La excitación en que se ha instalado una parte de la sociedad española, en este accidentado final de año, resulta momento propicio para permanecer atentos a lo que van anticipando los think tank, despertadores de lo que pasa y, lo que es más acuciante, de lo que viene, la negociación de la secesión.
El último que se ha presentado recientemente en sociedad, “Pie en pared” (la RAE define esta locución como: “mantenerse con tenacidad en su opinión, insistir con empeño”), aboga por la resistencia a la cancelación de discrepantes; el freno a la crítica y el debate de ideas y el punto final a la liquidación de instituciones que propician la convivencia.
Según este laboratorio de ideas, la hegemonía cultural de la izquierda woke supone un riesgo para las libertades, en la medida en que impone a la colectividad un catecismo en que lo emotivo prevalece sobre lo racional. Y ahí nos damos de bruces con las teorías del apaciguamiento y la malversación.
—–
Con prisas, siempre malas consejeras, el gobierno de coalición —aparejado con aventajados socios— ha emprendido una impetuosa modificación del Código Penal que comporta la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, con una estación termini: la vía libre a un referéndum de autodeterminación, con condiciones — 50-55— ya preestablecidas. La secesión.
Como era de esperar, la opinión más incumbida por estas premoniciones ha puesto el grito en el cielo, tratando de desmenuzar las causas y augurar los efectos.
Hay una coincidencia extendida en señalar que esta convulsión, en la parte más sensible del cuerpo jurídico, tiene que ver con la aprobación de los presupuestos y las exigencias de quienes tienen que apoyarlos para que salgan adelante.
La respuesta, a quienes siguen sin arrimar el hombro, no se ha hecho esperar y el jefe del Gobierno lo hizo en Barcelona, reconociendo la adopción de decisiones arriesgadas “para rescatar a Cataluña”, devolviendo el debate «al territorio de la política y sacarlo de los juzgados»,para garantizar que Cataluña y España (sic) nunca más vuelvan a vivir “aquellos días tristes de 2017«.
Un medio local, agradecido por las atenciones dispensadas a su flujo de caja, lo ha llamado “encarrilamiento” —seguir el camino o carril debido— forma afectuosa de azucarar el desmonte de hechos probados en la sentencia del procés, que condenó a quienes dieron un golpe de Estado.
No han bastado los indultos, para ir rematando la sedimentación; cada vez exigen más, sabedores de que se les va a complacer. Y no lo ocultan: amnistía (extinción de la responsabilidad de sus autores) y autodeterminación (decisión por una minoría sobre el futuro de todos).
Poco importa que ambas pretensiones sean inconstitucionales, precisamente en eso consiste, en ‘manchar las togas con el polvo del camino’.
—–
Quienes llegan a sentarse en la silla curul —sitial sobre el que, quienes poseían imperium, tenían derecho a hacerlo— aunque lo hagan caninos de votos, advienen con un deseo: pasar a la historia.
Hace días, el actual titular del asiento, en la Cuesta de las Perdices, manifestó su íntimo convencimiento de ser absuelto por la historia, por haber exhumado al dictador y reivindicar el pasado luminoso del republicanismo.
En su afán historicista, no ha tenido en cuenta que uno no elige cómo pasa a la historia. Ni a Churchill —que habló y escribió tanto de sí mismo— se le ocurrió asegurar que pasaría a la historia.
En su día, Adolfo Suárez legalizó el partido comunista; Leopoldo Calvo-Sotelo integró a España en la Alianza Atlántica; Felipe González renunció al marxismo; JL. Rodríguez Zapatero legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
De modo que, de saque, tampoco habría que cuestionar el intento de rescatar, como lo llama enfáticamente, Cataluña.
—–
Eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación de caudales públicos supone una embestida en toda regla a nuestro Estado de Derecho.
Las reformas del Poder Judicial muestran, sin remilgos, la dominación de un Gobierno capaz de saltar por encima de la Carta Magna para obtener el control mayoritario del Tribunal Constitucional.
Hasta la derogación del delito de sedición, esa advertencia ceremoniosa del separatismo, “lo volveremos a hacer”, no dejaba de ser una amenaza trampa cargada de objetivos disuasorios que, en su intención paralizante, contribuían a desarmar más aun al Estado.
Desde la transustanciación del delito de sedición en delito de desórdenes públicos agravados, en aras a homologar nuestros delitos con los de nuestros vecinos y rebajar las condenas de cárcel a cinco años, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quedará sin atribuciones para juzgar a quienes, con una simple manifestación de intenciones, protagonicen un levantamiento sin violencia.
Para la defensa del orden constitucional, quedará el delito de rebelión y el recurso al artículo 155 de la Constitución.
De ir adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ahora en el limbo, cautelarísimo, supondría un duro golpe a la Constitución.
El procedimiento empleado, eludiendo los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, así como impidiendo un debate parlamentario, ha normalizado la aprobación con urgencia, impostada e irreal, de leyes nucleares de nuestro entramado institucional.
Para contentar a quienes condicionan sus votos al desmonte constitucional, el Gobierno despliega una autoridad sin precedentes, alterando el consenso de los 3/5 en el reparto de las cuotas políticas y rompiendo el principio de colegialidad (votar todos lo mismo). Todo ello encaminado a lograr el control mayoritario de las instituciones.
El procedimiento mencionado para la aprobación de las leyes está buscado con premeditación y alevosía. En el libro de Joaquín Leguina (que tiene más de un año) ya se da cuenta del modo de empleo, con el mismo propósito.
El Gobierno modifica dos leyes orgánicas saltándose los controles que reclama la Constitución para ello y, encima, mediante enmiendas que desmontan la propia CE78 y su máximo órgano supervisor. En román paladino, un intento de toma del poder, sin ningún rubor.
No es el PP el que revienta el orden constitucional, es el primer ministro, con el apoyo imprescindible de los parlamentarios de su formación. Los de Bildu, ERC y Cía. son lógicos: desde siempre, no ocultan que quieren cargarse la CE78
Un Estado deja de ser una democracia cuando se eliminan o saltan los contrapoderes. Las «urgencias» para anular los informes de los órganos consultivos y debates parlamentarios tendrán sus consecuencias.
—–
Tras exponer cómo la ideología woke se ha hecho con el poder cultural, los impulsores de “Pie en Pared” han instado a recuperar los valores de la libertad de pensamiento y de expresión. Pero no basta, hace falta mucho más, directores de cine, escritores, profesores de universidad, periodistas, cantautores, filósofos, obras de teatro, novelas…Todo lo que tienen colonizado y se creen mejores tan solo porque son los únicos.
Entretanto, la siguiente estación espera. Nada menos que negociar la secesión, de la manera en que Manuel Jabois relata, en términos futbolísticos: “La típica jugada bellísima, un contragolpe ejecutado con la rapidez y la frialdad de un asesinato”.
