Hablamos de una granja en la que no hay ni gallinas ni cerdos, ni ninguno de los animales que se amotinaron en aquella que tan magistralmente retrató George Orwell, pero sí que se relaciona en cuanto que nos remite a un mundo, el actual, en el que nos encontramos con muchos de los demonios que el genial autor de “Homenaje a Cataluña”, entre otras obras, describiera.
Estas granjas llegaron a las primeras páginas de los periódicos con ocasión de la sorpresiva victoria de Donald Trump hace cuatro años en las elecciones presidenciales de los EEUU. Estaban formadas por docenas de especialistas de distintas materias y, por supuesto, especialistas informáticos que se dedicaban a preparar historias, falsas; y memes cargados de mala intención, para ser diseminados a través de las redes y desde falsas cabeceras digitales; todo ello con el objetivo de influir en las percepciones de los votantes norteamericanos.
La más importante, o conocida, se ubicaba en San Petersburgo, en Rusia, y después nos llegarían ecos de sucesivas operaciones, empezando por la del Brexit y comentándose que intervenían de facto en prácticamente todos los procesos electorales europeos, incluyendo, por supuesto, los de España. Estaríamos hablando, en expresión militar, de operaciones de influencia por medio de la desinformación.
Parece una obviedad manifestar que los estados tienen el derecho a defenderse; no solo de las operaciones de guerra convencional, cada vez menos empleadas, sino también de las llamadas encubiertas, como estas que acabamos de describir. ¿Entonces por qué tanto escándalo ante lo que parece una obligación del gobierno? Defender el país ante un posible ataque del tipo que sea.
Me he leído la resolución en el BOE y concluyo que no habría, aparente e inicialmente, motivo para rasgarse las vestiduras si hubiese salido de un gobierno serio en un país serio pero, no sé si podemos aplicarnos ese doble calificativo, antes al contrario, los antecedentes de los últimos años en España, y los del gobierno actual son para preocuparse ante el nuevo dispositivo/plan que la vicepresidenta Calvo nos presenta y que pretende, entre otros objetivos, “examinar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”, dejando de lado al poder judicial que debía ser el competente en esos terrenos.
Los distintos órganos participantes parecen los naturales, que la dirección recaiga en la Moncloa chirría, se echa en falta una supervisión judicial de algún tipo, al fin y al cabo hablamos de derechos fundamentales y, por ejemplo, el CNI, uno de los participantes, cuenta con un juez residente. También estaría bien que incluyese como posible desinformación los programas electorales, siempre incumplidos; o alguna referencia al uso de la llamada postverdad, simple e interesada herramienta ideológica; o el control de los algoritmos que encaminan nuestras búsquedas en la dirección que interesa a no se sabe muy bien quién.
Hay un enorme campo a controlar en el mundo de la desinformación pero, sacarlo así, de sopetón, sin discusión previa con los grupos de la oposición o con los medios de comunicación da mucho para pensar, y no bien.
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