La democracia representativa, como sistema político, alcanzó su periodo de expansión tras la segunda Guerra mundial y pronto derivó hacia lo que se conoce como partitocracia, es decir, una situación en la que el poder y las decisiones quedan en manos de la élite de los partidos dejando sin espacio, y por lo tanto sin representación efectiva, a los ciudadanos. Todo se “cuece” en el seno de las ejecutivas de los partidos, salvo cuando estos evolucionan en sus estatutos otorgando un poder omnímodo al secretario general, entonces todo el sistema pierde su esencia, derivando en otra construcción que, por mucho que se le maquille, merece otra denominación.
El duopolio es una figura que en economía describe la situación en la que dos empresas son las suministradoras únicas de un producto o, dicho de otra forma, controlan un mercado de forma mayoritaria. Es algo que entra en la normalidad económica mientras no exista acuerdo entre ambas para aprovechar la situación para acordar los precios en su beneficio, y a costa de los clientes en cuyo caso estarían infringiendo la ley, y deberían ser sancionadas. Hay una larga lista de ejemplos.
Estos días asistimos en España a una clara conjunción de ambas facetas en la vida política nacional; la manipulación de los precios por parte de un duopolio imperfecto. El mercado político, en el que los oferentes de servicios, los partidos, nos hacen sus promesas cuatrienales, camina hacia la pauperización en cuanto que los ciudadanos no tenemos posibilidad de reclamación de esos prometidos productos, como una justicia independiente o una televisión estatal profesional y sin ideología. Son promesas que sistemáticamente se incumplen.
La formación del Consejo de Televisión española esta pasada semana ha sido un ejercicio pornográfico que a los únicos que no avergüenza es a sus protagonistas, y solo algunos “pequeños” ajustes han impedido que se llegase a un acuerdo para, una vez más, escamotearnos la posibilidad de un Consejo general del Poder judicial independiente de la presión de los partidos. Había esta vez que dar “juego” a los socios menores del gobierno, aunque por el camino se deje sin esta “representación” no contemplada en la Constitución a partidos que suponen casi el 30% del voto popular. Es cosa de días y sin duda, de una u otra forma, llegarán a un acuerdo que responda a “sus” intereses.
La democracia moderna como sistema de gobierno se basa, fundamentalmente, en el consentimiento de los gobernados, el cual se manifiesta periódicamente mediante los procesos electorales, entre unos y otros no hay forma de reclamar las promesas incumplidas puesto que los programas no comprometen y por eso, como es el caso, los usuarios descubrimos, al abrir la caja, que el producto no responde a lo esperado. Es lo que tienen los duopolios.