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La Constitución Española de 1978, garante de derechos y deberes

Recapitulamos el Aniversario del inicio de la Constitución Española de 1978 como lo que es, un relato democrático que encomiablemente nos ha envuelto en un marco de convivencia que nos hemos dado entre todos.

Conmemoración que nos impulsa a respetar el pasado, interpelar el presente y competir por el futuro, otorgando especial protagonismo a la libertad, pluralidad y legalidad en los que plenamente nos identificamos.

Es nada más y nada menos que la Carta Magna, la que nos alienta incansablemente a defender lo mejor de ella. Siendo consecuente, que es el principal instrumento normativo que custodia los derechos y deberes y el criterio máximo del ordenamiento jurídico.

Perspectivas de futuro acontecidas en la década de los setenta en las que se anclaría la Constitución Española, para establecerse paulatinamente en la piedra angular de las libertades y derechos. Hoy, tras casi cuarenta años de su entrada en vigor, es posible declarar que ha sido la promotora de la España europeísta e internacional. Pues, realmente el proceso de internacionalización se lo debemos a su influencia.

Por eso, de las probables irrupciones predecibles, la mejor de ellas recaería en la tutela de la Constitución. Una Norma que no queda lejos del presente, cabiendo estimarla como relativamente joven, pero muy experimentada en el marco social y político en el que se plasmó.

Voluntades aunadas con altura de miras y el espíritu condescendiente de las generaciones llegadas, apelarían el Estado de Derecho que juntos hemos heredado. Evidentemente, el acontecimiento rememorado, daría a luz una España soberana con las manos tendidas que traería consigo el lema de la solidaridad, pasando a denominarse la Constitución de la Concordia.
Compromiso adquirido desde aquel capítulo puntual de la historia, con el deber de hacerla valer, hoy esculpido en la Carta Magna como designio modélico en la dignidad de las personas.

Pero con independencia de la valoración propia del contenido constitucional que pudiésemos realizar, lo meritorio que nos brindó la Transición y que ratificaría a la Constitución al restaurar la España democrática, residiría en la virtud solidaria que constantemente nos presidió.

Nótese al respecto, la fuerza de la pacificación y la distensión del consenso.

Texto que hubo de ser elaborado con esfuerzos combinados para el deleite de la vida en libertad. Por eso, sus predecesores anhelaban el dibujo de una España más próspera, convencidos que aquello era creíble con la plasmación constitucional.
Lo cierto es, que no erraron, quiénes firmemente así lo entendieron.

Una hechura constitucional armonizada desde el raciocinio capaz de implicar al pueblo sin excepciones, albergando significaciones ideológicas y gobiernos de distinto signo. Antecedente constituyente que la indujo a ser interpretada como la empresa colectiva por excelencia, concepción que nadie podría atribuirse en franquicia.

Prescripción constitucional que apreciamos como la regla imprescindible del Estado, siendo la concreción de un generosísimo acuerdo y enteramente consolidada en los usos democráticos europeos.

Así, escrupulosa a los ojos de todos, la Constitución Española ha sabido consagrarse en los derechos fundamentales y en las libertades públicas, hasta alcanzar la división de poderes y la soberanía popular. Desglosando los poderes de un Estado Social y Democrático de Derecho, que abraza como forma de gobierno la Monarquía Parlamentaria.

Pero, sin lugar a dudas, la culminación de este texto ha sido la declaración de las Comunidades Autónomas, para emprender el proceso de descentralización política y administrativa.

Una cita solemnizada que nos retiene en las elecciones celebradas en 1977, cuyo contenido constitucional no quedaría agotado, poniéndose en movimiento los mecanismos regulados conforme a los tiempos y a los cambios producidos.
Recuérdese el modelo socioeconómico que debía responder a la producción y repartición de la riqueza, como el modelo de Estado y la organización territorial que abarcaba el respeto a la pluralidad de nacionalidades y regiones, con la lógica diversidad cultural y lingüística.

Una jornada propicia para hacer visible las fortalezas del mismo texto, volviendo la mirada a un pasado que estaría por llegar, al contemplar la columna vertebral de aquel sistema político inaugurado con anhelos y posteriormente ratificados con orgullo.

Constitución Española conocida como la gran Constitución y primera en nuestra historia con atributo preceptivo, en nuestros días, la precursora hecha legítima en el entorno social que obramos.

Un texto jurídico supremo, toda vez, que procede del poder constituyente. Supremacía avalada por el soporte de los poderes legislativos, ejecutivos y jurisdiccionales. En este aspecto, la Constitución vigente, tanto por la legitimidad que ostenta como por la validez jurídica, la hace incomparable a las que le antecedieron.

Aún es más incomparable, valga la redundancia, dado que esta obra es única y aquí no existen salvedades, ratificada mediante conformidad parlamentaria que le otorga mayor legalidad para admitirla, acatarla y hacerla valer con distinción.
Particularidad que adquiere más valor en la reseña del Día de la Constitución Española, al concretarse los momentos reales que vivimos.

Indicios como la polarización política o la reaparición de dogmatismos, se entremezclan con populismos y localismos de reducidas miras, contrastados con la interdependencia creciente de la sociedad global.

A la par, mientras se prescinden de dominios fronterizos en la zona occidental, se indaga un punto genérico que aglomere la libertad, seguridad y justicia. Coyunturas que llevan a reticencias lingüísticas, culturales y sociales que irremediablemente enfrentan, disgregan y descomponen el contexto natural del viejo continente.

Simultáneamente, se aprestan los flujos migratorios irregulares o el redimensionamiento en la intimidación del terrorismo yihadista. En cualquier caso, una mirada retrospectiva nos revela que la España actual, ya no es ni mucho menos la del periodo en que comparecería la Constitución de 1978.

Actualmente, España es un Estado avanzado y generoso que se engalana a toda costa con el progreso y la superación, resolutivamente descentralizado e integrado con gran protagonismo en la Unión Europea.

Una Nación que afronta con empeño la globalización económica y el desarrollo de las capacidades, sabiendo reaccionar y responder con eficiencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Evidencia que la obliga a manejarse con acierto en el ámbito supranacional y como el motivado en el continente europeo. Vicisitud que la apremia a tomar medidas que supeditan los principios de soberanía y sobre los que se establece los cimientos de la Constitución Española.

Luego entonces, en este encaje constitucional realizado, el reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística antes indicado, nos ha hecho tolerables en la toma de decisiones y en el ímpetu de la descentralización política. Una suma de unidad y esfuerzos para reubicarnos en la convivencia social y el bienestar colectivo.

De ahí, que la Carta Magna nos proyecte al empuje político, económico y social ganados con responsabilidad, consenso y diálogo. Máximas que quedaron celosamente articuladas para neutralizar las posibles quiebras que afloraran.

Con todo, hoy por hoy, el discurso constitucional es factor de objeciones en la reforma. No obstante, los reproches y fórmulas tanteadas, no son en sí alevosas con el texto propiamente vigente, siempre que vayan encaminados por las vías constitucionalmente legales. Justificación que me lleva a reflexionar, que la Constitución en sí no es un propósito, sino la Norma principal con la que se sirve a la sociedad, de acuerdo con los valores de libertad e igualdad.

Por lo tanto, ¿sería oportuna la reforma de la Carta Magna, a modo de mejora? Indiscutiblemente, la Constitución Española no es una obra imperecedera, ni asume el designio de serlo. De hecho, cada uno de sus acuerdos incluidos los mandatos fundamentales, pueden ser modificados de forma sensata y consensuada. Disposición contemplada en el texto constitucional.

Pero si hubiese que poner el acento en algunos de sus preceptos, conllevaría respaldar lo mejor de ellos, buscando inexorablemente la igualdad y el bienestar de todos. Escenario que podría admitirse cuando a modo jurídico fuera indispensable y pertinente a nivel político.

En la primera consideración, será oportuno jurídicamente, cuando el contenido vigente se convierta en impedimento prácticamente infranqueable para las miras que la reforma pretende. Ello, sin relegar que el hipotético cambio no tuviese resultados discordantes con en el resto de las normas reguladas.

En cambio, el segundo de los motivos será acertado políticamente, si fuese compartido por una mayoría comparable a la que en su día la reconoció por amplio consenso. Quedando sobre la mesa los posibles cambios, tras examinarse adecuadamente los sinos y los contras, pero cuando los argumentos propuestos sean recomendables técnicamente y lógicos políticamente.
Indicativo que me lleva a valorar si el propósito de reforma es realmente coherente o si más bien se trata de un asunto indeterminado, qué es lo que se desea revisar y si nos encontramos ante una cuestión soberana y sin exigencias territoriales.
Precisamente, el Título X en concreto los Artículos 166 a 169, dan detalle del resquicio de modificarla convenientemente.
Es decir, la Carta Magna se autorregula y se autolimita por sí misma.

Por otro lado, el texto constitucional se conserva íntegro desde su consagración, habiendo sido retocado únicamente el Artículo 13.2 concerniente al voto de los extranjeros y el Artículo 13.5 para afianzar la estabilidad presupuestaria.

Constitución Española de 1978 que es la razón de ser del crecimiento democrático en el aspecto político, social, económico, cultural y autonómico. El arraigo que este texto desprende, como el valor que encierra por el amplio camino transitado, nos traslada a un molde de convivencia que la refrenda sin fisuras.

Paradigma constituyente que a los ojos del mundo ha fraguado un Estado libre, innovador, vanguardista, cívico y europeo. Los que más y los que menos, todos, debemos vigilar la protección de la Carta Magna y la preservación de las libertades conquistadas.

Tal vez, no nos sintamos próximos con el texto constitucional. O quizás, no nos identifiquemos o discrepemos debidamente, pero si nos mantenemos aplicados con la norma establecida, reforzaremos los valores democráticos.

¿Qué mejores muestras nos ha podido aportar el discurso constitucional para las generaciones presentes y aquellas que están por llegar? Sin duda, el aval de una España leal y unida, escoltada con la paz social, la estabilidad política y la defensa territorial. Posición que ha conllevado la aplicación del Estado de bienestar, primordialmente los derechos esenciales en consonancia a los cambios de los tiempos actuales.

Debiendo destacar, el autogobierno de las Comunidades Autónomas y el respeto e integración democrática en la diversidad de la España plural.

Un puente constituyente perpetuado al fortalecimiento del Estado de Derecho que es propiedad de todos, innovando y optimizando el carácter democrático, a la vez que la unidad del pueblo.

Epílogo del Día de la Constitución Española que valoro junto a la Transición política y la cita con la Carta Magna que hoy recomponemos, situarían los mejores mimbres de la historia político-constitucional.

Prueba de ello sería el referéndum del día 6 de diciembre de 1978, en el que los ciudadanos se inclinaron por el consenso y la capacidad de entendimiento común. Advirtiéndose para satisfacción general, las sensibilidades identitarias de los pueblos de España.

Cuestión sencilla de expresar, pero recóndita de entender.

Unos años después, por la afinidad a la comunidad política constitucionalmente efectiva, este hecho manifiesto nos convierte en ciudadanos de pleno derecho.

Diálogo y consenso reiterados para fraguar un marco democrático, hoy coronados como piezas claves para la continuidad del constitucionalismo. Con todo, parece haberse crispado los sentimientos del texto constitucional, al entonarse algunas voces que dicen postergar la justicia e igualdad.

Justamente, es la discordia encubierta de ruptura, la que nos acecha para encararse al Estado de Derecho, y por ende, el marco de convivencia en libertad del que nos hemos dotado.

Una herencia para todos llamada Constitución, tallada por insignes representantes que reflejaron el apoyo solidario del Pueblo Español. Un patrimonio que esclarecería los derechos individuales y el reconocimiento de las autonomías y regiones.
Momentos e instantes aún sabidos, en los que la Carta Magna nos asiste con caballerosidad, invocándonos a no titubear y ser cómplices de la Soberanía Nacional. Porque, la España a la que irradia sin descanso el aliento democrático, no es una utopía, es una realidad visiblemente política, cultural e histórica, forjada en el enriquecimiento de la diversidad.

Hoy, difícilmente se verá deslegitimada la Constitución de España, porque al conmemorarla, revitalizamos el modelo de Estado.

Congratulémonos por tanto y demos la enhorabuena, a quiénes con el esfuerzo han sabido aportarnos estos fructíferos años de convivencia pacífica y equilibrio democrático.

¡Preservar a toda costa la Constitución Española, es proteger sin paliativos, el principio de solidaridad!

Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 6/XII/2017.
© Fotografía: National Geographic de fecha 29/XI/2017.

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