Imparable desplome del poder adquisitivo en España

La evolución del poder adquisitivo del ciudadano español viene deteriorándose en los últimos meses afectado por distintos factores y así lo ratifican los últimos datos económicos y aunque desde finales de marzo han comenzado a repuntar en función del avance con la vacunación, que ciertamente ha sido mayor de lo previsto, conjuntamente con la  los indicadores económicos han empezado a repuntar gracias al avance en el proceso de vacunación, mayor del esperado, y la liberación en las restricciones de movilidad, lo cierto es que el impacto de la crisis pandémica sigue agravando el sufrimiento de los españoles por la brutal pérdida de poder adquisitivo  que está haciendo estragos en la estructura social española, aumentando el nivel de pobreza al haber mas ciudadanos inactivos a nivel laboral, pues aún,  tenemos en torno a 462.000 trabajadores en situación de ERTE cobrando solo parte de su sueldo lo que implica un alto porcentaje de trabajadores con ingresos inferiores; según Antonio Pedraza presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas(CGE) viene  indicar que “la renta per capita ha pasado de una media de alrededor de 26.400 euros antes de la pandemia, a cerca de los  24.000 euros actualmente” y a esto sumémosle “los 400.000 autónomos en cese de actividad más los futuros afectados una vez finalice la moratoria concursal prorrogada hasta diciembre”.

Pues bien, con todo este panorama nuestro Ejecutivo continúa insistiendo en trasladar a la opinión pública que la recuperación está “en marcha” y se intensificará con la llegada de los Fondos Europeos y mediante las reformas e inversiones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado el miércoles de la pasada semana por la Comisión Europea. A fecha de hoy, lo cierto la crisis sigue golpeando con fuerza en el sector de servicios, hostelería, autónomos y al pequeño comercio en términos generales.

Desde marzo de 2020 la crisis pandémica ha azotado España con contundencia teniendo que tomar medidas durísimas como las restricciones fijadas para evitar los contagios que ha conducido directamente al cierre de miles de negocios, afectando a las rentas de millones de familiasque han visto como algunos de sus miembros ha perdido el empleo o están afectados por un ERTE. La profunda recesión provocada por la crisis hizo caer nuestro PIB un 10,8% durante el ejercicio 2020 y la batería de medidas aprobadas por el Gobierno español no han sido suficientes para que la renta bruta disponible de los hogares españoles cayera un 3,3% en el conjunto del ejercicio, la mayor caída de toda la Unión Europea.

La pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones por la COVID-19. 790.000 personas habrían caído en la pobreza severa en España debido a la COVID-19, según el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos.

Y debemos hacer un breve recorrido sobre nuestra situación económica y entremos a valorar el análisis de los siguientes parámetros:

  • Aumento la pobreza y la desigualdad
  • El IPC viene creciendo desde enero hasta junio y no parece que vaya a dejar de crecer.
  • Los pensionistas pierden 1,6 puntos de poder adquisitivo que con posterioridad se indica por parte del Ejecutivo que se compensará.
  • Los funcionarios van a sufrir una pérdida acumulada y en el medio plazo
  • Los asalariados también sufren una sensible pérdida de poder adquisitivo.
  • La subida del recibo de la luz impacta más en colectivos con menos ingresos 

Es más que evidente que la desigualdad ha aumentado,  la crisis ha afectado principalmente al colectivo detrabajadores del sector servicios, hostelería, autónomos y a los pequeños comercios, con una caída de la renta per capita de mas del 24% comparada con la media de 2019, o sea antes de la crisis pandémica. Los últimos datos son poco alentadores con los 462.000 afectados por un ERTE y los más de 400.000 autónomos en cese de actividad, y la que nos viene encima una vez finalice la prorroga concursal. Las medidas como los ERTE y los avales de los créditos ICO han salvado muchos puestos de trabajo evitando la pérdida del empleo y ayudando a mantener abiertas gran cantidad de empresas, lo que ha frenado en gran medida el aumento de la pobreza, siendo inferior al de anteriores crisis.

Según el Ejecutivo las medidas que han venido aprobándose han evitado la destrucción de 3,5 millones de empleos y una caída del 25% del PIB, pero no ha podido evitarse la pérdida de más de 440.000 empleos tras un año de crisis pandémica y el perjuicio retributivo sufrido por los 3,6 millones de españolas que estuvieron afectados por un ERTE en el pico máximo de la pandemia, lo cierto es que el poder adquisitivo se ha visto lastrado más aún en los últimos meses por el repunte de los precios.

Y continua el debate entre los bancos centrales sobre si hace falta definir un objetivo de inflación más preciso que el de una tasa de inflación aproximada al 2% marcada por el Banco Central Europeo (BCE), lo cierto es que en España los precios se disparan y continúan al alza y la cesta de la compra de los ciudadanos cada vez es más cara coincidiendo con el inicio de la reactivación económica. La  tasa anual estimada del Índice de Precios de Consumo (IPC) en mayo de este año fue del 2,7%, acumulando cinco meses consecutivos con tasas positivas y alcanzando su mayor nivel desde febrero del año 2017, principalmente por el alza de la electricidad y los carburantes, lo que hace prever anticipa una cuesta de enero en los meses de verano y se mantiene la tendencia alcista de los precios que impacta íntegramente en los bolsillos de los ciudadanos españoles que sufren una acumulación durante este ejercicio 2021 de una pérdida de poder adquisitivo que supera de media el 1%, ya que el aumento de los precios ha superado con creces el alza de sus salarios o pensiones.

El colectivo de los pensionistas que aglutina a algo más 9 millones de ciudadanos es un claro ejemplo, puesto que han visto reducido su poder adquisitivo en prácticamente dos puntos, y es evidente que el alza del IPC del 2,7% queda muy por encima del aumento del 0,9% de sus prestaciones aprobado por el Gobierno para este 2021. Aunque es previsible que no se verá afectado a medio plazo por el repunte de la inflación, ya que en la reforma sobre el tema de pensiones garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo al ligar la revalorización de las pensiones con la variación de los precios, lo que evidentementecomportará otras medidas para impulsar el alargamiento de la vida laboral y penalizar la jubilación anticipada.

El colectivo de funcionarios se ha visto mucho más perjudicado en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados en los últimos años, ya que según denuncian los sindicatos, conforme a las distintas subidas salariales acumulan una merma del 10%. La compensación por esta pérdida de poder adquisitivo no llegará en cambio al colectivo de algo más de 3,5 millones de empleados públicos que forman parte de las distintas administraciones, que también vieron revalorizado su salario un 0,9% este año. Se prevé que esta situación continuará ya que la intención inicial del Gobierno es seguir elevando los sueldos públicos conforme al IPC al menos hasta el año 2024, lo que supone seguir mermando su poder adquisitivo. 

La pérdida de poder adquisitivo nos llega a todos y por supuesto también al resto de asalariados, trabajadores por cuenta ajena bajo un convenio colectivo ya que los salarios pactados en convenio subieron de media en abril un 1,55% y se sitúan ahora en torno al 1,8%, muy por debajo del IPC publicado por el INE.  O sea, los 4,1 millones de trabajadores asalariados que están acogidos a esos convenios colectivos han visto reducido su poder adquisitivo en prácticamente un punto, en un contexto delicado ya que algunos de ellos todavía se encuentran en situación de ERTE, y que en algunos casos acabaran en un ERE. Es significativo que el coste laboral de las empresas subió un 1% en el primer trimestre del año. Dentro del coste total, el componente del coste salarial por trabajador y mes, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y atrasos, medidos en términos brutos, subió el 1% y alcanzó los 1.907,82 euros de media.

En la línea alcista de los precios destaca el incremento del recibo de la luz, que ha alcanzado niveles récord coincidiendo con la entrada del nuevo sistema horario, y la subida de los precios de los carburantes y combustibles, que alcanza sus mayores niveles desde octubre del año 2014, según datos del Boletín Petrolero de la UE.  El colectivo que sufre más el impacto de la inflación es el de la gente joven y aquellos con menores ingresos, al ser los que destinan mayor parte de su presupuesto a alimentos y a los gastos del hogar.

En la segunda edición del Anuario del Mercado de Trabajo elaborado por Adecco Group Institute se refleja que, en 2020, el salario real cayó un 2,7%, este descenso de casi un 3% del salario nominal fue en parte compensado por una caída de un 0,3% del IPC.  A fecha de hoy estamos ante la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario medio en al menos 45 años, lo que hizo a su vez que el poder de compra del salario medio mermara a niveles similares a los que se produjeron en el ejercicio 2003. Cierto es que hay diferencias significativas en función del tamaño de las empresas, ya que mientras el salario medio bruto de las empresas con al menos 200 empleados se mantuvo por encima de los 2.000 euros mensuales en 2020, para empresas con menos de 50 asalariados fue de 1.340 euros. Otro dato significativo es que las empresas más grandes presentan una mayor capacidad de resistencia en la adversidad, de hecho, el salario promedio de las empresas de 200 y más trabajadores disminuyó un 1% en 2020, y sin embargo el de empresas con menos de 50 trabajadores se cayó hasta un 5,9%.

En fin, que toda la sociedad española se ve afectada por esta crítica situación y que no podemos descuidarnos,ya que la brecha de la desigualdad se agrava en España. Esta crisis incrementa la tasa de pobreza severa (personas con ingresos inferiores al 40% de la renta media, es decir, con menos de 5.826 euros al año o 16 euros al día) desde el 9,2% pre-Covid19 hasta el 10,86% de la población, con casi 790.000 personas adicionales que ahora viven por debajo de este umbral de subsistencia, elevando el total de personas hasta los 5,1 millones.

AUTOR: Federico Bisquert Lafuente

*Esta revista no se hace responsable de las opiniones aquí expuestas.

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