La abolición del secreto pontificio, el fin de la impunidad

La abolición del secreto pontificio, el fin de la impunidad

Si de por sí, es desalentador dar cuerpo al contenido de este pasaje, peor resulta hacer visible la crisis que en estos últimos tiempos ha vivido la Iglesia Católica, a raíz de la complicidad de los muchos silencios derivados del abuso sexual a menores.

Si bien, la Congregación de los fieles cristianos regida por Su Santidad el Papa como Vicario de Cristo en la Tierra, ha desenmascarado esta realidad aberrante y convulsa que debía ser subsanada. Cultivando la justicia con responsabilidad e indagando los mecanismos canónicos que prevengan esta realidad compleja y despiadada, en un intervalo de enorme tormento y contrición, pero, asimismo, de profunda renovación en el camino hacia la transparencia y la tolerancia cero.

El abuso sexual por parte de clérigos es una ofensa a Dios en el accionar de la Iglesia y de los Ministros del Señor. Es una falta perniciosa porque quien somete a un menor, incurre en una insensatez inhumana.

Y es que, esta conducta atroz no es únicamente un pecado y delito, además, forma parte de un fenómeno en un espacio fundamentalmente delicado. Es en cierta manera, una conspiración que desgarra el sentido de la confianza, porque dicha explotación avasalla, martiriza y se ensaña mediante la sexualidad.

Actualmente, los numerosos requerimientos y antecedentes que atañen a las imputaciones de pederastia dentro de la Iglesia, en su amplia mayoría, se hallan en manos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el Dicasterio Vaticano que anteriormente era conocido como Santo Oficio.

Sin embargo, es justo y obligado señalar, que en trechos pasados este Departamento u Organismo especializado de la Curia Romana, no siempre ha procedido con la nitidez y premura que en estos casos se requiere.

Conforme se han ido constatando algunas de estas evidencias en hechos inconclusos, en los que todavía permanecen en el anonimato muchas de esas reticencias, recordaba el fragmento del Santo Evangelio según San Juan 11, 1-45, extraído de la Biblia de Jerusalén que describe la resurrección de Lázaro. En su argumentación teológica, subyace la proposición de retirar la losa, a pesar del fuerte olor que pudiera desprenderse, con el convencimiento en la fe que Lázaro recuperaría el hálito de vida.

Con lo cual, quiénes creemos profundamente en el amor de Dios visibilizado en su Hijo Jesucristo, como en la Santa Iglesia Católica, que es una Madre que nos protege y ampara en su misión evangelizadora, no tengamos miedo de apartar losas o que otros las abran con nuestra aportación, para legítimamente descubrir, desenredar y no disfrazar; aun siendo inmediato su irrespirable hedor, porque pronto será fuente de purificación y de vida para prestar oídos, aliviar, curar y sobre todo, pedir perdón.

Por ello, cualquier engaño bajo las garras de la pederastia, merece ser contemplada con premura, independientemente del momento de su comisión y denuncia.

Como es sabido, recientemente, ante las crecientes reprobaciones por el elevado nivel de privacidad empleado para proteger a los pedófilos, callar a las víctimas e impedir que las autoridades averigüen los allanamientos de abuso sexual a menores, Su Santidad el Papa Francisco (1936-83 años) ha inhabilitado el secreto pontificio, poniendo a disposición los testimonios de los juicios canónicos y atendiendo a una de las peticiones más reiterativas de las personas dañadas por la pederastia.

En el modus operandi de la práctica, esto comporta que las diócesis y órdenes religiosas se abran a la justicia, con todos y cada uno de los documentos que soliciten los magistrados instructores.

En otras palabras, ya no existe hermetismo en estas materias, ni con respecto a los representantes civiles o afectados, que podrán saber de primera mano el curso de sus comunicados y las condenas imputadas a los infractores.

En la cuestión de las documentaciones en poder del Vaticano, las magistraturas pueden pedirlas con el procedimiento de rogatoria internacional entre países. Mientras que, si se hallan en los archivos de las diócesis, el Obispo debe directamente facilitarlas. Obviamente, la derogación del secreto pontificio no lleva a que las Sedes Eclesiásticas deban hacer público los expedientes, porque cada nación posee unas pautas de protección con la confidencialidad.

Con estas connotaciones preliminares, lo que aquí se pretende no es hacer un juicio crítico sobre los mutismos que han prevalecido durante décadas, frente al agravio comparativo de la pederastia por actores relacionados con la Iglesia. Sencillamente, es dar visibilidad al enorme esfuerzo normativo que tiene el propósito de contrarrestar esta realidad y las modalidades que subyacen, como la pornografía.  

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Hoy, nadie puede poner en duda los escabrosos errores cometidos, como las mudeces punzantes o las ingratitudes, o heridas insondables, turbación e infamia que ha contaminado a la Iglesia. A lo mejor, porque no ha estado a la altura para resolver eficazmente este menoscabo; ello, aun aproximándose con comedimiento a esos inexpresivos semblantes rotos de sufrimiento, reaccionando remisamente ante los lamentos de las víctimas.

Quizás, no haya sido consecuente que el rastro del abuso sexual se engarza comúnmente más allá hasta atrapar a otros miembros de la familia, e incluso, a grupos de iguales. Pero, lo más desgarrador de este episodio radica en que ellas y ellos, han reconocido y retratado a la Iglesia con su abusador. Porque, la persona implicada se ha valido de esta para profanarla y, a su vez, esta Institución milenaria como la Iglesia, no ha podido reparar la falta perpetrada a manos de uno de sus obreros.

Cuando un clérigo embauca sexualmente a un menor, realiza una praxis moral y canónica del todo incalificable, a la que, del mismo modo, se suma una transgresión.

Los resultados no pueden ser otros: primero, se contraviene una lesión de proporciones monstruosas al normal desarrollo del menor, como a su autoestima y dignidad humana; segundo, se ocasiona un desorden desorbitado a los feligreses y en general, a la fe; tercero, constituye infaliblemente un atropello y vileza a la intimidad sagrada que el Pueblo de Dios guarda en sus prelados; cuarto, se corrompe la credibilidad de la Iglesia y es una burla a la divinidad de su testimonio para con el Evangelio de Jesucristo que es “el camino, la verdad y la vida”; y quinto, se deshonra el ministerio sacerdotal.

Las lesiones después de un abuso son persistentes, no desaparecen fácilmente, porque determinan continuamente la vida. De ahí, que, en reiterados momentos, los efectos desencadenantes se hagan notorios a lo largo de los años e, igualmente, de forma paulatina. Por tanto, no debe sorprender a la Iglesia, recibir acusaciones sucedidas muchos años antes y menos ser catalogadas como circunstanciales.

He aquí estas líneas, en nombre de quiénes hayan podido sentirse abrumados y confundidos por esta monstruosidad, para que tengan voz y se les atienda como merecen, examinando sus angustias y asistiéndoles para descubrir nuevamente el rostro de Cristo, que en nuestros días está eclipsado por el pecado.

No soslayándose, que inquebrantablemente esta perversidad ha debilitado los lazos de unión de la víctima con su fe. Ensombreciéndola hasta reportarla al abismo más inexorable; porque, quién ha materializado este horror, era justamente el instrumento conjugado para iluminarla.

En escasas fechas a las que le han antecedido demasiados años, el mundo ha sido testigo de una valorable y destacada determinación del Vaticano, que no es descabellada denominarla histórica, porque pone un punto y final al secreto pontificio en casos de violencia sexual y abuso de menores realizado por religiosos y religiosas.

En este mismo contexto, el Sumo Pontífice ha optado por regular la Ley sobre el delito de pornografía infantil, incidiendo en los sumarios más dolorosos de faltas, como la posesión y difusión de reproducciones inmorales que impliquen a menores de hasta 18 años de edad.

Evidentemente, en cada una de estas medidas es sencillo vislumbrar, que el bien y la seguridad de los niños y jóvenes deben prevalecer por encima de cualquier patrocinio del secreto, incluso el pontificio. Por ello, desde ahora, nada ni nadie se resistirá en la práctica a la observancia de las obligaciones y del imperio del derecho de cada territorio, incluidos los mandatos de denuncia.

Debiendo aceptar la Iglesia sin más burocracia, los fallos ejecutivos de los encargados judiciales; en tanto, que quienes ejecuten denuncias sobre abusos sexuales, tanto de las víctimas como de los testigos de oídas o presentes, ya no podrá atribuírseles vínculos o pactos de silencio alguno sobre los sucesos concernientes a agravios de connotación sexual.

Correspondería caer en la cuenta, que el secreto pontificio incumbe a todos los participantes de un proceso canónico, guardando la más estricta discreción bajo juramento con respecto a los indicios que supiesen y como resultante, dispensaba a los sacerdotes de enfrentarse a causas investigativas judiciales; culminando, dicho sea de paso, con una metodología incapaz de colaboración por parte de la Iglesia, frente a las innumerables delaciones de abusos sexuales.

En el otro margen, las víctimas se sentían abandonadas y elocuentemente reprochaban que esta Institución más bien se dedicaba a ocultar a los malhechores: auxiliándoles con el silencio institucional, exonerándolos de la acción de la justicia y franqueando su impunidad. La decisión de invalidar el secreto pontificio, indiscutiblemente, no concierne de manera alguna con el sello sacramental, es decir, al secreto de confesión, que es absolutamente diametral al secreto pontificio.

Ahora bien, mismamente, esta invalidación, no entraña que los documentos sean visibles a la sociedad y estén consignados a ser difundidos, puesto que la confiabilidad de las víctimas y de los testigos tienen que salvaguardarse.

No obstante, la documentación debe estar a disposición de los órganos judiciales civiles, para la pertinente averiguación de las incidencias iniciadas en la Sede Canónica. O, lo que es lo mismo, se descarta cualquier traba en las vías de comunicación entre la jerarquía eclesiástica y las víctimas, cómo, indistintamente, entre la autoridad religiosa y el Estado.

Por consiguiente, quién o quiénes demanden a una diócesis notificación y revelación sobre alguna situación de abusos, no obtendrá como respuesta: “lo lamentamos, esta información está protegida por el secreto pontificio”.

Llegados hasta aquí, que hombres y mujeres llamados a ofrendar y sacrificar su vida con Cristo en la gracia recibida, hayan colisionado con este tipo de abusos, y en algunas circunstancias, sistemáticamente hasta llegar a hilvanar auténticas congregaciones del horror más despiadados, desde el raciocinio más humano, resulta difícil admitir y asimilar.

En este nuevo horizonte de cara a la reconciliación y en los que la Iglesia fuertemente ha sido golpeada por decenas de escándalos contra niños, niñas, adolescentes y adultos por clérigos y laicos involucrados en el abuso sexual, es el Espíritu Santo, quién tiene la llave para otorgarnos el más mínimo resquicio de apaciguamiento y alivio en las mentes y corazones de cuántos perjuicios se hayan consumado.

Con estas perspectivas, la Iglesia confiesa implícita y explícitamente que ha habido un patrón de ocultamiento de sujetos con hábitos improcedentes de perversión, contando con el amparo y la simulación desenfrenada: un genuino baluarte conspirativo, que favorecía el símil de no ofrecer explicaciones a ningún ente, asentando el pacto del enmascaramiento, cuya finalidad, pretendida o no, residía en fingir los delitos.

En vista de lo precedente, si cabe, adquiere mayor preeminencia la extinción del secreto pontificio al llevar aparejado, que cuántas denuncias, testimonios y documentos judiciales referentes a los trámites de abusos reservados en los archivos de los Dicasterios vaticanos, así como aquellos que se reúnen en las dependencias de las Diócesis, hasta hoy subordinados al precinto hermético, podrán ser transferidos a los inspectores que lo insten.

Quedaría por exponer en estas líneas, que las últimas decisiones contraídas por la Iglesia, le compelen asumir importantes desafíos; entre ellos, tonificar la labor de prevención de esta lacra, examinando concienzudamente como ha maniobrado la justicia y el sistema procesal canónico.

Por ende, restructurar aspectos tan fundamentales como que el Tribunal Eclesiástico continúa obrando como juez y parte simultáneamente, sin las garantías del proceso para las víctimas y los acusados.

A este inconveniente conceptuado como preferente, han de añadírseles la falta de claridad en los procedimientos; la carencia del principio de bilateralidad de la audiencia; sus inoperantes frutos y la ineficacia de las condenas y medidas dictadas para evitar otros abusos.

Ante lo fundamentado y a la luz de este período que se cierne, el entresijo de participación abusadora podría sufrir vaivenes significativos, incumbiéndole a la Iglesia un posicionamiento con rol diligente y atento en la trayectoria y avance de la prevaricación sexual. Sobre todo, en su incumbencia de persona jurídica moral con las servidumbres de aviso, apoyo, supervisión, sanción y eventual reparación en el marco de estas características punitivas.

Queda claro, cuál es la máxima de la Iglesia ante estos acontecimientos: nunca más impedimentos ni obstáculos. En adelante, solo esclarecimiento y reciprocidad en la ayuda que se reclame.

En consecuencia, habiéndose descartado el secreto pontificio, la Iglesia tiene la oportunidad de distinguirse a su razón de ser, por estar abierta a adentrarse en lo acaecido y decir nada más que la verdad sobre los abusos ocurridos; pero, para ello, una primera señal asumible es instituir una Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Reparación, donde con generosidad admita su responsabilidad moral, introduciendo una Memoria Histórica de los desórdenes sexuales habidos y se predisponga a que esto no se repita más en el mañana.

Queda mucho por transitar en este recorrido, particularmente, a la hora de hacer justicia en los capítulos de abusos que todavía se resisten a ser encubiertos. Cómo también, corren nuevos vientos y es comprensible que retornen nuevas generaciones de sacerdotes, reforzando los paradigmas con remozada vocación a la vida consagrada.

Por lo tanto, la abolición del secreto pontificio abre una senda de esperanza que posterga cualquier tentativa de oscurantismo y de incógnita en la confabulación. Como comunidad en la aldea global, hemos de discernir que no es a la Iglesia a la que se le acosa, hostiga y acorrala, sino a las barbaries incurridas por personas que de algún u otro modo se supeditan a ella.

Más allá de las argucias interpuestas y de las que muchos se han servido para catapultar la misión de la Iglesia como Sacramento Universal de Salvación, la postura más acertada pasa por la incondicional transparencia y compenetración objetiva con las instituciones civiles y eclesiásticas, velando por la erradicación, localización urgente y sanación de la transgresión, tanto intra como en los extramuros eclesiásticos.

Que esta actuación sea resuelta nos clarifica que no es arbitraria, ni taxativa como tampoco individual, con la intransigente batalla que en ocasiones se reviste de ángel de la luz para proteger a pedófilos, pederastas y explotadores sexuales.

Un único abuso es una desdicha e infortunio para la Iglesia que la oprime, mortifica y la hiere en lo más profundo de su plan de acción.

El fin último de la misión no puede ser otro que hacer partícipes a los hombres y mujeres en la comunión que reina entre el Padre y el Hijo en su Espíritu de Amor. Ante esta certeza, el Papa Francisco literalmente nos advierte que “no puede imponerse ninguna obligación de silencio sobre los hechos encausados al denunciante, a la persona que afirma haber sido perjudicada y a los testigos”.

Que no quede la más mínima sospecha, que la Iglesia además de entonar un sincero mea culpa, ha dispuesto emplearse a fondo para desempolvar, extraer y limpiar la suciedad de cuántos abusos sexuales se han incurrido, hasta sanar a las víctimas de las tinieblas a la luz.

Que ojalá, así sea.

*Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 07/I/2020.