En la ‘Plaza Roja’ de un barrio símbolo del obrerismo, una batalla campal de odio y adoquines ha sido el primer acto de unas primarias inevitables y aperitivo de lo que queda por ver. El choque de derechas vs izquierdas será la meta volante diaria del tour electoral.
La violencia ha reaparecido con ímpetu renovado desde el desmantelamiento de la banda terrorista. El regreso de sucedáneos de la kale borroka y emanaciones del procés, evidencian que la impiedad ha vuelto a enseñorearse de la vida política española, con una intimidación inadmisible.
Lo acreditan las agresiones de radicales de ultraizquierda y separatistas irredentos a partidos constitucionalistas y agentes de policía, en las últimas contiendas electorales (País Vasco, Navarra, Cataluña y, en vísperas, Madrid).
En estos casos, la violencia de baja intensidad se ha cebado con un partido que acata las leyes, respeta la Constitución y el sistema democrático y ha sido votado por 3.604.000 ciudadanos en las últimas elecciones generales, lo que le convierte en la tercera fuerza parlamentaria en número de escaños (52).
Se cuestiona el ejercicio de derechos fundamentales, reconocidos a candidatos y electores en la Constitución (libertad política, de expresión y derecho de reunión), para decidir donde exponer sus ideas políticas. Por cierto ¿cuándo se estableció la relación entre geografía e ideología?
Un balance de las agresiones a agentes locales, autonómicos –ertzaintza, mossos– y nacionales, arroja cifras inclinadas. En el último, Vallecas, de los 34 heridos, 20 de ellos fueron policías.
Con el sonsonete de críticas al modelo policial y al ejercicio legítimo de la violencia por parte de quien tiene el monopolio democrático de su empleo; a la hora de tratar de justificar la violencia contra el adversario, se invoca la amenaza de una presunta ultraderecha violenta y fascista, que debería ser ilegalizada.
Mientras tanto, el autodenominado antifascismo se ha convertido en algo socialmente admitido. Lo cual no deja de ser una anomalía democrática, al darse carta de naturaleza política al acoso, sin sospechar que acaba volviéndose contra quien la otorga.
Con preguntas obligadas: ¿Hay algo más fascista que ejercer la violencia contra el disidente político? Se impone, en consecuencia, desenmascarar a quienes han defendido, apoyado, alentado, blanqueado o justificado el linchamiento social de los discrepantes.
También a quienes toleran, consienten y permiten que los socios de Gobierno campen a sus anchas, en esa labor de acoso y agresión al adversario político.
¿Quién importó el escrache, esa figura definida como ‘jarabe democrático’, para aplicarlo en nuestro país contra políticos de la oposición democrática?
Quien acostumbra a definir lo que es una provocación es el supuesto provocado, el mismo que propugna el antagonismo radical y cuya tolerancia suele rondar la temperatura más baja posible, el cero absoluto.
Los ataques a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden quedar impunes. Quienes han perpetrado la violencia, deben ser identificados y puestos a disposición judicial, con un castigo disuasorio. En España, un delito de atentado conlleva penas de entre uno y cuatro años de cárcel.
Exigencia para los demócratas
El lenguaje (‘pijos’, ‘agresiones pacificas’, ‘no caer en la provocación’) y las técnicas utilizadas por los antis entrañan una exigencia para los demócratas, como es que la inteligencia y la ironía no son compatibles con el error de retar a los que buscan cortar el cupón de la violencia televisa- da.
Aunque la sobreactuación temeraria del agredido no evita la conde- na de los partidos que defienden los principios constitucionales, viene a cuento una de las frases más cínicas de la historia, atribuida a Fouché, ministro de la policía en Francia: “Es peor que un crimen, es un error”.
Lo positivo de esta primera meta volante es que pudiera servir para ilustrar lo que nos espera (intimidación, intolerancia, revancha), con fanáticos en la sala de mandos.
Un ataque a la democracia, con violencia y motivación política, debe ser neutralizado con contundencia; tanto por la Policía, a la hora de garantizar la seguridad de los asistentes a cualquier acto político; como por los jueces, imponiendo duras sanciones a los detenidos por los altercados; y por la clase política, condenando las manifestaciones a favor de los violentos.
España no puede ser un país en el que se llame antifascista al antisistema que tira piedras y fascista a quien las recibe. Defender una idea no es fascismo. El fascismo no es de derechas ni de izquierdas, es una actitud convertida en palabra, que ha desvirtuado la izquierda para aglutinar a todo aquel que considera su enemigo.
Ningún tipo de violencia está justificado porque ataca el principio básico de la convivencia democrática. Vallecas fue un violento ataque frontal contra libertades fundamentales. Acaso, ¿con la complicidad de quien puede tener interés en la confrontación?
Ya lo decía Buñuel: “Algaradas, quemas, manifas y demás forman parte del paisaje, uso y costumbre…”
