En el remolino actual, al haberse desatado una grave crisis entre los poderes del Estado -Gobierno, Parlamento, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional-, todo es cautelarismo. Incluido el discurso navideño del jefe del Estado que, en el ejercicio de su función constitucional, no puede desconocer la convulsión generada por este choque de trenes.
En el pleno más decisivo de sus 44 años de historia, al Tribunal Constitucional -órgano supremo encargado de dirimir los grandes conflictos entre los poderes del Estado- le tocó dilucidar sobre la admisión, o no, del recurso de ampara interpuesto por el principal partido de la oposición, en el que solicitaba medidas cautelarísimas contra la reforma judicial exprés del Gobierno.
Después de una empinada deliberación, seis contra cinco, el tribunal de garantías suspendió la tramitación parlamentaria, paralizando por primera vez una ley en trámite para proteger el derecho a debatir de la minoría.
La ley, pendiente de su paso por el Senado, toca de lleno el núcleo de la Constitución, pues regula cómo debe articularse la composición del CGPJ y del Constitucional.
«Aroma de buen derecho».
Aceptando la suspensión cautelarísima, el Tribunal Constitucional ha tenido en consideración el «aroma de buen derecho» (Fumus Bonis Iuris), pronóstico anticipado de la viabilidad jurídica de la demanda.
Es un requisito esencial que debe apreciar el juez, al comprobar -mediante una percepción subjetiva y circunstancial- los indicios que justifican el amparo de una medida cautelar que fundamenta el derecho solicitado. La gravedad radica, precisamente, en pretender la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la introducción de una enmienda, disparate que revela la falta de técnica legislativa de la que adolece el Ejecutivo.
Lo que la izquierda más desahogada califica como golpe de Estado no tiene en cuenta algo esencial: no se puede introducir una reforma que no va a ser enmendada, ya que la enmienda no es susceptible de otra enmienda. Más bien, habría que hablar de aviso al poder político y de revolución institucional, acelerado por el reiterado recurso al insulto «golpistas con toga», con una pretensión inequívoca: desacreditar la función judicial.
El choque con el Gobierno y el Parlamento, al que el Constitucional se ha visto abocado debido al desafuero del Ejecutivo que quería hurtar ese debate, se inscribe en una estrategia extravagante en virtud de la cual oposición, jueces y periodistas críticos son demonizados como golpistas. No es posible la dilación cuando se ponen en juego los pilares de los sistemas de la democracia, tratando de imponer una politización desmedida y peligrosa.
Acatamiento.
La respuesta institucional -Gobierno, Congreso, Senado- ha sido de acatamiento, aunque no se comporta; lo que alinea la decisión del Tribunal Constitucional con lo que define al Estado de Derecho: rige el imperio de la ley y no la voluntad política, por mayoritaria que ésta sea.
La preocupación de la ciudadanía también destila «cautelarismo» y, en ese contexto, hablar de serenidad no resulta creíble. Esta vez, la Unión Europea no ha disimulado, avalando la actuación del Constitucional con una contundencia poco habitual.
No había un camino alternativo. El dilema habrá podido ser una decisión del Consejo de Ministros -cesando por decreto a los dos magistrados con los mandatos expirados-, lo que hubiera podido acarrear la admisión por el Tribunal Supremo de una querella por prevaricación.
Invierno de la democracia.
La apostura populista de los líderes políticos (Macron, en cuclillas, consolando a Mbappé sobre el césped qatarí); el predominio de la gestión sobre las ideas; el agotamiento del Estado del bienestar; la facundia barata que se ha apoderado del debate en parlamentos y campañas electorales, y el puritanismo de lo «políticamente correcto» son indicios que apuntan a la decadencia de la democracia, para ser sustituida por regímenes en los que la filigrana sustituye la soberanía nacional por la soberanía popular.
En esta conjetura se mueve Guy Hermet (doctor honoris causa por la Complutense), quien en su libro, «El invierno de la democracia» (2008) afirma que «el sistema político dominante en los últimos ciento cincuenta años ha llegado al final de su ciclo y estamos entrando en la estación invernal de la democracia tardía, la de la vejez».
El despertar en estéreo de cada día -Internet, radio, televisión- refleja fielmente el férreo interés por dividir, acabar con la avenencia de la Transición y establecer formas de gobierno a la medida de intereses circunstanciales, de quien acapara, en interés propio, las emociones de todo el país.
También asoma la forma en que el español medio, indolente, asiste al espectáculo portentoso de lo que está sucediendo. En el sentido más estrecho de la expresión, la gente está a lo suyo y los detentadores del poder han decidido que podía ser el momento -el Mundial- de meter de matute el contrabando.
Por esa doble rendija se cuela el populismo que contrapone democracia y ley, proclama la supremacía de la voluntad popular sobre las instituciones, aboga por una relación directa entre el pueblo y sus líderes, propone igualdad social y movilización popular y actúa por la puerta de atrás, sin escuchar informes preceptivos, sin consensuar con la oposición y por la vía de urgencia.
Un dazibao meridional lo resume con precisión: «No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación».
Guardarropía ideológica.
El ideario parte de la base de una simplificación dicotómica, con claro predominio de los argumentos emocionales sobre los racionales. La sociedad está fragmentada, con dos grupos enfrentados entre sí: «el verdadero pueblo» y «la élite corrupta». Que nadie se escandalice con los apelativos resultantes: fachas con toga, machismo patriarcal, etc.
No se pueden escamotear ni los procedimientos -en una democracia liberal, las formas, las leyes, lo son todo- ni los antecedentes de este conflicto que ya viene de largo -cuatro años- y tiene su génesis en no haberse renovado, en tiempo y forma, el órgano de los jueces, tal como manda la Constitución.
También la separación de poderes, que sigue vulnerándose, lleva tiempo bajo sospecha. La derecha que difiere la renovación del CGPJ obtuvo dos mayorías absolutas, no cambió nada cuando pudo hacerlo y ahora vamos camino de un Estado más vulnerable frente a las amenazas que se pudieran presentar.
«Progresistas» y «conservadores».
¿Cómo es posible que se puedan segregar bloques de jueces según su sensibilidad ideológica cuando el tribunal de garantías, precisamente, se ocupa de arbitrar entre los poderes del Estado y en esa potestad no tiene cabida la distinción entre «progresistas» rojos y buenos, y «conservadores» azules y malos, o viceversa?
Las medidas cautelarísimas son un recurso excepcionalísimo porque, además de su gran calado, se toman inaudita parte (sin escuchar a la otra parte). Cuando el magistrado dicta sentencia -sin previa audiencia del demandado, contando con pruebas fundadas y motivadas- no viste equipación delatora alguna.
La Constitución de 1978 fue el tratado de paz entre las dos fuerzas que se habían enfrentado en la guerra civil. La Transición, con la reconciliación resultante, fue una de las páginas más hermosas de nuestra historia reciente.
El Tribunas Constitucional, actuando conforme a la ley y a sus facultades, ha estado a la altura, haciendo historia al defender la Carta Magna y su decisión es una prueba de que el Estado de Derecho se acaba imponiendo.
Lo decisivo es que el poder político sepa que no goza de inmunidad y que para que prevalezca la democracia la Constitución es algo más que un mero enunciado normativo.
