Los límites a la libertad de expresión no debería decidirlos una empresa privada
La exclusión del hombre más poderoso del mundo de las redes sociales, tras su intento baldío de anular, sin pruebas, el resultado electoral, no deja de ser una declaración política sin precedentes en la historia de los EEUU. Decidir quién tiene derecho a hablar, prohibiendo hacerlo, marca un sombrío precedente, en la medida en que ni el sistema jurídico ni el judicial han aplicado una medida susceptible de evitar la insurrección incitada por el presidente.
El ajuste de cuentas, coincidiendo con el asedio al Capitolio, lo inició Twitter, al suspender durante 12 horas su cuenta, cancelándola más tarde. Siguió Facebook, que cerró indefinidamente las cuentas para prevenir «una mayor incitación a la violencia», y Youtube optó por la congelación durante siete días. Esa respuesta coral mostró los reflejos de la industria tecnológica, empresas privadas sin responsabilidad potencial ni compensación alguna, acomodadas al modelo de negocio de la economía de plataforma, sin regulación, consistente en atizar la controversia, sin importar que los mensajes sean falaces o incendiarios.
Lo que puede equivaler a una censura privada de naturaleza política o ideológica, que va más allá de actuar contra material legalmente procesable (difamación, amenazas de violencia, pornografía infantil y similares).
Quienes han acumulado tanto poder, pasando de puntillas por el campo minado de la reciente campaña presidencial, son los que han ajustado cuentas con un presidente que, valiéndose de un uso enfermizo y eficaz de las redes sociales –88 millones de seguidores en Twitter– explotó una línea de populismo nativista para mantenerse en el poder. Al ser capaces de silenciar voces omnipotentes de la política, dieron visibilidad a su propia prominencia y contribuyeron a plantear cuestiones relativas al difícil equilibrio entre libertad de expresión y seguridad pública.
La democracia administrada significa que en EEUU uno puede decir lo que quiera, siempre que las plataformas privadas, que no están obligadas a ofrecer sus servicios a una persona en particular, no discrepen de lo que dijo. De modo que a falta de regulación, la denegación de acceso entra dentro de sus derechos.
Pero una sociedad políticamente censurada no es una sociedad libre, ni una democracia que funcione correctamente. Esto significa que si, en el futuro, algún Gobierno decidiese cerrar una plataforma, no cabe esperar una sola protesta, ya que no tiene implicaciones para la libertad de expresión. Como ese cartel que ponen en los bares: «reservado el derecho de admisión», cuando el dueño no quiere que un gamberro borracho le destroce el chiringuito.
Las redes sociales, convertidas en la principal forma de comunicación en nuestra sociedad, quieren tener las manos libres para decidir lo que se publica, pero no admiten responsabilidad alguna por los contenidos.
Esto plantea una crisis de legitimidad. Cinco oligarcas, que caben en un taxi, se bastan y se sobran para bloquear a cualquiera en internet, al poder decidir arbitrariamente quién puede acceder y qué se le permite decir. Lo que infiere una pregunta inevitable: ¿habrían actuado así los oligarcas, si no sintieran la presión del Gobierno entrante para parar los pies a la oposición?
Las ‘big tech’, con poder y poca responsabilidad, han aprovechado el vacío regulatorio para bloquear a Trump
La aversión a la regulación de internet que nos ha traído hasta aquí podría llegar a suponer el principio del fin para las big tech que, con mucho poder e influencia en la sociedad y la política y poca responsabilidad y transparencia, se han aprovechado del vacío regulatorio y atrevido a prohibir el acceso a un presidente elegido democráticamente.
Twitter tomó la decisión correcta, pero los límites de la libertad de expresión deberían ser decididos democráticamente, no por el CEO de una empresa privada, quien al explicar la decisión tomada «para hacer frente a una circunstancia, extraordinaria e insostenible, que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública», mostró un leve arrepentimiento: «El bloqueo a políticos poderosos sienta un precedente que considero peligroso: el poder que un individuo o una corporación tiene sobre una parte de la conversación pública mundial».
El hecho de que al usuario, convertido en editor, cada vez le guste menos que se usen sus datos para hacer negocio tiene como efecto neto el endurecimiento y la polarización del debate público. Será interesante atestar la reticencia de los gigantes de la tecnología a actuar como editores, cuando se avecinen demandas y ver lo que ocurre si, como condición para publicar, hubiera que salir del anonimato y revelar la verdadera identidad.
A través de algoritmos (diseño de programas, a la medida, para que encajen con las preferencias del usuario) no siempre justos ni equitativos, que alimentan la adicción a vivir una realidad alternativa, la moderación selectiva que cultivan las tecnológicas revela su falta de voluntad en hacer responsables de su contenido a los autores de los mensajes.
Este efecto narcótico, que aviva emociones y refuerza creencias preexistentes para huir de la realidad, constituye el núcleo de su modelo de negocio: hacer cautivos a los usuarios, sin códigos éticos ni objeción de conciencia, con el objetivo claro de ganar dinero.
La inoportuna ley de Educación, la defensa del castellano y las cesiones del Gobierno
Sucesivas oleadas de la pandemia e incesantes cesiones para sacar adelante los Presupuestos del Estado que mantienen al ciudadano atrapado en una perplejidad, solo aliviada por la inminencia de perentorias vacunas y fondos europeos, aunque recelosa ante renuncias de soberanía a formaciones que no están por la unidad de la nación.
La crisis sanitaria, con secuelas de sufrimiento y muerte, ha servido para estrenar nuevas pautas de conducta (social, laboral, familiar), en tanto que circunstancias excepcionales (estado de alarma, confinamientos) han reverdecido prácticas durmientes en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.PUBLICIDAD
Los datos disponibles, para un balance provisional sobre el manejo y efecto de la calamidad, colocan a España como uno de los países con más fallecimientos y contagios, agravado por la exigua empatía entre políticos, regiones, protocolos y otras bagatelas (como el tamaño de las cenas navideñas). Sobre la naturaleza y alcance de los daños sociales y económicos resulta prematuro anticipar conclusiones, aunque algunos signos empiecen a sentirse.
Lo que no admite dudas es la conjunción de evidencias que, sin tregua y en forma de lluvia fina, van calando en el ánimo del español, perplejo ante el desafío al statu quo de los años más fértiles de nuestra larga historia.
En el caso del coronavirus, esa amalgama de duda, inseguridad y confusión se hace carne, al aparecer señales excéntricas en la gestión de una magna crisis: discrepancia sobre cifras reales de muertos; inexistencia de un comité de expertos, anunciado y posteriormente desmentido; incomparecencia del Ejecutivo en escenarios ominosos, como hospitales, residencias y morgues.
La lluvia fina, que va despertando la atonía del espeso silencio, tiene que ver con una sucesión de hechos que sorprenden por sus protagonistas, tiempos y porqués. Con lo que el español no contaba era con asistir, en este tiempo calamitoso, al cambio del sistema educativo, porque si hay un momento en que no hay que hacer ninguna reforma en la educación, es este.
En las últimas cuatro décadas, las leyes educativas han cambiado cada cinco años. La octava y la que más fractura política y social ha causado en la historia de la democracia, se ha tramitado a puerta cerrada por el procedimiento de urgencia
Entonces, ¿qué ha activado que la lengua vuelva a ser factor de conflicto en el sistema educativo? La necesidad de aprobar las cuentas públicas, para dar continuidad a la legislatura y evitar la enésima prórroga de los anteriores o la convocatoria de elecciones.
En las últimas cuatro décadas, las leyes educativas han cambiado cada cinco años. La octava, que afecta a 8,2 millones de alumnos y la que más fractura política y social ha causado en la historia de la democracia, se ha tramitado a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, por el procedimiento de urgencia, a pesar de tratarse de una ley orgánica.
Ocasión propicia para aceptar una enmienda con marchamo independentista, pactada a todo meter, tendente a eliminar del texto la mención al castellano como lengua oficial del Estado y retirar al español la condición de lengua vehicular en la enseñanza.
A una de las facciones del cisma indepe (aspirante al reconocimiento del catalán como la única lengua oficial de Cataluña) le supo a poco lo conseguido por la parte republicana, que replicó a las críticas defendiendo el blindaje de la que será lengua oficial de la futura república catalana.
Ley ideológica; que salió adelante con unos escuálidos 177 votos a favor, gracias a la tenacidad de quienes imponen sus conveniencias y a los que hay que felicitar por salirse con la suya; que no cuenta con la opinión de la comunidad educativa; carece del informe del Consejo de Estado (no preceptivo, pero sí recomendable cuando se trata de derechos fundamentales) e incumple una de las recomendaciones específicas de la Comisión y el Consejo europeos: consenso político y social, amplio y duradero, en torno a las reformas.
Merlo
Una cesión política, en toda regla, por quien está obligado a defender la enseñanza en español en todo el territorio nacional y que, en la práctica, supone renunciar a que la Generalitat cumpla con la obligación de que un 25% de las clases se den en castellano.
La debilidad congénita de los 135, la falta de reflejos de unos y la necesidad imperiosa de seguir en el machito de otros, han llevado al Ejecutivo a justificar el atropello, con una idea peregrina, no tiene que ver con aprobar los Presupuestos sino con asegurar que todos los alumnos aprendan por igual el español y el catalán. Avergonzarse de confesar los motivos reales coloca a uno en posición entre absurda y divertida.
Lo que no podemos dejar de reconocer es haber cosechado otro récord mundial, al convertirse España en el único país del planeta en el que la lengua oficial no es aquella en la que se desarrollan los programas educativos; sin perjuicio de que se respete y fomente el uso de otras lenguas propias de determinados territorios.
La perplejidad, urgida por quienes saben lo que quieren, atizados por una élite que tiene el “procés” como modus vivendi y sostiene que Madrid es un “paraíso fiscal”, con el objetivo de “freír a impuestos” a los madrileños (sin mossos ni embajadas) en lugar de bajarlos en Cataluña. Para el alcalde de la capital: “Es indecente pactar un presupuesto contra una región de España”. Para la combativa inquilina de la Puerta del Sol: “Será una pesadilla para quien intente tocar el bolsillo de los madrileños para pagar las corruptelas del independentismo».
Se avista el mirífico espectáculo de quien no tiene empacho en ceder lo que sea, con tal de mantenerse en el poder
Parapetado tras el gandulismo de un intrépido y sonoro minorista, el Gobierno ha aceptado acometer esta reforma y retirar el último control reforzado sobre los gastos del gobierno catalán, vigente desde 2015, para evitar la financiación de operaciones secesionistas ilegales. Y, de paso, en la rifa presupuestaria para complacer al bloque de la investidura, el artífice del aglutinamiento que ha logrado apear a Ciudadanos del insólito cortejo, ha anunciado un decreto para prohibir los desahucios mientras dure el estado de alarma.
Ya de madrugada, el gobierno de coalición tiró la casa por la ventana, compeliendo al Tercio Viejo de Sicilia n°67 (fundado por Carlos I de España en el siglo XVI, ahora regimiento de infantería, que alberga la mayor base de escuchas y análisis del CNI del norte de España, a ahuecar el ala, cumpliendo así con una reclamación histórica: echar al Ejército de Loyola. Y de paso, facilitar la expansión urbanística de La Bella Easo. Sirimiri para complacer a nacionalistas vascos que, durante los dos meses de negociación presupuestaria, han registrado la autorización de 47 traslados de presos por delitos de terrorismo, el 40% de los 115 efectuados, desde que, en 2018, la moción de censura supuso el relevo en la Moncloa.
Seguirá lloviendo, pero callar es hacerse, en gran medida, cómplice de procesos y derivas históricas complejas de revertir.
De ahí nace esa perplejidad, genuina y paciente, de tantos ciudadanos que preferirían que se deje de malgastar sus impuestos en chiringuitos patrióticos y subvenciones propagandísticas, indiscutible dumping fiscal, mientras se avista el mirífico espectáculo de quien no tiene empacho en ceder lo que sea, con tal de mantenerse en el poder.
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