Don Felipe presidió el acto en el que Antonio Narváez Rodríguez juró su cargo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey; el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Martínez; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, y el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.Tras el Consejo de Ministros del pasado día 4 de julio, el Gobierno propuso al fiscal Antonio Narváez Rodríguez, teniente fiscal en el Tribunal Supremo, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en sustitución de Enrique López López, que presentó su renuncia el pasado 2 de junio, aceptada en la misma fecha por Decreto del presidente del Tribunal Constitucional.
Antonio Narváez estuvo destinado como ayudante fiscal en Córdoba y como fiscal jefe en Teruel. En 1997 fue nombrado fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y en abril de 2007, fiscal jefe de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía en la que actualmente era teniente fiscal.
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerce las competencias definidas en el artículo 161 de la Constitución. El Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Las competencias del Tribunal se relacionan en el art. 161 de la Constitución, desarrolladas en el art. 2.1 de su Ley Orgánica. Se trata de una enumeración abierta.
El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por Su Majestad el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos).
La designación para este cargo se hace por nueve años, debiendo recaer en ciudadanos españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Estas condiciones son verificadas por el Pleno del Tribunal Constitucional, según el artículo 10º de la Ley orgánica que regula esta institución.
Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años, sin que la Ley haya previsto límite de edad para su desempeño.
