Cuando en diciembre de 1978 los españoles refrendaron la Constitución, dieron el visto bueno a un pasaje legítimo, pero, sobre todo, aseguraron la bienvenida a un viejo empeño: El de una democracia íntegra y persistente, en cuya Ley Fundamental las fuerzas políticas y territorios iban a contribuir; pero, no iban a ser menos los españoles para que se sintieran protagonistas. El alcance del referéndum, así lo confirmó.
Era para menos, ¡por fin nos proyectábamos a ser como algunos de los estados más respetados de nuestro entorno!, aquellos que sencillamente contemplábamos durante los años tenebrosos de dictadura. Desde aquel entonces, la Constitución se ha ganado con creces nuestra admiración.
Actualmente, nos hemos convertido en una de las naciones centrales de la Unión Europea, adhiriéndonos en 1986 con talente ejemplar y comprendiendo que el devenir de España se plasmaría en la cimentación política del viejo continente. Porque, con este texto constitutivo, entre otros avances, la renta se amplificaría; una cuestión que ha permitido modernizar el territorio, confiriéndole un Estado de bienestar, aunque todavía incompleto, pero algo que tiempo atrás parecía imposible.
Y es que, el escenario en que se convino la Constitución era realmente angustioso: La crisis del petróleo del 73 había arribado en España, si bien, con algo de demora, pero de forma severa; por doquier, la inquietud social se estrechaba por la agitación producida tras el desenlace del régimen de Franco.
Mismamente, tanto la inflación como los tipos de interés y el desempleo se fueron disparando, apremiando a la firma en 1977 de uno de los acuerdos más importantes de la Transición: los Pactos de la Moncloa. Un ejercicio de positivismo que lubricaría los vínculos para el consecuente gran Pacto Constitucional de 1978.
A las dificultades económicas y sociales se añadieron los efectos desencadenantes de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna, más conocida como ETA, que ese mismo año asesinó a 64 personas; ocasión, que diversos grupos de afectados del régimen anterior, se valieron para solicitar la mediación del Ejército o el seguimiento de los partidarios políticos inclinados al restablecimiento de la paz y de los valores democráticos. Especialmente cruento fue el día 24 de febrero de 1977, cuando se asesinaron a cinco abogados laboralistas en la calle Atocha de la capital de España.
No cabía duda, que la democracia pendía de un hilo, porque en cada uno de estos instantes se puso a prueba la disposición de la ciudadanía por reivindicarla. Posiblemente, el ímpetu de la calle, sería primordial para que los dirigentes políticos vislumbraran el instante histórico y estuviesen a la altura de las circunstancias.
En aquellos inexorables años y meses delirantes, existieron imposiciones de todo tipo, no faltando justificaciones en las que cualquiera podía evadirse para renunciar a la unanimidad del consenso democrático.
Sorprendentemente, predominó el diálogo que tanto se demandó, pero, sobre todo, la altura de miras.
Hoy, en pleno siglo XXI, poseemos una de las Constituciones democráticas más evolucionadas, gracias a la personalidad desenvuelta y gran generosidad de una sociedad cansada de discordias y divisiones. Por lo tanto, con la plasmación del texto jurídico supremo, ni la conquista estaba garantizada, ni tampoco eran evidentes los derroteros que se tomarían; lo que hace aún más excepcional su singladura durante estos tiempos transitados. De ahí, que tengamos muchísimos motivos para congratularnos en el Aniversario de la Constitución y confiar plenamente en su vigencia.
Queramos o no queramos reconocerlo, el progreso ha sido extraordinario desde la entrada en vigor de la Carta Magna. Habiendo sido esencial en la estimación colectiva y en el lugar que hemos adquirido en la aldea global, porque la plasmación constitucional en la Historia de España, nos ha llevado a la recuperación de la convivencia y del diálogo entre todos.
Así, desde de las ideas y propuestas con sentimientos de pertenencia a la diversidad y originalidad de los espacios que la satisfacen, uno de los grandes desafíos de la modernidad española pasaba por dotarnos de un marco constitucional estable, aceptado y construido por todas y todos.
El siglo XIX, con su serie de constituciones de parte que permutaron con las alternativas electorales y la tradición secular de golpes de Estado, a todas luces imposibilitaron alcanzar la estabilidad con la que otros estados tras los levantamientos industriales, ya habían cuajado.
Tal vez, con la Constitución de 1978 no llegásemos a tiempo, pero, finalmente lo conseguimos y cuarenta y un años después, hemos edificado un Estado social y democrático de Derecho que otras gentes han necesitado dos siglos en despuntar y posteriormente, fortalecer.
El credencial inviolable que por antonomasia tenemos a nuestra disposición, forma parte de uno de los pocos proyectos de la historia reciente de España objetivamente compartido; inexcusablemente ese y no otro, es el auténtico espíritu al que nos arrastra la Constitución.
Con esta Ley Fundamental nos posicionamos en una realidad incuestionable: que en las complejidades de este gran país, ambicionamos poner en práctica los valores superiores del ordenamiento jurídico como la libertad, la justicia o la igualdad, para superar las contrariedades que hoy por hoy, parecen insalvables.
Con estos mimbres de la historia político-constitucional, nos aproximamos a la Norma máxima del ordenamiento jurídico español, que representa como ninguna otra, el punto de encuentro entre la ciudadanía y las regiones que la acomodan.
Para valorar en su justa medida el instrumento de la convivencia democrática, cual es, la Ley Fundamental que nos hemos dado, es preciso incidir en los valores que en política no es una cuestión del pasado, sino un itinerario continuado, donde las urnas es el único veredicto válido y los electores la última palabra. En definitiva, lo que nos induce a conseguir un propósito común, por el que cada individuo en su ámbito privado y público promueve con su accionar un determinado destino.
Los valores nos conducen a una base firme de principios y son el calibre entre lo que presuponemos, precisamos y ejecutamos. Todo lo que iniciamos gira en torno a cómo honramos y concebimos dichos valores, aunque por momentos no seamos lo suficientemente consciente de ello.
La Constitución es el molde de los valores democráticos, que como obra elaborada por el hombre, evidentemente está sujeta a cuestionamientos, interrogantes y controversias; así, en la parte final de su Artículo 1 se especifica los valores superiores que inculcan todo el ordenamiento jurídico. Estos valores presentes en las actuaciones de las Administraciones Públicas, en las disposiciones legales y en el proceder de los ciudadanos, poseen un enorme fuste en una sociedad que desea prosperar con determinación hacia el crecimiento democrático.
Por ende, se trata nada menos, que de valores tan necesarios como la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político.
Primero, la justicia sustentada en la autonomía del Poder Judicial y de los jueces y magistrados, en su inamovilidad y responsabilidad de los ciudadanos acatando el imperio de la ley, significándose el sentido democrático al declararse que la justicia emana del Pueblo y se dispone en nombre de Su Majestad el Rey.
Correspondiendo la obediencia de cuántas decisiones se estimen pertinentes, aunque no sean compartidas, porque por encima de todo, ha de confiarse en el buen hacer de personas que, con un valor de imparcialidad, están capacitadas para desentrañar infinidad de entornos ciertamente dificultosos.
Segundo, la igualdad se expone explícitamente en el Artículo 14, disponiendo que todos los españoles somos iguales ante la ley. A todos se nos trata por igual, sin distinción de quiénes somos o dejamos de ser, con independencia de la categoría que cada uno ostente en el entramado administrativo o la atribución que se le disponga.
Tercero, la libertad se sustancia de forma redundante en la fórmula de las libertades públicas y de los derechos observados en la Constitución. Haciéndose hincapié en la libertad ideológica y religiosa, o en la libertad personal, libertad de residencia y circulación o libertad de expresión. Concibiendo la libertad, como el valor principal y el saber actuar que mejor se estime conveniente, pero con el respeto que atañe a los derechos de los demás.
Y cuarto, el pluralismo político instrumentalizado mediante los partidos políticos, desempeñando el encargo de satisfacer la voluntad popular y ejercer de vía para la colaboración política.
Expresen lo que expresen o preconicen lo que preconicen, son libres de trabajar en sus lógicas. No es necesario que nos rasguemos las vestiduras, porque una fuerza política concreta entre o no entre en algunas de las instituciones, todas tienen el mismo derecho a definirse en la línea que califiquen más adecuada.
Cada uno de los valores mencionados expresamente en el texto legislativo, continúan siendo el paradigma de fondo y la razón de ser que ilumina la hechura de un Estado como el Reino de España y del espacio de convivencia común. Pero, del mismo modo, la Constitución es la fuente expresiva desde donde fluyen aquellos otros valores que hicieron gala a los ciudadanos de la Transición.
Recuérdese al respecto, aquellos lapsos tan difíciles en los que contra corriente pretendíamos permanecer en un ambiente en el que habíamos hecho aguas, o por el contrario, invertir la dirección que estaba comenzando a dibujarse. Esperanzados, ya advertíamos que con valentía podíamos incorporarnos a una tendencia de convivencia democrática enriquecedora para todos.
Era inevitable que en un abrir y cerrar de ojos, al correr las cortinas de la ventana de la Constitución, aparecieran los valores para tomar amplias decisiones, mucho más, cuando éstas repercutían en el acontecer histórico y en la instauración de un cimiento para configurar de una vez por todas, la sociedad que anhelábamos.
Cabe recordar, que la Constitución de 1978, no es el volumen consagrado de aquel efímero resplandor que entrevió la Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa. En el discurso de S.M. el Rey Don Felipe VI con motivo de la Celebración del Cuarenta Aniversario de la Carta Magna, desmenuzó los valores con los que manifiesto mi personal confirmación.
Decía literalmente el monarca: “Es la primera Constitución realmente fruto del acuerdo y el entendimiento y no de la imposición; es la primera que materializa la voluntad de integrar sin excluir; es la primera que no divide a los españoles sino que los une, que los convoca para un proyecto común y compartido; para el proyecto de una España diferente, de una España nueva; de una idea de España”.
Es más que notorio que el Rey ensalzaba muchos de estos valores, tales como la reconciliación, la concordia, la convivencia, la unidad, la libertad, la democracia, el entendimiento, la integración, el diálogo o el respeto mutuo.
No sería de más, que en estas fechas nos interpeláramos por sí mismos: ¿Cuántos de estos valores se reconocen como piedra angular de nuestra convivencia?, o análogamente, ¿se honran estos valores para residir en libertad y edificar entre todos una aldea mejor?
Curiosamente, cada día demandamos a los políticos el respeto de estos valores, sin embargo, parece ser que no reparamos en la viga de nuestro ojo, cuando según y cómo, no lo estamos dignificando lo justamente, ni tampoco llevándolos a la práctica como merecen.
Es sabido, que la Historia en sí es una evolución incesante, en la que emergen confluencias y en las que hay que rescatar esos valores que supuestamente han quedado catapultados; a pesar de todo cuanto pueda estar sobreviniendo, ahí siguen anclados, pero ahora, sumergidos en el anacronismo. Quizás, esperando a ser recuperados para encaminarnos al sendero correcto.
En las etapas reinantes vemos con preocupación, que España se halla sumida en una especie de involución política, económica e institucional, amén de una marcha atrás de los principios y valores que deben gobernar para el óptimo funcionamiento de la sociedad. Pero, con la Constitución, continuamos atesorando una herramienta de inmenso valor, valiéndonos de indicativo para ese mecanismo de equilibrio, siempre complicado, que entre la libertad e igualdad construye la conservación de los derechos individuales y el respeto por el interés y el bien común.
Echando un ojeada al pretérito preceptivo del dietario de España, este mayoritariamente se ha caracterizado por la fragilidad y mutabilidad de los textos constitucionales que acogieron el siglo XIX y principios del XX, no teniendo una continuación en la época. Además, se distinguieron por mantener una combinación de relatos preceptivos encuadrados en contextos de efervescencia, inquietud y disputas.
En conclusión, a pesar de preservar los contenidos legislativos, los distintos enfoques pretendieron aplicar sus ideales; toda vez, que uno de los pretextos que descifraron la falta de estabilización, recaló en el signo partidista, cuando no de quiebra, que hizo que en el umbral del apoyo por parte del pueblo a los mismos, fuera prácticamente nulo o inexistente.
Mostrándoseinsensibles ante unos marcos de legalidad que no hacían suyos, porque los encontraban más bien, como armas arrojadizas al servicio de las fuerzas políticas o monarcas imperantes.
La de ahora es la séptima de las constituciones, convirtiéndose en la segunda más veterana por detrás de la Constitución de 1876, efectiva durante cuarenta y siete años, pero en unas realidades no comparables con las vigentes.
De igual forma, la más abundante en cuanto a su articulado con 169, aunque conteniendo casi la mitad de la extensión de la Constitución de 1812, que se dispuso de 384 artículos.
El gran triunfo de la Constitución de 1978, sin negar la incidencia de algún matiz puntual de análisis en su exploración o probable reajuste, no reside en tanto, en un único motivo. Porque, con los precedentes anteriores a la legalización de la Carta Magna, se facilitó toda una declaración de intenciones que más allá de normas o ley positiva, se forjaron en principios y valores irrefutables para transitar en total libertad.
Como ya se ha expuesto, el texto se implementó con el beneplácito político de los grupos parlamentarios, de manera que no fuera una única fuerza la que llevó a término la empresa preceptiva, sino el conjunto de los partidos políticos. Dando lugar a que no se persiguiese un único modelo, sino que adquiriese otras tendencias hasta ensamblarse en una hoja de ruta política, que no original, sí decidida como medio para lograr los fines específicos.
Desde el postulado que la democracia representativa establece en el Estado actual democrático, se ha pasado a una reprobación de la democracia directa, como improbable democracia de identidad, y a la par, a un perjuicio de la ineludible concepción dialéctica entre la conceptuación de democracia como proceso de representación e idea de la misma, en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos elegidos por votación.
Consecuentemente, nuestros constituyentes materializaron una labor magistral, con el designio de obtener una España más compacta, cohesionada, responsable y justa, hospitalaria e integradora, con una aptitud superlativa al diálogo y compromiso; indagando los nexos que nos engarzan y no los que contrariamente nos disgregan.
Precisamente, partiendo de una actitud como esta, en la que prevalecen los derechos diferenciales y la lealtad institucional, se puede arribar en buen puerto y atrapar las metas que aguardamos.
Del que hasta ahora ha sido y es por excelencia el estandarte sagrado y soberano de España, ese que nos ha trazado el punto de partida para el cambio democrático, no puede ser otro que la Constitución de 1978; aquella que jamás ha desistido a sus principios y continúa empeñada en moldear una gran victoria llamada convivencia democrática.
¡Larga vida a la Constitución Española!
*Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ con fecha 06/XII/2019.
