Hubo un tiempo en que Europa discutía cómo gastar mejor. Ahora empieza a discutir algo más incómodo: en qué se gasta realmente el dinero europeo. La diferencia marca el paso de la confianza al recelo.
El debate sobre el presunto uso de fondos europeos para aliviar tensiones de tesorería vinculadas al pago de pensiones ha dejado de ser una simple polémica española para convertirse en una preocupación europea.
Alemania, principal contribuyente neto del fondo Next Generation EU (NGEU), figura entre los países más sensibles ante cualquier sospecha de desvío hacia gasto corriente.
Desde hace años existe en Alemania y en los Países Bajos una sensibilidad política respecto al destino final de los fondos europeos. La aprobación del gran mecanismo de recuperación tras la pandemia solo fue posible bajo la promesa de que aquellos recursos servirían para modernizar economías, reforzar la competitividad, acelerar la digitalización o impulsar la transformación energética. Nunca para sotener gasto estructural de los Estados.
Por eso las explicaciones ofrecidas por el Gobierno español han sido recibidas con inquietud en determinados sectores. El eurodiputado alemán Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, ha resumido el malestar: cómo explicar a los ciudadanos alemanes que deben trabajar más años para sostener su sistema de pensiones mientras sospechan que parte de los recursos aportados por Alemania al fondo europeo podrían haber acabado utilizados para aliviar tensiones presupuestarias en otros países.
La imagen utilizada resulta reveladora. Si un país emplea fondos europeos para construir un nuevo parque solar, puede discutirse si era prioritario o no, pero sigue siendo una inversión ligada a los objetivos del mecanismo de recuperación. Las pensiones, en cambio, pertenecen al núcleo de obligaciones ordinarias de cualquier Estado y nunca formaron parte de la filosofía del programa.
La Comisión Europa ha intentado introducir matices. Bruselas recuerda que el pago de pensiones no es elegible para los fondos NGEU, aunque admite flexibilidad temporal de liquidez si se cumplen los objetivos pactados. Técnicamente puede explicarse. Políticamente, mucho menos. Porque el problema ya no es únicamente contable. Es político. También moral.
La pandemia justificó un mecanismo extraordinario de solidaridad europea. Pero en España la llegada de decenas de miles de millones de euros ha coincidido además con una anomalía institucional cada vez más normalizada: gobernar sin Presupuestos Generales del Estado. Y cuando desaparece el principal control parlamentario sobre el gasto, la frontera entre reconstrucción económica y supervivencia política empieza a difuminarse.
Ahí nace la desconfianza. No tanto por lo que oficialmente se reconoce, sino por lo que muchos empiezan a sospechar que puede haber ocurrido en ausencia de controles suficientes. Porque nadie ignora que un Gobierno con enormes recursos extraordinarios y sin presupuestos aprobados aumenta el riesgo de que parte de esos fondos termine desplazándose hacia objetivos distintos de aquellos para los que fueron concebidos.
El verdadero debate de fondo afecta ya a toda Europa. El envejecimiento demográfico, la presión sobre las pensiones, el aumento del gasto sanitario y las dificultades para sostener el actual modelo de bienestar están obligando a los gobiernos europeos a afrontar decisiones cada vez más incómodas. Alemania misma discute hoy retrasar la jubilación y contener parte del gasto social. En ese contexto, cualquier sospecha de utilización impropia de recursos europeos adquiere una enorme sensibilidad política.
Porque gobernar indefinidamente sin Presupuestos no es una anomalía técnica, sino una degradación institucional. En una democracia parlamentaria, cuando un Gobierno pierde la capacidad de aprobar sus cuentas, lo normal no es acostumbrarse a ello, sino devolver la palabra a los ciudadanos. Lo demás ya pertenece al baile de fondos.