El español perplejo
La inoportuna ley de Educación, la defensa del castellano y las cesiones del Gobierno
Sucesivas oleadas de la pandemia e incesantes cesiones para sacar adelante los Presupuestos del Estado que mantienen al ciudadano atrapado en una perplejidad, solo aliviada por la inminencia de perentorias vacunas y fondos europeos, aunque recelosa ante renuncias de soberanía a formaciones que no están por la unidad de la nación.
La crisis sanitaria, con secuelas de sufrimiento y muerte, ha servido para estrenar nuevas pautas de conducta (social, laboral, familiar), en tanto que circunstancias excepcionales (estado de alarma, confinamientos) han reverdecido prácticas durmientes en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.PUBLICIDAD
Los datos disponibles, para un balance provisional sobre el manejo y efecto de la calamidad, colocan a España como uno de los países con más fallecimientos y contagios, agravado por la exigua empatía entre políticos, regiones, protocolos y otras bagatelas (como el tamaño de las cenas navideñas). Sobre la naturaleza y alcance de los daños sociales y económicos resulta prematuro anticipar conclusiones, aunque algunos signos empiecen a sentirse.
Lo que no admite dudas es la conjunción de evidencias que, sin tregua y en forma de lluvia fina, van calando en el ánimo del español, perplejo ante el desafío al statu quo de los años más fértiles de nuestra larga historia.
En el caso del coronavirus, esa amalgama de duda, inseguridad y confusión se hace carne, al aparecer señales excéntricas en la gestión de una magna crisis: discrepancia sobre cifras reales de muertos; inexistencia de un comité de expertos, anunciado y posteriormente desmentido; incomparecencia del Ejecutivo en escenarios ominosos, como hospitales, residencias y morgues.
La lluvia fina, que va despertando la atonía del espeso silencio, tiene que ver con una sucesión de hechos que sorprenden por sus protagonistas, tiempos y porqués. Con lo que el español no contaba era con asistir, en este tiempo calamitoso, al cambio del sistema educativo, porque si hay un momento en que no hay que hacer ninguna reforma en la educación, es este.
En las últimas cuatro décadas, las leyes educativas han cambiado cada cinco años. La octava y la que más fractura política y social ha causado en la historia de la democracia, se ha tramitado a puerta cerrada por el procedimiento de urgencia
Entonces, ¿qué ha activado que la lengua vuelva a ser factor de conflicto en el sistema educativo? La necesidad de aprobar las cuentas públicas, para dar continuidad a la legislatura y evitar la enésima prórroga de los anteriores o la convocatoria de elecciones.
En las últimas cuatro décadas, las leyes educativas han cambiado cada cinco años. La octava, que afecta a 8,2 millones de alumnos y la que más fractura política y social ha causado en la historia de la democracia, se ha tramitado a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, por el procedimiento de urgencia, a pesar de tratarse de una ley orgánica.
Ocasión propicia para aceptar una enmienda con marchamo independentista, pactada a todo meter, tendente a eliminar del texto la mención al castellano como lengua oficial del Estado y retirar al español la condición de lengua vehicular en la enseñanza.
A una de las facciones del cisma indepe (aspirante al reconocimiento del catalán como la única lengua oficial de Cataluña) le supo a poco lo conseguido por la parte republicana, que replicó a las críticas defendiendo el blindaje de la que será lengua oficial de la futura república catalana.
Ley ideológica; que salió adelante con unos escuálidos 177 votos a favor, gracias a la tenacidad de quienes imponen sus conveniencias y a los que hay que felicitar por salirse con la suya; que no cuenta con la opinión de la comunidad educativa; carece del informe del Consejo de Estado (no preceptivo, pero sí recomendable cuando se trata de derechos fundamentales) e incumple una de las recomendaciones específicas de la Comisión y el Consejo europeos: consenso político y social, amplio y duradero, en torno a las reformas.
Una cesión política, en toda regla, por quien está obligado a defender la enseñanza en español en todo el territorio nacional y que, en la práctica, supone renunciar a que la Generalitat cumpla con la obligación de que un 25% de las clases se den en castellano.
La debilidad congénita de los 135, la falta de reflejos de unos y la necesidad imperiosa de seguir en el machito de otros, han llevado al Ejecutivo a justificar el atropello, con una idea peregrina, no tiene que ver con aprobar los Presupuestos sino con asegurar que todos los alumnos aprendan por igual el español y el catalán. Avergonzarse de confesar los motivos reales coloca a uno en posición entre absurda y divertida.
Lo que no podemos dejar de reconocer es haber cosechado otro récord mundial, al convertirse España en el único país del planeta en el que la lengua oficial no es aquella en la que se desarrollan los programas educativos; sin perjuicio de que se respete y fomente el uso de otras lenguas propias de determinados territorios.
La perplejidad, urgida por quienes saben lo que quieren, atizados por una élite que tiene el “procés” como modus vivendi y sostiene que Madrid es un “paraíso fiscal”, con el objetivo de “freír a impuestos” a los madrileños (sin mossos ni embajadas) en lugar de bajarlos en Cataluña. Para el alcalde de la capital: “Es indecente pactar un presupuesto contra una región de España”. Para la combativa inquilina de la Puerta del Sol: “Será una pesadilla para quien intente tocar el bolsillo de los madrileños para pagar las corruptelas del independentismo».
Se avista el mirífico espectáculo de quien no tiene empacho en ceder lo que sea, con tal de mantenerse en el poder
Parapetado tras el gandulismo de un intrépido y sonoro minorista, el Gobierno ha aceptado acometer esta reforma y retirar el último control reforzado sobre los gastos del gobierno catalán, vigente desde 2015, para evitar la financiación de operaciones secesionistas ilegales. Y, de paso, en la rifa presupuestaria para complacer al bloque de la investidura, el artífice del aglutinamiento que ha logrado apear a Ciudadanos del insólito cortejo, ha anunciado un decreto para prohibir los desahucios mientras dure el estado de alarma.
Ya de madrugada, el gobierno de coalición tiró la casa por la ventana, compeliendo al Tercio Viejo de Sicilia n°67 (fundado por Carlos I de España en el siglo XVI, ahora regimiento de infantería, que alberga la mayor base de escuchas y análisis del CNI del norte de España, a ahuecar el ala, cumpliendo así con una reclamación histórica: echar al Ejército de Loyola. Y de paso, facilitar la expansión urbanística de La Bella Easo. Sirimiri para complacer a nacionalistas vascos que, durante los dos meses de negociación presupuestaria, han registrado la autorización de 47 traslados de presos por delitos de terrorismo, el 40% de los 115 efectuados, desde que, en 2018, la moción de censura supuso el relevo en la Moncloa.
Seguirá lloviendo, pero callar es hacerse, en gran medida, cómplice de procesos y derivas históricas complejas de revertir.
De ahí nace esa perplejidad, genuina y paciente, de tantos ciudadanos que preferirían que se deje de malgastar sus impuestos en chiringuitos patrióticos y subvenciones propagandísticas, indiscutible dumping fiscal, mientras se avista el mirífico espectáculo de quien no tiene empacho en ceder lo que sea, con tal de mantenerse en el poder.
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