No más lejos de las reflexiones que subyacen, a día de hoy, la única certeza que deja el SARS-CoV-2, comúnmente conocido como coronavirus, precisamente es la ausencia de certezas. En este caminar a lo inexplorado que impregna como lluvia ácida, se debaten numerosas creencias fluctuantes que nos arrastran a la inmovilización.
Y no es para menos, porque los vínculos sociales, o el trabajo, el modo de ocupar el ocio y tiempo libre, o el duelo, tan reiterado en estos trechos indeterminados, ya no son como lo habíamos conocido hasta entonces. Incluso, hay quienes contradicen este entorno; tampoco faltan los que opinan que más que promover transformaciones, lo que hace el COVID-19 es precipitar la espiral en la que estamos envueltos.
Vivimos épocas de inquietud, nos acorrala la extenuación y la incapacidad para planificar. El ser humano requiere de seguridades que le consoliden en el presente y lo empuje a un mañana. Pero, actualmente, no se pueden hacer previsiones a largo, ni medio plazo. En cierta manera, las seguridades se han empobrecido y las arrogancias quedan sepultadas.
En esta sacudida del ser o no ser en el prisma social, económico y emocional, la réplica colectiva es de perplejidad descomunal con despropósitos, dando origen a la tensión, desazón y en algunos casos, al desbarajuste. Con lo cual, para introducirnos en un aparente futuro, haríamos bien en profundizar la historia de la raza humana con principios sociológicos.
A nadie le cabe la menor duda, que los tiempos pasados han estado salpicados de sangre, indiferencias y consternación por los conflictos bélicos sostenidos; o por las hambrunas acaecidas y las calamidades epidémicas padecidas. Por lo tanto, si el hombre como especie ha llegado hasta el siglo XXI, lo ha hecho desde su potencialidad de adaptabilidad con la resiliencia, resistencia evolutiva y cognitiva.
El coronavirus ha irrumpido en una sociedad cambiante, dejándonos en fuera de juego y causando un desconcierto progresivo que desconocemos cuándo, ni cómo concluirá. Ello ha suscitado un escepticismo crónico y, en ocasiones, nos ha entumecido en el accionar cotidiano, ante un enemigo invisible y con la fuerza implacable de un ejército. Y todavía con efectos más contundentes, al desenmascarar la fragilidad social, económica, política y sanitaria convertida en el verdadero talón de Aquiles.
En escasos meses, de depositar la confianza en la ciencia en la que creíamos, con desasosiego y temor nos hemos topado con un escenario epidemiológico capaz de perturbar nuestras vidas por años, o tal vez, para siempre. Hasta ahora, incapaces de contrarrestarlo con solvencia, sin recurrir a las técnicas adoptadas para protegernos de los fáciles contagios o del distanciamiento social.
Contemplando a España, aunque el horizonte se amplía a otras esferas, se suma la ineficacia en la gestión de la enfermedad, con estructuras administrativas inactivas, sistemas inadecuados de selección de élites políticas, deplorable comunicación pública y baile de cifras en los datos oficiales, retardo en la adaptación del aislamiento colectivo; así como ratios de morbilidad y mortandad pésimos, malos indicadores económicos y el sentimiento de desatención en una importante proporción de la ciudadanía.
Tomando como ejemplo la segunda semana de marzo, o quizás, los momentos reinantes que advertimos, que obviamente, no pueden considerarse del mismo calado, el comienzo del curso escolar y el colapso institucional, inexcusablemente, hacen saltar las alarmas.
Debiendo asociar una nueva vuelta de tuerca a corto plazo, con el dinamismo económico de mano de los programas de relanzamiento de la Unión Europea, proyectado con un plan de recuperación y sobre el marco financiero plurianual 2021-2027.
Cada una de estas vicisitudes nacionales y globales, macro y micro, aleatorias e imprecisas, pero, posiblemente presagiadas, así como las secuelas directas e inmediatas de la crisis epidemiológica, como la indisposición en las clases sociales, el empobrecimiento generalizado, el trastorno endémico que no cesa o la muerte que nos acecha, está contribuyendo y contribuye a importantes tensiones sociales, que en los próximos años aumentarán en populistas e instigadores.
La pandemia está siendo terrorífica, poniéndonos contra las cuerdas en una tragedia de grandes dimensiones, con la pérdida de vidas y el tránsito de personas a las que no se han podido despedir con un duelo apropiado. Y mucho menos, ni un beso ni un abrazo. Desapareciendo una generación que nos ha dejado en el silencio más atroz.
Con asiduidad, suele defenderse que cualquier trance aglutina un retroceso como tal, y éste se alarga más que las mismas dificultades. Hay autores que interpretan la crisis económica de 2008 con las tensiones existentes y la verticalidad democrática de numerosos estados, englobando la reactivación de los nacionalismos. El contexto inusual y sus implicaciones no perdurarán únicamente en los intervalos de incidencia del virus, sino después.
En cada una de estas direcciones, la patología conjetura una marcha atrás. Reculando a lo acaecido en temas de salud, porque la medicina contemporánea había trabajado con éxito en los males infecciosos y parecía que estábamos más aplicados en las enfermedades crónicas o no transmisibles, como los padecimientos cardiovasculares o el cáncer. Curiosamente, esta epidemia con reseñas medievales, nos ha reemplazado a riesgos que dábamos por superados.
Fotografía: National Geographic de fecha 19/IX/2020.
Simultáneamente, el elenco de consecuencias se ha producido inesperadamente y a pasos agigantados, dañando todas las vertientes de la sociedad. Nadie ha quedado al margen de esta tesitura y, ni mucho menos, en un marco internacional identificado por las oscilaciones de las instituciones multilaterales y de retroceso democrático.
Queda claro, que nos topamos ante una disyuntiva integral en un período con gobernantes que buscan recursos meramente locales, centralizados en intereses parciales. España, se halla ante una eventualidad a la que tiene que dar respuestas pertinentes en un paisaje político convulso.
En contra de la inclinación histórica que el coronavirus está adquiriendo, el espacio rural es catalogado como el más cualificado para neutralizar al patógeno. No es notorio que recapitalice la predisposición imperante de dominio urbano, pero, al menos, en cuestión de estancia y turismo, la España interior y el espectro rural vacío, han conquistado un atractivo que ojalá perdure.
Junto a ello, la sociedad en su conjunto, convive con complicidad e implicación comunitaria a nivel de vecindad, jurisdicción y grupos profesionales, que han creado otras relaciones y reavivado valores que permanecían deteriorados. Quedando al descubierto que la economía, vaya medianamente bien o mal, cuenta con una fragilidad estructural considerable, al supeditarse a los sectores del turismo y servicios.
Estos últimos meses, fundamentalmente, julio y agosto, ratifican que no debemos bajar los brazos de cara a un virus que segundo a segundo nos acecha. Y es que, ya no solo repercute en el colectivo de personas mayores o vulnerables, también redunda en jóvenes y niños a los que inicialmente se reconocían inmunes. Si bien, los contagios se han amplificado exponencialmente, los finados parecían haberse simplificado, incluso hasta llegar a no contabilizarse ninguna muerte diecinueve semanas más tarde de darse por concluido el ‘Estado de Alarma’. Lo que parecía vislumbrar un indicio de esperanza para todos.
Con los números proporcionados por el Ministerio de Sanidad, España se emplaza en el triste podio de los países que reconocen más extintos en correlación a la población, y el que más sanitarios infectados registra.
Sobrepasado los seis meses desde el establecimiento del ‘Estado de Alarma’, España continúa liderando las estadísticas más aciagas a nivel mundial. A día de hoy, el número de contagiados alcanza los 716.481 y la cifra de decesos se ha encaramado a los 31.232.
Las últimas referencias del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria o Sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III, elevan las defunciones por encima de las 46.000 y ha detectado entre las postrimerías de julio y la primera quincena de agosto, lo que ha denominado “exceso de fallecidos”.
Coincidiendo con la segunda oleada de la epidemia, este verano España ha sumado un exceso de mortalidad del 10%. Es decir, 3.560 perecidos más de los previstos. Siete Comunidades Autónomas recogen esta cuantía en los guarismos de muertes.
Conforme se muestra el último reajuste del Sistema de Monitorización Momo: en Aragón, un 45% en la primera mitad de agosto; Extremadura, un 37% más que en la última quincena de julio; Castilla y León, un 25%; Madrid, un 20% en agosto con 522 difuntos; Cataluña, casi un 20%; Andalucía, un 17% y la Comunidad Valenciana con un 13%.
El Informe del Instituto Carlos III especifica que en los seis meses sucedidos del COVID-19, el exceso de mortalidad ha rebasado los 47.000 óbitos. Entre las víctimas, resalta el incremento en los mayores de más de 74 años, ya que 16.545 de los 14.384 estimados, pertenecen a este grupo de edad, mostrando un exceso de mortalidad de 2.160 individuos; poco más o menos, la totalidad de exceso global.
Otras 159 personas tenían entre 65 y 74 años, y 130 eran menores de 65.
De esta manera, en los meses acumulados de 2020 se han ocasionado dos etapas bien diferenciadas de exceso de mortalidad, con el matiz de producirse por varios motivos a nivel nacional, abarcando el primero desde el 10 de marzo al 9 de mayo, y el segundo del 27 de julio al 15 de agosto, respectivamente.
En el primero de ellos se verificaron 43.556 finados, un 64,3% más de lo valorado con los indicios de los diez últimos años. En cambio, en el segundo con sólo tres semanas, se ha originado un exceso de muertes de un 12,6% con respecto a su estimación.
Aunque en el balance se incluye los fallecimientos por cualquier causa, el Informe MoMo señala que desde finales del mes de julio los óbitos diarios por el SARS-CoV-2 superaron los 125 por día.
Lo cierto es que continúan ascendiendo los positivos, los ingresos en los centros sanitarios y, principalmente, en lo que atañe a las defunciones. Más aún, España es el estado de Europa que más decesos ha notificado en la comparativa con su población: unas 100 muertes diarias en los últimos siete días. Los casos ascienden rápidamente en muchas comunidades, como Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña o Madrid, al igual que el acomodo de los hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.
Lo peor de todo subyace que la situación epidemiológica como indican los expertos, no cambiará en su tendencia, mientras los positivos sigan ascendiendo. Cabiendo esperar en las próximas semanas más ingresos y fallecidos. Para ser más precisos, los pacientes diagnosticados por el virus ocupan el 22% de las camas disponibles en Madrid; el 13% en Castilla-La Mancha; el 12% en Aragón y el 11% en País Vasco y Baleares.
En lo que respecta a las UCI, diversas comunidades se atinan con más de la mitad de sus camas de enfermos graves empleadas por pacientes del COVID-19. En la Rioja, la ocupación se incrementa en el 60%; Catilla-La Mancha, el 55%; Aragón y Murcia, el 48%; y Navarra y Baleares, el 40%.
Como se ha referido precedentemente, España es la nación que constata más sanitarios infectados del planeta, desde que, en los preludios de la enfermedad vírica, tanto médicos, como enfermeras, auxiliares, celadores y resto del personal cumpliesen su labor sin guantes de nitrilo, mascarillas, batas y otros equipos de protección individual tan imprescindibles. Gradualmente, la carencia de este material ha ido disminuyendo, al integrarse los Servicios de Salud Autonómicos a unos procedimientos de adquisición que en aquellos momentos se demoraban.
No soslayándose, que el Gobierno aún no dispone de la reserva estratégica.
De todo ello se desprende, que la amenaza de la segunda oleada nada tiene que ver con la UE, aunque por activa y por pasiva el Ejecutivo Central porfíe en contradecir esta evidencia. Las justificaciones van desde enmendar la elevada cantidad de casos por el avance de las pruebas materializadas, hasta atemperar el peso de las muchas muertes causadas, sin dejar de empequeñecer el cariz inquietante que están ocupando estos días, al compararlo con el revés que conocimos en marzo y abril.
Como se ha fundamentado en estas líneas, España es el país que reúne más positivos e ingresos hospitalarios en las UCI con respecto a su volumen poblacional. Idénticamente le ocurre en cuanto a la mortandad, tal y como lo pormenoriza el Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades, abreviado, ECDC, que profundiza en las comparativas de los estados.
El Gobierno argumenta la intensificación de contagios por la incidencia en las pruebas practicadas, que ahora son más asiduas que en meses anteriores. No obstante, dentro de la UE, no es el que más test realiza, ni en total ni en relación al tamaño de su población. Y lo más alarmante, es la región con más infectados. En otras palabras: en la última semana se han verificado de media 178 test por cada 100.000 habitantes, siendo una cifra similar a la de Alemania, pero por debajo de Francia con 198; o Dinamarca, con 548.
La contrariedad reside en que los test realizados no dependen en tanto, de la diseminación del censo poblacional en sí, sino en la cuantificación de contagios reales. A más contagios, más test. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, OMS, aconseja que los nuevos positivos no deben alcanzar el 5% del total de los test efectuados, para así valorar que la epidemia está controlada.
En España, como subraya los recuentos de la Universidad de Oxford en su proyecto ‘Our World in Data’, la positividad se encuentra en el 11%. Con rotundidad, es el más deficiente de los estados miembros de la Unión. En Alemania la positividad corresponde al 0,8%; en Italia, al 2,5% y en Francia, el 5,2%.
Asimismo, da la impresión como si se transmitiese a la ciudadanía el presentimiento inconsistente de una cercana comercialización de la vacuna, mientas la pandemia vuelve a remontar embravecida y los servicios sanitarios están comenzando a colapsarse ante una nueva acometida del virus.
La confianza o más bien la irresponsabilidad, ha ayudado que alcancemos el otoño en unas circunstancias nada halagüeñas y, posteriormente, el invierno aún más exigente que no prevé buenos pronósticos, porque podría favorecer una mezcla perfecta: el coronavirus embravecido y la gripe que cada año aqueja a miles de personas.
Tampoco se entiende que no hayan mejorado en tiempo y forma, los recursos sanitarios de salud pública y la dotación de atención primaria, para la implementación de una moderación en los brotes. Por lo tanto, no se trata exclusivamente cómo actuará el SARS-CoV-2, que por fortuna no es propenso a grandes mutaciones, sino más bien, a cómo nos desenvolveremos y qué posicionamiento tomarán las administraciones competentes. Luego, si se relajan los distanciamientos, el uso de las mascarillas e higiene y abundan las reuniones esquivando las observaciones reiteradas, junto al desequilibrio en los comportamientos individuales habidos y por haber, irremediablemente, los contagios y las defunciones estarán al orden del día.
Consecuentemente, el COVID-19 demuestra a todas luces que persiste en su capacidad de contagio dominante, valiéndose de las coyunturas que no son pocas: es un patógeno muy infeccioso, contaminando a las personas en cuanto se presenta el más mínimo resquicio. Toda vez, que somos nosotros, los que modificamos los hábitos o entornos que ayudan fácilmente a la transmisión.
A pesar que el control del coronavirus queda distante de lograrse, se agrava la premura por su neutralización: España ha cumplido más de seis meses con récord en el número de contagios; sin inspecciones con PCR en los aeropuertos y sin rastreadores suficientes para perseverar en la exploración del virus. Del mismo modo, no cuenta con medidas uniformes para atenuarlo, como debía haberse prevenido antes del regreso a las aulas.
El arrebato de la segunda oleada no es una utopía y vuelve a gravitar en la visión de un drama presto a enfurecerse. Indiscutiblemente, hay lógicas para estar inquietos, o lo que es lo mismo, razonamientos más que reconocidos, para comprometernos responsablemente como miembros de la sociedad a la que pertenecemos.
A lo mejor, una de las destrezas más acertadas en este entresijo epidemial, es asumir que puede ser una vía de progreso. Me explico: una adversidad de dimensiones desmedidas, suele convertirse en un detonante que abruptamente irrumpe en la dinámica habitual de las personas, poniendo en jaque la clarividencia de la realidad, pero, pudiendo ser asumida desde otros puntos de vista menos trágicos.
Frente a una emergencia sanitaria de este encaje, el principio de solidaridad, jamás debería de saltar por los aires.
Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 23/IX/2020.
Guinea Ecuatorial, un país vinculado a España que se desenvolvió como metrópolis de esta pequeña república del África negra durante cerca de dos siglos (1778-1969), años más tarde, aquel período de soberanía hispana no aquietaría el proceso de descolonización, al aparecer un gobernador opresor, capaz de apisonar a la urbe y de paso truncar las relaciones con la vieja madre-patria.
Todo, auspiciado en el marco de un movimiento global motivado por la Organización de las Naciones Unidas, fusionado a la declaración de una conciencia nacional africana y la creación de la Organización para la Unidad Africana (OUA), patrocinarían dicha causa, porque, el ingreso de España en la ONU llevaría aparejado acatar sin reservas la Carta de Naciones Unidas, debiendo poner al corriente sus territorios no autónomos.
La provincialización y posterior concesión de autonomía a Fernando Poo, conocida como Guinea Española, después colonia y posteriormente, provincia de España en África entre los años 1959 y 1968, como, asimismo, el Río Muni, no impedirían la descolonización.
Y, por si fuera poco, la presión internacional junto al deseo de recuperar Gibraltar, propiciaron la rendición de cuentas al respecto, en una etapa temporal que podría arrojar alguna luz sobre este contenido y otros asuntos políticos y sociales, que ilustraron el devenir de este y otros países, donde indiscutiblemente persiste la huella indeleble del Reino de España, en lo que hoy es actualmente la República de Guinea Ecuatorial.
Con estos indicios preliminares, las independencias conjeturaron la llegada de numerosos estados africanos con sus protagonistas, siendo los actores potenciales en el espinoso ideal de afianzar los nuevos cambios derivados de la descolonización. Tras la Independencia de Fernando Poo y el Río Muni, siete mil españoles optaron por permanecer en la recién estrenada Guinea Ecuatorial, pero, ni tan siquiera habían transcurrido seis meses, cuando apresuradamente tuvieron que renunciar a este territorio.
Ahora, el nuevo gobierno perseguía hacer desaparecer aquellos restos de todo un pasado español, en aras de un horizonte sombrío que despuntaba.
Ya en 1945, al darse por concluida la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas ganadoras encabezadas por los Estados Unidos de América, acordaron refundar, sino modernizar, la antigua Sociedad de Naciones, mediante un organismo universal que avalase la paz y la seguridad en el planeta; para ello, era necesario optimizar el nivel de vida y preservar a toda costa los derechos humanos. Es así como surgía la ONU, instituida inicialmente con 51 estados miembros.
Si bien, el 12 de octubre de 1968, una fecha para no olvidar, aparecía un nuevo Estado con el nombre de República de Guinea Ecuatorial, que se colocaba en el número treinta y ocho de las naciones continentales, lograba revertir los mecanismos de subordinación y poder por una tendencia política inestable.
Definitivamente, Guinea Ecuatorial se independizaba de España, promulgando su filiación hispánica y entregando la mejor recompensa al dominio que condujo estos espacios africanos, durante nada más y nada menos, que ciento noventa años.
Por lo tanto, lo que en este pasaje se pretende, es mitigar el oscurecimiento de memorias cruzadas entre España y Guinea Ecuatorial, poniendo voz a una Historia común, que arroje luz sobre una de las regiones más enigmáticas de la antigua colonia africana.
Una superficie que conserva su propia diversidad de lenguas, pero donde el español ecuatoguineano es la lengua nacional de carácter oficial y comunicación interétnica.
Sin embargo, existen insignificantes aclaraciones sobre lo acontecido o lo que sobrevino. Si cabe, sobre la declaración de materia reservada de la antigua colonia española, como si de un cuentagotas se tratase, las deducciones iniciales de la presencia española en África y sus vínculos con el tráfico de esclavos, o el protagonismo militar y religioso; o, sobre la frustración de este proceso y sus efectos desencadenantes en la vida de miles de personas.
Luego, estaría haciendo referencia a las premisas y precedentes con las consiguientes situaciones y realidades que rodearon esta presencia española, dándose por concluidos cerca de doscientos años hispanos en esta región y que inexplicablemente han sido arrinconados.
Haciendo una breve descripción geográfica de este lugar, Guinea Ecuatorial ostenta una extensión de 28.051 kilómetros cuadrados, cuya capital es Malabo. Estando emplazada al Oeste de África y constituyéndose de una franja continental (antiguamente denominada Río Muni) delimitada al Norte por Camerún, al Este y Sur por Gabón y al Oeste por el Golfo de Guinea; y en el Golfo de Guinea, los Islotes de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico y las Islas de Bioko (precedentemente Macías Nguema Biyogo y preliminarmente, Fernando Poo) y, finalmente, Annabón, hoy Pagalu.
Las reseñas de la única excolonia española del África subsahariana, es en su génesis, una demarcación apenas imprescindible estratégicamente para las Coronas que la habitaron, hasta al menos avanzado el siglo XIX, al establecerse el Virreinato del Río de la Plata entre 1778 y 1810.
Históricamente, mediante el Tratado hispano-portugués de San Idelfonso suscrito en 1777 entre las soberanías ibéricas, es decir, entre Don Carlos III de España y Doña Margarita de Portugal, quedaban asignados los derechos sobre el África Ecuatorial.
O lo que es igual, los lusitanos transferían la Colonia del Sacramento, ubicada en el Sur de la vigente Uruguay, más las Islas de Annabón y Fernando Poo en aguas de la Guinea, a cambio del repliegue español en la Isla de Santa Catalina, situada en el litoral Sur de Brasil.
De esta manera, los españoles emprendían la andanza africana.
Desde comienzos del siglo XVIII, la presencia de diversas unidades militares españolas se acentuó, asumiendo un papel bien definido la Armada, ya que las comunicaciones con la Península Ibérica eran exclusivamente marítimas. Hasta que, a mediados del siglo XX, se implantó la vía aérea. Como era habitual en el estatus de provincias ultramarinas, el Ejército, sobre el que se apuntalaba la autoridad de la metrópolis, adquirió popularidad y esplendor.
En abril de 1778 marcharía la expedición de Don Felipe de los Santos Toro y Freyre, VII Conde de Argelejo (1721-1778) para conquistar las Islas. Una decisión que produjo el resentimiento de los mayoristas británicos que negociaban en la zona.
A pesar de no disponer de un centro de aprovisionamiento esclavista para los españoles, el aliciente por este territorio no era notorio, de hecho, esta comarca se desocupó en 1781.
Del mismo modo, la representación británica podría considerarse predominante, aunque, con el pretexto de continuar con la trata de esclavos, en 1820, nuevamente surgiría el interés por apropiarse de Fernando Poo.
A todos los efectos, en 1834 se fundó Port Clarence, la presente Malabo, pero, una vez más, los británicos prescindieron de la Isla. Dándose por iniciado un nuevo periodo de apatía estatal con la alternativa de la venta a Inglaterra.
Pudiéndose referir, que Fernando Poo era más inglesa que hispana.
En el año 1850, en resarcimiento por la pérdida de la América continental en tiempos precedentes, comenzaron a incrementarse las alternativas de España por este territorio y sus intenciones por colonizarlo. No obstante, la posesión persistió de forma intrascendente, como las liquidaciones dispensadas a la colonia fueron minúsculas y mismamente, este dominio era contrapunteado por Francia desde Gabón.
Allende de no tenerse en cuenta la labor del africanista y explorador Don Manuel Iradier y Bulfy (1854-1911), que entre 1875 y 1876 exploró la bahía de Corisco y el Río Muni, lógicamente amplificando el trazado hispano, entraría en escena la Conferencia de Berlín (16-XII-1884/26-II-1885) que aspiraba resolver los inconvenientes que entrañaba la expansión colonial en África y solucionar su repartimiento; por ello, otorgó a España trescientos mil kilómetros cuadrados.
Más adelante, en 1901, se simplificó el área asignada a tan solo veinticinco mil kilómetros cuadrados.
A grandes rasgos y simplificadamente, la colonia comenzó a ser beneficiosa, principalmente, gracias a la recolección de café y cacao, con clase obrera liberiana, fang y sierraleonesa. Gradualmente, el negocio ayudó a enriquecer a los empresarios españoles y africanos, sustancialmente por los altos costes de las labranzas de exportación. Pronto, el personal de origen liberiano hubo de ser sustituido por nigerianos.
Llegado a este punto, la premura por la descolonización, entendiéndola como ‘el proceso de independencia política en relación con la nación extranjera que lo domina’, se hizo notar en 1955, cuando España era aceptada por las Naciones Unidas.
Para contrarrestar el flujo independentista que iba en incremento, la metrópolis dispuso provincializar los departamentos que constituían la colonia subsahariana. Justamente, en 1963, se procedió a un referéndum que al año siguiente emplazó a un régimen autonómico.
Mientras, la ONU, sabedora que legítimamente se habían reconocido algunos de los partidos políticos y se suscribiera una conferencia que dotara a este país con una Constitución que le llevara a convertirse en territorio autónomo, prosiguió forzando a Madrid para que confiriera la Independencia. En la citada reunión, se liberaría con todo tipo de suspicacias, si se avalaba en bloque o bien, por regiones independientes.
Concluyentemente, prevaleceríala primera de las iniciativas que defendió el delegado Don Francisco Macías Nguema (1924-1979), más adelante, entre 1978 y 1979, primer presidente democrático post-colonial del país.
El referéndum constitucional se celebró en agosto de 1968 e, inmediatamente, se convocaron elecciones presidenciales; tras las mismas, Macías constituyó gobierno junto a integrantes de otras formaciones políticas.
Lo más interesante residió, en que, desde ese mismo momento, en aquella metrópolis operaban dos elementos hasta ahora impensables: primero, un texto codificado de carácter jurídico-político como la Constitución y, segundo, un sistema de votación a elegir entre varias opciones planteadas por partidos políticos, basado en la determinación de los votantes.
Alcanzada la fecha crítica del 12 de octubre de 1968, España se desprendía de su única posesión subsahariana, un episodio que perdura postergado, porque, como se ha mencionado previamente, entre 1972 y 1976 respectivamente, todo lo concerniente a esta nación, se clasificó como materia reservada.
Macías que elogiaba a Adolf Hitler, aplicó un régimen de total intimidación y corrupción, paralizando la Constitución e inhabilitando a los partidos políticos, amén de promover el éxodo de residentes españoles. Aumentando la burocracia y asignando diversos puestos entre influencias y familiares. Conjuntamente, puso de pretexto golpes de Estado ficticios, con el fin de deshacerse de quienes desconfiaba o sospechaba, culpabilizando a España de estar detrás de esta espiral inexistente.
Vagamente, las relaciones con la exmetrópoli pasaron a ser de enemistad, evidenciándose, que Guinea Ecuatorial se distanciaba a los ojos del mundo, con gestos que no venían al caso como los surgidos en 1970, con el rechazo en la entrada de corresponsales del exterior.
Entre tanto, desde 1969 a 1979, la represión acarreaba cifras que no quedaban por debajo de los 50.000 fallecidos.
En definitiva, no resultó sencillo descolonizar Guinea Ecuatorial, porque no se había dispuesto este entorno, y, por si fuera poco, no existían técnicos experimentados para encargarse eficientemente del Estado, ya que muy pocos guineanos habían alcanzado los estudios superiores.
Por tal motivo, cuando compareció la Independencia, muchos funcionarios acordaron seguir expresamente al servicio de la dirección del nuevo país, pero, objetivamente, dependiendo de las autoridades españolas. Inclusive, se quedaron dos compañías de la Guardia Civil designadas para garantizar la seguridad.
El nuevo Estado que acababa de comenzar a avanzar, indudablemente, sin las aportaciones de España, tampoco iba a desenvolverse como era de esperar, porque la economía pendía de las ayudas al cacao que normalmente concedía la metrópolis.
En las postrimerías de 1968, inmerso en un contexto de indudable escepticismo, Macías emprendió una concatenación de discursos extremadamente antiespañoles, acompañado de tentativas golpistas por parte del ministro de Exteriores Don Atanasio Ndongo Miyono (1928-1969), que a la postre, traspasaron la línea roja de lo que estaría por acontecer.
Con este talante implacable y de atropello, los seguidores de Macías promovieron artimañas amenazantes y ataques desmedidos contra los españoles y guineanos proespañoles.
Hechos puntuales que, debido a la realidad insoslayable de inestabilidad política, obligaría a que una mayoría implorase cobijo en los cuarteles de la Guardia Civil; ya, con anterioridad a los acontecimientos que se filtraban, la administración de la capital del Reino había aconsejado que los allí residentes, abandonaran de inmediato el lugar.
En 1969, la ‘Operación Ecuador’ y un puente de Iberia, hicieron viable que miles de españoles pudieran trasladarse con lo puesto. Vislumbrándose, que no quedaba nada, para que inminentemente se diera por extinguido el sueño neocolonial.
Poniendo al corriente, que España contribuyó con decenas de miles de millones de las antiguas pesetas, sin obviar, la gran labor desarrollada por cooperantes y misioneros en las parcelas de educación, sanidad e intervención cultural de la joven república de Guinea Ecuatorial, pese, a que en los últimos momentos su volumen descendió, entre otros supuestos, por la vertiginosa amplificación de la renta per cápita del país, a raíz de la bonanza petrolera. Sin inmiscuir, la suma de riqueza invertida.
Con el claro propósito de moderar esta deriva y la pérdida de influencias, España fortaleció su contribución, confeccionando el Primer Plan Marca, por el que se comprometía a conservar sus favores cuatro años más.
Ahora bien, las condiciones políticas internas e internacionales podrían catalogarse como irresolutas, topándonos ante el desequilibrio de un régimen totalitario, engendrado por disputas fronterizas con los países colindantes. Pero, para interpretar debidamente este escenario, es determinante catalogar la atracción que ha conllevado las reservas petrolíferas que se encuentran en sus costas. Véase, que entre 1998 y 2002, el producto interno bruto se ha multiplicado por siete.
A la luz de nuevos hallazgos de gas natural y petróleo en aguas contiguas a la Isla de Bioko, antigua Fernando Poo y en la región continental del Río Muni, se han incrementado las perspectivas más fundadas, convirtiendo a Guinea Ecuatorial en un gran productor mundial de hidrocarburos para un futuro próximo.
Irrumpiendo, como no podría ser menos, la dimensión geopolítica estadounidense, por el valioso subsuelo de petróleo que se esconde en este pequeño estado y que rentablemente es extraíble con la tecnología actual.
En la otra cara de la moneda, la lasitud de este gobierno ha configurado un acicate para que actores externos medien por hacerse con el mando político de este país. España, por lógicas de seguridad nacional y estratégicas, debería amenizar sus proveedores de petróleo, porque Guinea con su producción y reservas, aglutina los requisitos para asegurar los objetivos.
En conclusión, en vista a lo expuesto en el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, España incurrió en dos graves equívocos: Primero, disipó los deseos independentistas de la etnia bubi, hospitalaria y agricultora, asentada en la Isla de Fernando Poo, que temían una encrucijada de la etnia fang, un pueblo guerrero que hasta épocas cercanas practicaba el canibalismo.
Segundo, las serias imputaciones, deslices institucionalizados y abusos en serie de los derechos humanos, como la falta de nitidez informativa sobre los ingresos para amortiguar la aplastante pobreza de la ciudadanía en un clima impune, al menos, hubiesen quedado aminorados, con un mayor control de la administración española en la convocatoria electoral de la nueva república, que, a la sazón, le han hecho ser heredera de esa apatía política y falta de previsión.
Un bagaje insuficiente para un territorio que en el ayer se ramificó en dos provincias y que repetitivamente se han subrayado en estas líneas: ‘Fernando Poo’ y ‘Río Muni’, o séase, la Región Ecuatorial Española, que, hoy por hoy, nos impele a recapacitar como antigua metrópolis; debiendo ayudar a la democratización y alentar la autodeterminación del pueblo Bubi, para cancelar de una vez por todas, la deuda histórica desde el proceso de descolonización.
Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 29/VIII/2019.
Alcanzado el modelo de Ejército renovado en lo relativo a la plena profesionalización del mismo, la temporalidad y otras variables en los que se sustenta el actual, ha motivado un elevado flujo de entradas y salidas.
Para conseguir el objetivo de una permanencia indefinida, se posibilita al Soldado o Marinero la prolongación en las Fuerzas Armadas y a su término de un abanico de posibles salidas laborales. Medidas socioeconómicas que valora los años de servicios acumulados. Pero por encima de este escenario evidenciado, concurren dificultades que finalmente se convierten en incertidumbre.
Certezas derivadas tras no alcanzarse los logros de una profesión permanente, como la de no haber adquirido el nivel académico satisfactorio. La citada obra contiene gráficos descriptivos de elaboración propia e imágenes fotográficas patrimoniales del autor
Sin lugar a dudas, Cataluña está viviendo jornadas verdaderamente dramáticas. Describirla sucintamente confluye a barricadas, incendios, disturbios e incidentes virulentos y así, un largo etcétera. Imágenes que jamás hubiésemos deseado contemplar, a pesar de sus indiscutibles sospechas; pero, que hoy por hoy, se han convertido en el caballo de batalla. Parece algo así, como si no llegásemos a atisbar el fin de una escalada orquestada puesta en marcha con toda una maquinaria de argucias, tras la reciente sentencia del proceso soberanista, conocido coloquialmente, como el procés catalán.
Curiosamente, confrontando algunos de los acontecimientos del pasado, lo que en estos días ocurre en esta parte tan singular de España, parece ser que no es algo novedoso en su historia. Al menos, así lo corrobora respectivamente, los siglos XIX y XX, en los que Cataluña estuvo inmersa en tintes tumultuosos.
Ya, entre los años 1899 y 1909 se originaron en la Ciudad Condal, epicentro de la vida política, social y económica de España en la época, toda una serie de sucesos con menor o mayor incidencia en sus efectos desencadenantes que salpicaron al Estado español. Brevemente, apareció y se afianzó la Liga Regionalista; don Alejandro Lerroux García (1864-1949) activó a la clase obrera, instaurando el primer partido moderno de la clase trabajadora; igualmente, el movimiento Solidaridad Catalana pobló el escenario político; además, el terrorismo se estableció como una variable diaria; coyunturalmente, los anarquistas se coordinaron y se emplazó a una huelga general y, por último, se libró la Semana Trágica de Barcelona (25/VII-2/VIII/1909).
Precisamente, la ‘Rosa de Fuego’ sería el seudónimo otorgado a esta población, durante los espinosos relatos acaecidos en 1909, cuando grupos insurrectos se consagraron a toda una cadena de escaramuzas y reyertas, como una vieja estratagema para amedrentar e imponer una causa injustificada, incendiando gran parte de este territorio. Posiblemente, lo retratado anteriormente, nos haga retroceder en el tiempo y reportarnos a una parte sombría de la historia pasada en Cataluña.
Allende a estas circunstancias que llevaron a Barcelona a ser distinguida con este acento, indiscutiblemente padeció de manera reiterada largos laberintos sindicales que, como no podía ser menos, perjudicó a miles de trabajadores; es cierto que resolutivamente menos enfáticos, pero, que, del mismo modo, adquirieron cotas de violencia altamente significativas.
Hasta entrado en el año 1917, los ataques y envites sindicales fueron más bien una manifestación desacostumbrada, pero con algunas crisis de rasgos específicos.
Las consecuencias emanadas de la Primera Guerra Mundial (28/VII/1914-11/XI/1918), antes denominada Gran Guerra, ayudaron perceptiblemente a trastocar este contexto, promoviendo el levantamiento de la clase trabajadora y dando pie a entornos capaces de intensificar la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo, por sus siglas, CNT.
El advenimiento de una todopoderosa central sustentada en sindicatos industriales y de tendencia puramente revolucionaria, favoreció la polarización de la lucha social en la metrópoli. Las intervenciones del movimiento obrero gradualmente se hicieron más implacables, al igual que las réplicas y el tono empleado por la patronal y los representantes gubernativos y militares.
Entre 1918 y 1923, Barcelona estuvo sumergida en una etapa de extremado terror, conocido tradicionalmente con el sobrenombre de pistolerismo, que residía en contratar a matones para asesinar a sindicalistas y trabajadores hasta aplacar las protestas.
Según los recuentos del historiador don Albert Ballcells (29/V/1940-79 años), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes, en el transcurso de estos años, 951 personas sufrieron asaltos afines con la disputa sindical, de las cuales, murieron 261.
De esta manera, el ímpetu violento se erigió en un eje sustancial de la iniciativa colectiva de los trabajadores; una trama en el que las relaciones profesionales no se hallaban institucionalizadas, por lo que la llamada a grandes concentraciones públicas se constituyó en el instrumento preferente de las huelgas.
Sin embargo, en Barcelona se desplegó un prototipo de violencia que ofreció peculiaridades concretas, por lo que podría confirmarse que no sólo se convirtió en un medio más exaltado sino, que también, al hilo de un esparcimiento diferenciado. Las conspiraciones sociales estuvieron al orden del día, en cuanto a la presencia de agresiones definidas que discrepaban con el carácter colectivo y que alimentó el fenómeno en otras realidades.
Ahora bien, entendiendo la violencia individualizada, como un modelo de atentado maniobrado particularmente contra individuos concretos, en comparación a la violencia derivada, con altercados espontáneos u operaciones de masas.
Llegados a este punto, este tipo de ataques se hizo más palpable en la Barcelona de los inicios del siglo XX, posicionándose en los comienzos de 1910 con un signo cada vez más coordinado.
Con estas connotaciones preliminares, este pasaje pretende poner de relieve la inoculación del surgimiento de la violencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que como es sabido, tras la sentencia del procés ha hecho saltar la chispa con ímpetu intimidatorio, conspirando la autodeterminación y la independencia mediante el montaje de un movimiento político organizado y vertebrado en la pluralidad ideológica.
Así, en la Ciudad de Barcelona, además de Girona, Tarragona, Lleida, Tarrasa o los municipios de Molins de Rei, Montcada i Reixa o Alella, diversos grupos de radicales han promovido graves disturbios con una virulencia desmedida, dejando a su paso barricadas, contenedores quemados e incluso, aceras destrozadas para hacer uso de los trozos de adoquines y, posteriormente, lanzarlos contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A ello hay que agregar, la actitud deplorable de jóvenes indepes, conjurados a cerrar por la fuerza los complejos universitarios, bajo la permisividad de profesores y decanos y de los servicios de seguridad de los centros.
La reconstrucción de esta violencia que actualmente se ejecuta en las localidades mencionadas, permite no perder de vista el paralelismo con tres lapsos determinantes, que con anterioridad en el tiempo sobrevinieron en esta comunidad.
Primero, el giro en las políticas de orden público como resultado de la huelga general de 1902, pasando de un discurso de orden público a uno preventivo. Este proceder toleró el control de la acción masiva de los trabajadores, pero con el alcance no pretendido de aumentar esta violencia con pequeños núcleos de huelguistas que esquivaban la vigilancia policial.
Segundo, durante los años precedentes a la Primera Guerra Mundial, la lucha de clases tras la Semana Trágica y la radicalización del denominado sindicalismo de acción inmediata, tuvo como desenlace la aparición de huelgas con visos violentos.
Y, tercero, la oposición y el desacuerdo sindical en el Ramo del Agua y entre los encargados del textil, que causaron los primeros atentados contra empresarios y patronos, adquiriendo a mediados de 1917 un carácter persistente.
Cabe destacar, que, con la insubordinación de esta violencia en los años susodichos, se reprodujo un caldo de cultivo que, en nuestros días, es comparable con los incidentes que a posteriori habrían de venir y que hacen más visible, si cabe, las señas de identidad de los episodios recientes que se han desatado en Cataluña.
Para entender la ampliación cuantitativa y cualitativa de la vivacidad intimidatoria, es imprescindible analizar el curso en que se desenvolvió este choque. Las conmemoraciones de la Semana Trágica y conjuntamente la condena a muerte del pedagogo anarquista don Francisco Ferrer Guardia (1859-1909), según la opinión de distintas versiones, suscitaron un ambiente discordante de optimismo y desconfianza para que se instara a un alzamiento como el ocurrido.
La incertidumbre y polarización social en un momento de mayor actividad en el sindicalismo anarquista, reanimaba a las estructuras organizativas con la elaboración de la Conferencia Nacional del Trabajo. Simultáneamente, la radicalización de la violencia sindical en los litigios del metal, estuvo vinculado con la entrada de una nueva generación de integrantes, sugestionados a una fundamentación desdibujada del sindicalismo revolucionario, que aspiraba a fundir el movimiento directo con el afán violento.
Por lo tanto, era claro el espectro de un nuevo molde a la hora de hacer huelga, en que cualquier lance derivado en violencia ya no podía ser un infortunado subproducto de la lucha de clases, sino más bien, la raíz central de la maquinación sindical.
En todo caso, el Gobierno no llegó a ser lo suficientemente competente en el manejo de esta complejidad, si bien, consiguió deshacer la labor de los piquetes con un fuerte despliegue de las Fuerzas de Seguridad, se vio totalmente superado por la irrupción de atentados sociales.
Como confirman las etapas en que golpeó fuertemente el terrorismo, las autoridades no dispusieron de los instrumentos convenientes para enfrentarse a los numerosos capítulos de violencia organizada por parte de pequeños bandos. Expeditivo en la contención de la movilización de masas, el Estado estaba desguarnecido ante las innumerables acometidas de estos focos informales, por lo que la apelación a estos atentados otorgaba un vasto nivel de impunidad.
En este momento, los cuantiosos hechos vandálicos habidos en Cataluña desde que el pasado día 14 de octubre se fallase la sentencia del procés, conforme han ido transcurriendo los días se ha agigantado en la modulación de la violencia. Nada más atrayente que encender por la noche la Ciudad, para instaurar una perspectiva pirotécnica que exteriorice un símbolo en llamas como reproche radical. Evidentemente, este contexto vende a los medios de comunicación y hace más visible nacional e internacionalmente la turbulencia secesionista.
Si acaso, Barcelona parece haber rescatado lo que sobrevino hace un siglo, allá por la Semana Trágica; e indudablemente, la ‘Rosa de Fuego’ se ha redimido entre la sombra de quiénes así lo quieren. La hendidura del independentismo que aplaude las bocanadas de violencia ante un programa frustrado, se ha mostrado como nunca antes, alentando a los catalanes a varias huelgas.
Lo que se aparentemente se había iniciado por la tarde con movilizaciones pacíficas, finalmente se transformó hasta bien entrada la madrugada, en una auténtica cruzada. Una estampa apesadumbrada que ha acaparado infinidad de portadas y cientos de miles de minutos televisivos en las cadenas mundiales.
Este es el fruto de un independentismo con una Asamblea Nacional Catalana, por sus siglas, ANC, que ha vuelto a emplazar a la autodeterminación saliendo a las calles; porque, en el fondo, exhibe dos caras en una misma moneda, la de aparente tranquilidad en el Paseo de Gracia o la del desconcierto en Vía Laietana y cercanías colindantes. O, quizás, la cara tenebrosa, sea el vivo reflejo de la otra.
Y es que, el propio corazón de Barcelona se ha mutado en campo de batalla, cuando las protestas difundidas ante la Delegación del Gobierno por la ANC y Òmniun Cultural, han conducido a una guerra de guerrillas, una vez los Comités de Defensa de la República, por sus siglas, CDR, anteriormente denominados Comités de Defensa del Referéndum, se hicieron con el protagonismo de la convocatoria.
Incuestionablemente, ante la espiral turbulenta que por momentos se agigantaba, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han debido de interponerse con proporcionalidad, para contener a los manifestantes exaltados que alteraron las calles. Buen ejemplo de ello es el distrito del Ensanche, desde la Diagonal a la calle Aragón, convertida en una hoguera con más de doscientas barricadas de fuego.
Una de las zonas más latentes, la confluencia entre el Paseo de Gracia y la calle Mallorca, los agentes no tuvieron más remedio que cargar hasta en cuatro ocasiones contra los amotinados. Obviamente, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como los Mossos d’Esquadra han colaborado codo con codo, en una fotografía de ayuda recíproca que al independentismo le ha contrariado.
Análogamente, los viajeros y visitantes que ocupaban los bares y establecimientos en un área en la que se reúnen los bazares de lujo y monumentos como la Pedrera de Gaudí, no daban crédito a lo que sus ojos veían; mientras, intentaban resguardarse y marcharse lo antes posible del lugar.
En la primera línea, los antidisturbios trataban de repeler las múltiples embestidas de individuos que por doquier aparecían con prendas negras y el rostro tapado, tirando incesantemente botellas, piedras y vallas.
A su vez, en arterias como la transitada calle Aragón, el Cuerpo de Bomberos no ha tenido tregua en sus muchos desempeños, extinguiendo innumerables deflagraciones, algunas de las cuales, con llamaradas que han sobrepasado los cinco metros de altura; de fondo, se oían los gritos de los manifestantes.
Este cuadro lamentable quedaba rematado con las inmensas columnas de humareda, distinguidas desde casi cualquier término de la capital catalana; nuevamente, las ineludibles similitudes con la ‘Rosa de Fuego’, cuando en el ayer esta Ciudad era la vanguardia del movimiento anarquista.
El pulso sedicioso de esta Barcelona revolucionaria, se ha accionado con tal pujanza, que, por instantes ante los agitadores, la policía no le ha quedado más remedio que emplearse al límite de sus fuerzas para conservar sus posiciones.
Irremediablemente, en el día después, han sido más que visibles las sensaciones amargas de los allí residentes y el rastro identificativo que han dejado estas protestas, emprendidas pacíficamente, pero sin llegar a su término se han pretendido dignificar con una batalla campal. Por lo demás, el transporte público se ha visto seriamente castigado, con decenas de líneas inhabilitadas y forzosamente desviadas.
No lejos de estas evidencias, la ANC molesta de esperar que los partidos secesionistas alcancen un consenso unitario ante el veredicto del Tribunal Supremo, ha declarado no quedarse de brazos cruzados aguardando la resolución de la independencia.
De ahí, que la primera formación separatista tome la delantera para adoctrinar a sus incondicionales, ambicionando dar aliento a las movilizaciones que hay en curso; porque, en su guion respalda la urgencia de sacar tajada ante la extenuación gubernamental habida en España, hoy agudizada por la duplicidad de unas nuevas elecciones, para encaramar al Govern, al Parlament y a la población movilizada y completar la secesión.
Por si fuera poco, la ANC plantea que el Presidente de la Generalitat dictamine la divulgación de la Declaración de Independencia en el Diario Oficial de la Generalitat, amén de materializar una proclamación grandilocuente de la República catalana, arriando la bandera de España del Palau de la Generalitat y el Parlament, para interpelar el reconocimiento internacional y establecer a Cataluña en Estado.
A partir de aquí, aunque todo sea disparatado e incongruente, la ANC apura su hoja de ruta espoleando los decretos de desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la segunda de las leyes de desmembración invalidada por el Tribunal Constitucional; liberar a los encarcelados políticos y, por último, regularizar el regreso de los exiliados.
Lo que acontezca en adelante, será una vez más, una de las otras tantas páginas de la Historia de España, la que recapitule lo que aquí se relata: un desafío en toda regla con expreso desacato de las garantías que tutelan al Gobierno de España. Constatación que nos advierte de la previsible demolición de la unidad territorial y con ello, la insubordinación al orden democrático.
Cualquier determinación que menoscabe la unidad e integridad territorial de España, supone descomponer al Estado mismo y sesgar las singularidades sociales y culturales de los territorios que la acomodan.
Un empeño secesionista, que, a modo de atropello, está resuelto a minar y echar abajo la convivencia democrática y los pilares básicos, que todos hemos construido.
*Publicado en el ‘ Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta ’ el día 2/XI/2019.
Con el sucederse de los años, en concreto, casi dos décadas más tarde del conflicto de la Isla de Perejil, no entrando en profundidad de un análisis pormenorizado en la secuenciación de los hechos, pero sí, en el alcance y significado de su fundamentación, desde el siglo XVII no se había desencadenado en el Norte de África una situación de crisis diplomática de esta envergadura, con la probabilidad de un enfrentamiento armado y de una enorme repercusión para España.
Y es que, hoy por hoy, este islote se mantiene igual de abrupto que antes de la disputa.
Lo que verdaderamente se dirimió entre los días 11 y el 20 de julio del año 2002, fue algo más que un asunto de soberanía sobre un risco deshabitado de controvertible valor estratégico, que, más bien, se utilizó para regular los efectos que hubiera tenido una hipotética reacción de España, ante la pretensión alauí de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Si bien, las relaciones con el Reino de Marruecos se han atinado por diferentes rumbos, quizás, con más afectación desde 1975 que más adelante referiré, durante estos períodos han oscilado la censura y el desgaste diplomático, como la ‘Marcha Verde’ con la invasión marroquí del Sáhara español o la disyuntiva de la ‘Isla de Perejil’.
No descartándose, que existen suficientes mimbres e intereses comunes, como, del mismo modo, cuestiones que permanecen todavía estancadas y que, en un momento dado, podrían inducir a contextos como los que en este pasaje se exponen.
No me refiero exclusivamente a los enclaves españoles al otro lado del Estrecho de Gibraltar, sino, a los territorios contiguos y a las discordias históricas por el esclarecimiento de los límites fronterizos en las aguas que rodean las Islas Canarias.
En el caso concreto de la Isla de Perejil, que es la que me lleva a abordar este texto, forma parte de los denominados lugares de soberanía española. Por lo tanto, se trata de espacios que han quedado fuera de las líneas del Protectorado de Marruecos y que se aglutinan en un grupo de islas y peñones ubicados de cara a las costas de Marruecos, como las Islas Chafarinas, o los tres islotes situados en la Bahía de Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera, e indudablemente, la Isla de Perejil.
En la actualidad, este Islote con insignificante o nulo valor estratégico tanto para España como para Marruecos, adquiere un valor secundario. La demanda de la soberanía marroquí surge, en cuanto reside en las mentes quiénes parecen ver intimidado su status quo, lo que hace incontrastable que aparezcan tiranteces entre ambos estados.
Ciñéndome a la Isla de Perejil, es un promontorio con una superficie de unos 75.000 metros cuadrados, constituyendo una meseta que en algunos puntos llega a los 74 metros de altura, con poca vegetación y ausente de agua. Emplazándose entre punta Leona y punta Almansa y a unos 11 kilómetros al Oeste de Ceuta y 200 metros de las orillas de Marruecos. Su estampa es poco más o menos triangular y su lado mayor apenas mide 500 metros y el menor consigue los 300. Disponiendo de una cueva que sin obstáculo alguno puede alojar a unas doscientas personas.
En su trajinado discurrir histórico, lógicamente se subraya su españolidad, comenzando por el año 1415, cuando este trocito de tierra correspondió a Portugal y dio cobijo a pequeñas construcciones para resguardarse de las irrupciones de los piratas berberiscos, que acechaban impertérritamente esta zona y subsistían de asaltar las naves cristianas que atravesaban las aguas bajo la atenta mirada de las Columnas de Hércules.
En 1581, trasla alianza de los reinos de España y Portugal, la Ciudad de Ceuta y la Isla de Perejil pasaron a formar parte de la corona española, siguiendo en ese mismo estatus al desunirse dichos reinos, tal como se hizo constar en el Tratado suscrito el 13 de marzo de 1663, por el que España entregaba a Portugal cada una de las posesiones lusitanas, menos Ceuta, considerada como ‘plaza fuerte’ y como no, la ‘Isla de Perejil’.
A lo largo de sus reseñas se han hecho estudios militares para inspeccionar desde este mismo lugar el Estrecho, pero, en todas las ocasiones hubo de desistir a los proyectos por la complejidad en el procedimiento y coste. En 1808 con la invasión napoleónica y hasta 1813, esta Isla valió de refugio a las tropas hispanas.
En 1848 los británicos pretendieron hacerse con ella, sin conseguirlo. Con la firma del Tratado de Wad-Ras (1860), el sultán de Marruecos Muhammad ibn ’Abd al Rahman cedió a España en pleno dominio y soberanía, la totalidad del territorio encuadrado desde el mar y Sierra Bullones hasta el barranco de Anghera.
Posteriormente, se edificó un faro que dejó tener enarbolada la bandera española de manera estable. El 1 de abril de 1889, el sultán de Marruecos decidió introducir un puesto de vigía en la Isla, pero las críticas de España excluyeron este empeño.
En 1956, al consumarse el protectorado español de Marruecos, este lugar apenas adquirió protagonismo, si bien, hasta los inicios de los 60 pudo conservar un pequeño destacamento. La última referencia oficial que se constata de este enclave, nos reubica al 26 de febrero de 1986, con motivo del Estatuto de la Ciudad de Ceuta en la determinación de su área municipal, expuesto ante el Congreso de los Diputados.
Pero, ¿desde qué antecedentes o precedentes habría que remontarse para que a la postre, comenzaran a crisparse las relaciones entre España y Marruecos y, en definitiva, desembocara en esta crisis? Las primeras discrepancias surgieron con la argumentación de la pesca, porque, con la entrada del siglo XXI, se dieron por iniciados los primeros acuerdos entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.
La frustración no aguardó demasiado para que se atisbaran los distanciamientos, como línea general de estos tiempos. La falta de entendimiento animó a que la administración española se aproximase a Túnez y Argelia. No debiendo olvidar, que este último país ha sido y es el gran contendiente de Marruecos por la dominación del Magreb.
Otro fondo de confrontación gravitaría en el entresijo de la inmigración ilegal, en la que España tras endurecer las condiciones sobre esta materia, culpó al país vecino de no aplicarse adecuadamente para contrarrestar la presión de los flujos migratorios que derivaban de sus costas.
Del mismo modo, la presunta financiación española del Frente Polisario y la disconformidad por las autorizaciones de explotación petrolera que el gobierno había conferido a la multinacional energética y petroquímica ‘Repsol’ muy próxima a las Islas Canarias, inmediatamente Marruecos objetó que se encontraba en sus aguas territoriales. Estas y algunas otras más que no aparecen aquí reflejadas, serían algunas de las afrentas que tensaron la cuerda entre España y Marruecos hasta la enemistad más extrema.
Para muchos investigadores, esta indisposición debía descifrarse en clave interna del país vecino. Porque las perspectivas de cambio que había infundido la llegada al trono del Rey Mohamed VI, quedaron frustradas y los islamistas volvían con nuevos bríos al escenario de la política. Ante estas dificultades, que no eran pocas, el monarca y el régimen marroquí podrían haber sondeado la cohesión interna mediante el remedio del enemigo exterior.
El malestar diplomático no quedaría ahí, ya que el 28 de octubre de 2001 se endurecería a mayor escala, con la retirada del embajador marroquí; una actitud irreconciliable en el estilo de representación del estado. Este laberinto coronaría otro nuevo techo, ilustrado como el definitivo, cuando el 11 de julio de 2002, un grupo de doce hombres de la Gendarmería Real marroquí desembarcaron en la Isla de Perejil.
La ocupación injustificada se propuso como una manera de moderar los tráficos ilegales del sector, en un islote que Marruecos aseguraba con convicción, le correspondía desde su Independencia política, allá por el año 1956.
Inicialmente, la inquietud española fue contenida y lejana de cualquier índole de demostración militar, toda vez, que se puso en conocimiento de la UE y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Desde este preciso instante, por activa y por pasiva los representantes alauís, sin documento acreditativo que demostrara su soberanía y que de hecho jamás había existido, no daban el brazo a torcer que la Isla le pertenecía como cualquiera de las que se atinaban en sus aguas. Conjuntamente, Marruecos se amparaba en que España no podía hacer ostensible un solo tratado que se consignara en la historia contemporánea y que hiciera alusión a la soberanía.
Era indiscutible, que el recado de Marruecos se tornó en una artimaña estridente que revelara la vulnerabilidad de la presencia española en la demarcación, pero, al mismo tiempo, deliberada y celosamente definida en medios y alcance.
España, de inmediato solicitó la retirada de la gendarmería y el retorno a la fórmula diplomática ‘in status quo’. Pero, el silencio prolongado de Marruecos, auspició que el gobierno español tanteara una infundada respuesta militar. Ya, con anterioridad, había tenido el respaldo de la UE, que horas antes se había pronunciado con un duro comunicado; mientras, la OTAN consideró este asunto como puramente bilateral y la Comisión Europea expresó su gran preocupación.
A pesar de ello, Marruecos continuaba firme en su osadía de no retirar las tropas por entender, que esta iniciativa se encuadraba en la actuación de soberanía legítima sobre su territorio nacional. Según las amplias fuentes examinadas, la medida de comisionar gendarmes a la Isla de Perejil sin haberlo tratado con su gobierno ni aliados más cercanos, como EEUU y Francia, había partido únicamente del Rey.
Evidentemente, el reino alauí se había incrustado en un terreno bastante peliagudo del que era dificultoso salir invicto, aunque, se advierten algunos amagos por entablar si acaso, alguna conversación que promoviese el entendimiento. Lo cierto es, que el día 16 de julio, Marruecos reemplaza el frente de gendarmes por otros pertenecientes a la infantería de marina, lo que entraña un rearme en las desavenencias.
En esta misma fecha, España comienza a mover fichas intensificando y fortaleciendo las plazas de Ceuta y Melilla e incrementa varias unidades de la Armada, además, de emplazar a consultas al embajador español en Rabat. Todo ello, a pesar de concederse a Marruecos un ultimátum que se agotaría en la madrugada del miércoles 17 de julio y en el que el gobierno rechazaba acometer cualquier intento de combate.
Con total exactitud y medición en lo que estaría por llegar, a las 06:17 horas del día indicado, un comando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, se desplazó en helicópteros al islote, capturando a los militares marroquíes que fueron devueltos a las autoridades de Marruecos e izándose la bandera de España.
Acababa de librarse el primer conflicto armado del siglo XXI denominado ‘Romeo Sierra’, con el que ni tan siquiera se llegó a realizar un solo disparo; neutralizándose a los seis gendarmes que no opusieron la menor resistencia, ante la absoluta superioridad de las fuerzas contendientes.
Una interposición de diferentes calibres entre políticos y militares, que se realizó para quebrar la inhibición de cada ejército y activar de manera irreprochable y ordenada, una acción fulminante y efectiva que enmendó el lance y que otorgó una salida honrosa a Marruecos.
A última hora, las trabas habidas entre Madrid y Rabat forzaron a intervenir a EEUU, a petición marroquí con la figura del secretario de Estado Colin L. Powell, quien actuó de mediador en un acuerdo por momentos infructuoso y por el que la Isla de Perejil recuperaba su statu quo anterior.
Ahora, el viejo continente respiraba con un tono más calmado en aquellas horas tensas de la noche del sábado, cuando ambos países declararon dejar saldado el escollo, en que el islote no era propiedad de nadie y sin que ninguno de los dos países hiciese alarde de su soberanía.
No quedaba duda, que se había originado un serio conflicto entre un estado de la UE y otro coligado a la Unión había sido desactivado por la primera potencia mundial; entre tanto, Europa se mostraba dividida ante el requerimiento de uno de sus socios al sentirse seriamente ofendido. Quedando una herida abierta hasta nuestros días, en un país como Marruecos, indispensable para los europeos.
Pasados diecisiete años de este episodio, ¿qué ha quedado enmascarado desde entonces y con qué visión podría entreverse? Si la ocupación se interpretara como una intimidación política, bien es consabido, que se apela a la fuerza para ganar réditos y efectos políticos en la esfera internacional. De ratificarse esta tesis, España estaría batiéndose contra una situación asimétrica, una maniobra militar específica en todos sus aspectos, porque se busca explorar las proposiciones diplomáticas adscritas al Sáhara y un vuelco manifiesto de la política exterior española.
La preeminencia de la ocupación no estaría en este caso reñida con la Isla de Perejil, sino, más bien, en el caso de una ocasional usurpación de cuales cualquiera de los territorios españoles habitados y no habitados permanentemente frente a Marruecos.
El resquicio de un accesible teatro operacional afín al actual, interpelaría a las autoridades españolas a una reacción políticamente difícil de fundamentar, financieramente gravosa y casi improbable de soportar en su diseño militar.
Del desarrollo y naturaleza de este entorno se emanan visiblemente los riesgos, fundamentalmente, para su ejecutante. Marruecos debía enjuiciar que la posición de España sobre el Sáhara era muy frágil y que no tenía seguridad en las decisiones; supuestos, más que debatibles.
Consecuentemente, España estaría topándose ante una dificultad añadida de apreciaciones equívocas, pero, no por ello, sin derivar en serios desenlaces. Posiblemente, Marruecos no sopesaría aplicar una línea de repliegue y se sentiría sorprendida ante una desaprobación española.
Porque, una salida pactada sería comparable a un fracaso.
Otra cuestión yacería en catalogar la táctica adoptada como una coartada, en la que la invasión marroquí no fuera más que una de las piezas de este puzle de intereses geopolíticos o pasados históricos, enfocadas a presionar en las relaciones con España.
De hecho, en este tablero se interpretan dos posibles opciones: Primero, Marruecos podría monopolizar la Isla como una crisis, de cuyo desenlace dejaría muy reducida la capacidad de reacción española ante otras peticiones reivindicativas, tomándose como ejemplo desde las Chafarinas a Ceuta y Melilla; segundo, la búsqueda de una sobrereacción española ante la ocupación que dejara en reprobación el porte español en los contenciosos con Marruecos y que hiciera perder la legitimidad a España en las relaciones internacionales.
En el fondo de este entramado, Marruecos estaría favoreciendo una reacción tipo colonialista, con la ambición de diseminar a nivel mundial el punto de vista de una España como potencia colonial fuera de tono. La trampa radicaría en meter a este país en una intervención militar que se intuyera como desmedida, lo que, tratándose de una Isla sin habitar desde hace tiempo como Perejil, no debe ser difícil de lograr para unos ejércitos modernos que tienen poco que envidiar del de otros aliados.
Un escalón más alto, si cabe, muy similar a las anteriores circunstancias desde la óptica del realismo y de peores pronósticos para España, se asemejaría a un panorama marroquí en el que la ocupación de la Isla de Perejil, estuviese comprendido en un movimiento predestinado a restaurar por la fuerza la soberanía de Marruecos en las posesiones españolas.
Si España claudicara ante esta ocupación, dejaría allanado el camino para alcanzado el momento más favorable para Marruecos, incidir nuevamente con la misma estrategia en algunos de los territorios ya citados. Por otro lado, si el gobierno español se mantiene firme, daría visibilidad a la voluntad marroquí de perturbar el statu quo y a largo plazo alterar el mapa político.
Finalmente, de confirmarse estas expectativas, la elección más acertada es poner todos los medios para regresar al estado anterior. Pero, no tanto, porque se haya trastornado este por la fuerza, sino porque de no lograrlo, se abre un camino incierto e indeterminado para nuestra disposición en el Norte de África.
Hoy, este emblemático enclave de la Isla de Perejil, satisfecho de escondites y guaridas que es casi desconocido para la amplia mayoría de las personas, se debate entre ser o no ser ante dos actores que un día discreparon por el derecho a poseerlo y colocar sus respectivas banderas; un lugar sin ley, en el que el trasiego de estupefacientes es constante y donde los narcotraficantes lo aprovechan como trampolín para que el hachís dé el salto imperativo al continente europeo.
*Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta ’ el día 19/VII/2019.
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