del descanso eterno de las almas que perdieron. Pero, para los críticos del poder, la unanimidad social no es más que una falacia que encubre el control del régimen sobre el pueblo.
Hoy, reforzados por un molde político y administrativo dinámico, la reeducación y la mediación autoritaria de un estado visiblemente partido y golpeado por las acciones brutales de la guerra y el genocidio, prevalecen en el anhelo del esclarecimiento.
El TPIR oxigenó los casos de más calado, pero no fue suficiente para enjuiciar a las ciento veinte mil personas que, en los años posteriores a la destrucción, fueron aprehendidas por su sospechosa complicidad.
Desde entonces, el sistema judicial de Ruanda ha seguido una evolución escalonada para obtener los estándares internacionales, hasta desenvolverse con los imputados en la maquinación del genocidio y en la ejecución de cientos de excesos, entre ellos, la violación.
En la primera década, este tribunal se había pronunciado sobre diez mil encausados, pero, en una nueva tentativa por aclarar lo que allí ciertamente sucedió, el gobierno galo ha establecido una comisión de ocho investigadores e historiadores, que pretenden poner en claro las apelaciones llevadas a cabo por Francia en este exterminio sistemático.
Es, por ello, por lo que es primordial proteger los valores contra el odio, respaldando el peso de la tolerancia y la solidaridad, porque no se debe admitir la resignación de lo inadmisible. Debiendo compartir la responsabilidad de atender a quienes les ha engullido estos crímenes feroces que no tienen calificativo.
El genocidio de Ruanda no puede condicionarse únicamente a los meses trágicos que lo describieron. Existen otros muchos desgarros ocultos en las vidas de estas personas que corresponden a un tiempo pasado, así, como otros, que prevalecen y que fueron surgiendo en la medida que la verdad ha ido mostrándose testimonialmente por las víctimas.
Sobrepasar el umbral de esta etapa inhumana de la historia, es decir, aleccionar la reconciliación, pasa por saber lo que ciertamente allí pasó y hacer justicia como bien común para la sociedad. Luego, aparecerá la reparación que entraña un cambio profundo de actitud, conjeturando algo más que la convivencia pacífica.
En nuestros días, la sociedad ruandesa es joven, el 60% del conjunto poblacional tiene menos de veinticinco años de edad y, por lo tanto, no ha digerido de primera mano los efectos desencadenantes que acarrearon la magnitud de esta tragedia.
Desde el tiempo transcurrido en aquel intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hutu de Ruanda, la reconstrucción sociocultural, como la integración inclusiva de las mujeres en la administración y la política, con la mejora incontrastable en los índices económicos, esta pequeña región africana de los Grandes Lagos, continúa permaneciendo traumatizada como un pueblo que conserva una herida difícil de curar.
Pero, ello no quita, que se continúe en el empeño por recomponer este entramado étnico y social que mantiene la frágil paz que hoy impera, como base de la restauración para ser libres del tribalismo, regionalismo, etnicismo y del odio en todas sus formas, donde los derechos humanos no sean vulnerados.
