En escasos pocos meses, la incidencia del coronavirus ha cambiado el mundo en todas sus dimensiones y aún no conocemos de primera mano, cuáles serán las secuelas futuribles del patógeno sobre las distintas facetas de nuestra vida.

Y no es menos, que resulten una cadena de investigaciones al respeto, que aspiran en profundizar el posible impacto del COVID-19 sobre la salud democrática de los estados, en lo que atañe al riesgo bajo, medio, alto y autocracias completamente cerradas. España, se halla entre los 34 países que, según este indicador, se atinaría ante un riesgo relativamente medio de disminuir los derechos y libertades como derivación de la actual crisis.

En el mismo grupo también se localizan a Estados Unidos, Rusia, Polonia y Suiza. Frente a ellos, predominan los 47 gobiernos de riesgo bajo, como Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.

Es de sobra sabido, pero interesa reincidir en ello, que el coronavirus no solo pone a prueba la capacidad de aguante a título personal, social, político y económico; igualmente, repercute en los pilares sobre los que descansa la democracia. Como es obvio, por motivos de alcance y premura, los bríos se centralizan en afrontar la crisis epidemiológica, con múltiples medios excepcionales que resultan preciso no desatender ni un solo instante, como las fracturas que la epidemia puede inyectar en la morfología política y social, ni en los mecanismos que han de activarse para adecuar una rápida recuperación económica.

Conocedores de esta situación, hemos de continuar encomendando la confianza en los representantes y gobernantes, con la certeza que lejos de las muchas equivocaciones que se hayan consumado, habiéndose de responder ante ellas en sus formas y tiempos oportunos, se está haciendo todo lo realizable para abordar con las mejores garantías los retos a los que nos vemos comprometidos, en condiciones evidentemente extremadas.

Sin embargo, como ciudadanos de pleno derecho no podemos renunciar, donde reside la omisión de nuestra responsabilidad, que no radica únicamente en contribuir honradamente en la observancia de los mandatos y en el seguimiento de las advertencias del Ejecutivo Central. Reside, en tomar conciencia del porqué convivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho; porque, su conservación pende única y exclusivamente de cada de uno de nosotras y nosotros.

En tal sentido, renunciamos a nuestra obligación en la medida que descansamos ciegamente en lo que los representantes hacen o, simple y sencillamente, nos despreocupamos de la cuestión cotidiana.

Inexcusablemente, es en instantes como los presentes, en los que no solo se pone en riesgo el sistema inmunológico de las personas, sino, además, la arquitectura del sistema democrático, cuando por ello hemos de estar dispuestos más que nunca, en las decisiones de quiénes manejan el bien de todos.

Y es que, en épocas de indudable excepcionalidad, adquiere más fuerza una amenaza que continuamente está latente: el enflaquecimiento de las columnas sobre las que se mantiene la vertebración democrática. Es más, esa  dificultad concurre, aunque no se atisbe la más mínima intención de concretarla. La democracia es un tesoro excelente, como quebradizo. En ocasiones, bastaría con una pequeña mezcla de arbitrajes o acciones erradas, aun sin mala intención, para que lo que era consistente, termine dilapidándose como un lamento en medio de la borrasca que acaba esfumándose.

Entre los contrafuertes que ensamblan los cimientos democráticos, en estos intervalos puntuales, hay tres indispensables que son precisos recordar.

Primero, el acatamiento a los derechos fundamentales, entre los que ocupa un lugar preponderante la libertad de expresión, en sus diversas expresiones, incluyéndose, la libertad de información y comunicación.

No me estoy refiriendo meramente a un derecho de carácter particular, sino que, conjuntamente, como ha indicado el Tribunal Constitucional, adquiere una gran proyección institucional y objetiva, en tanto, que sería inconcebible valorar una sociedad libre y democrática en la que no se avale el pleno respeto a la libertad.

De la aplicación que hagamos de ella y más en concreto, en las circunstancias insólitas actuales, penderá que ayudemos a vigorizar este refuerzo de la democracia, mediante la práctica de un juicio saludable de la acción gubernamental, o que, a la inversa, contribuyamos, siguiera sea instintivamente, a languidecer sus raíces, pongamos por caso, con un actuación desmedida e imprudente de esa libertad que, en lo más peyorativo, induciría a un socavamiento de la legitimidad del Gobierno para la acomodación de las dificultosas determinaciones que vayamos sabiendo.

La línea roja que desmiembra una conducta de otra, no es sencilla de distinguir, pero conviene que apreciemos su significación, siendo conocedor de lo que realmente está en juego.

Segundo, el pluralismo político, que se enarbola, no solo, pero sí de modo preferente, en las formaciones políticas que funcionan como canal de expresión de las receptividades públicas. A nivel colectivo, esa pluralidad, desprovista de respeto y protección, se formula en el raciocinio que sostienen Gobierno y oposición; una dialéctica llamada a encontrar en el debate de sede parlamentaria su recinto sagrado de manifestación; incluso, pese a los inconvenientes que ello pueda acarrear en trechos del coronavirus.

En paralelo a los partidos políticos, de ninguna manera debería desdeñarse el protagonismo que representan los agentes sociales, en tanto, que los mismos secundan el énfasis de ideas e intereses, que dignifican ese pluralismo constitutivo de cualquier comunidad comunicativa y democrática.

A todos ellos, es inexcusable respetar su entorno de expresión, para que la opinión del Gobierno, imperiosamente fortalecida en el escenario de hoy, no sea la única que se perciba en el debate representativo.

Y, tercero, la responsabilidad de la Presidencia, que ni siguiera se disuelve en los estados excepcionales que describe el Artículo 116 de la Constitución: alarma, excepción y sitio.

El criterio de demandar esa responsabilidad al poder ejecutivo obtiene varias trayectorias, tanto políticas como el poder legislativo, como jurídica, primordialmente, por el poder judicial y, en último término, sociales, con la valoración que, no sólo, pero sí concluyente, haga el pueblo cuando se alcanza el momento crítico en que sale a la luz la verdad y agudeza de esos términos en el Título Preliminar del Artículo 1 Apartado 2 de la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Es incuestionable, que el Gobierno, sin perjuicio de seguir, como hasta ahora, concentrando sus voluntades y esfuerzos en acometer la tarea de la trágica crisis sanitaria que soportamos, bien haría en la ejecución de sus competencias, en no inadvertir si los pilones en los que se ubica nuestra democracia, continúan estables, verificando entre otros asuntos, la atención prestada, al menos, en lo que anteriormente se ha expuesto.

Nuestra responsabilidad, como ciudadanos implicados con la vida pública, es estar precavidos y alertas en lo que está aconteciendo y que merece el máximo cuidado; lo contrario, sería caer en el mayor de los despropósitos.

El que vivamos en democracia no es un derecho propio; antes bien, comporta una serie de premisas a las que no debemos desistir, con la fatalidad que si no obramos adecuadamente, podríamos terminar residiendo en un Estado supuestamente democrático, con la inminencia amplificada que cuando lo detectemos, tal vez, sea tarde para remediarlo.

Por lo tanto, el estado de alarma ha concentrado el poder en los jefes de Estado y en los presidentes de Gobierno, dejando en un segundo plano al resto de autoridades nacionales, regionales y locales. Como, de la misma forma, ha ocurrido con la contribución de las Fuerzas Armadas en quehaceres civiles, en el marco de la ‘Operación Balmis’, que lógicamente, ha cambiado su funcionamiento y misiones.

Queda claro, que la ciudadanía cosmopolita de la que formamos parte, queramos o no queramos, hemos admitido no sin reproches, el alejamiento momentáneo de algunos de los derechos y libertades para que los gobiernos contrarrestasen la pandemia. Porque, valga la redundancia, una realidad excepcional, requiere de soluciones excepcionales.

La sociedad concurrente, en coyunturas tan cruciales, está conjurada a desenvolverse con conciencia democrática y no dejarse empujar por observancias e interpretaciones populistas, nacionalistas y autoritaristas, que encaraman el calibre de la centralización de los poderes para solventar las contrariedades que nos atenazan.

Foto: National Geographic de fecha 23-V-2020. 

El COVID-19 no lo derrota los gobiernos absorbentes e imperativos, sino sociedades libres y sensibilizadas con los principios que admiten a plenitud la democracia, como la vía para vivir pacíficamente y en armonía. Esta intimidación se deja sentir en el Viejo Continente: como se expuso en la primera parte de este texto, Viktor Orbán (1963-56 años) primer ministro de Hungría, ha sancionado una ley que le autoriza a conservar el estado de alarma permanentemente; o en Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin (1952-67 años), actual presidente, ha ensanchado la videovigilancia y el control telemático de sus ciudadanos.

Asimismo, desde los prolegómenos de la mutación epidémica, modificó la Constitución para perpetuarse en lo más alto a partir del año 2024. Y por si no quedase ahí la cosa, los partidos de la ultraderecha aprovechan la envolvente para atraer la insatisfacción popular.

¿Y qué ocurre con la Unión Europea?, una institución supranacional acomodada por estados democráticos, que es otra de las organizaciones que podría salir agraviada entre tantos desencantos. Fijémonos en las contradicciones virtuales de sus jefes de estado de los países miembros, que han demostrado el desliz de la solidaridad y la quiebra difícilmente enmascarada.

Perceptiblemente, Alemania y los Países Bajos se han resistido a dar el visto bueno, con fórmulas financieras extraordinarias para que España (28.678), Italia (32.735) o Francia (28.218), los más golpeados en el número de decesos, puedan compensar el endeudamiento producido por el virus.

Llegados a este punto, el coronavirus traza considerables dilemas a los Gobiernos, los autócratas protestan con gestiones severas y las democracias penden del consenso. Pero, ¿quién se ha provisto eficientemente para combatir el SARS-CoV-2? Lo más arriesgado estriba en que las democracias acaben transformándose en autocracias. La clave está en dilucidar qué partículas autocráticas se ocultan, porque si oscila el deleznable equilibrio de la libertad y seguridad, la inmunidad democrática se proyectaría a incertidumbres decisivas.

El COVID-19, ha conseguido que los populismos de tendencias desiguales le pongan coto a la causa globalizadora. Como ya se ha aludido, ante el acaecimiento epidemiológico, las administraciones han determinado el cierre de fronteras, la parálisis de la comercialización y la revisión de los movimientos de la población. Indudablemente, todo ello arremete contra la tangente de la fluctuación, por cuanto se ramifica un repliegue de los estados sobre sí mismos.

Se desconoce si será una andanada transitoria en los que, a duras penas, algo transite a la normalidad; pero, ante la posibilidad que pueda prolongarse, da la impresión que es un salto cualitativo de gran calado y que redunda en el modelo de los vínculos sociales, y, por supuesto, en el orden económico internacional.

Hemos discurrido, del teletrabajo al aplazamiento de celebraciones con el retorno moderado de la desescalada: algunas empresas han optado por disponer planes integrales de teletrabajo, otras, no lo han hecho por no estar técnicamente capacitadas para ello. Todas, se han animado a aplicar expedientes de regulación temporal de empleo, abreviado, ERTE, para simplificar el desgaste de la actividad.

Los autónomos advierten con espanto cómo se detiene su ocupación, al no disponer de redes de seguridad que los preserve. En España, las medidas económicas del Gobierno puede que socorran el espinoso momento, pero sus logros son suspicaces. Aun entreviéndose inquietud en las gentes, hasta ahora hemos reaccionado con cordura, exceptuándose conductas intempestivas relacionadas con el acaparamiento.

Al mismo tiempo, al golpe del coronavirus se ha identificado la réplica remisa a la crisis sanitaria y la inexactitud en la información y nitidez acerca de las contrataciones, el ninguneo de los distintos poderes del Estado y los recortes. Curiosamente, ante la pandemia, está siendo efectiva la labor de los gobiernos nacionales, véase China o Corea del Sur, al menos en lo que respeta a la propagación del virus y la reducción de las consecuencias en sus referentes países.

Quizás, premeditábamos que una gobernanza mundial resistiría las disyuntivas que se filtran, pero resulta que son tan descalificados estado-nación los que están a la altura de la severidad del problema, aceptando el liderazgo ante sus pertinentes urbes. En este entresijo fluctuante, con sus complicadas derivaciones macroeconómicas y el rastro catastrófico en la microeconomía de las familias, hay algunas incógnitas que nos orientan a la reflexión.

Primeramente, el coronavirus es el eslabón de una cadena de epidemias de las que tendremos que habituarnos y que se esparce presurosamente, gracias a la acentuación de las conexiones en una aldea accesible como la de nuestros días. Sin inmiscuirse, la praxis internacionalizada de productividad ilimitada, que define esta etapa de capitalismo global.

Hace unas décadas, allá por el año 1986, nos topamos con la enfermedad de las vacas locas, motivada por priones; más tarde, en 1997, la gripe aviar, cuando la cepa H5N1 causó un padecimiento respiratorio grave y últimamente, algunos componentes del COVID-19.

Todas, nos revelan los vaivenes de la economía universal, en tanto, las argumentaciones del beneficio. traslada a las empresas a fabricar a bajo coste en territorios concretos, para posteriormente, transferir los géneros sin que se implanten los adecuados controles sanitarios.

Y segundo, las reprobaciones cada vez más encolerizadas que acoge la economía, al constatarse que sus repercusiones no son tan favorables como se esperaba. Veracidad que no surge solamente de los grupos populistas, sino de sectores políticos más desarrollados. Afirmaciones demostrativas como las del presidente francés Enmanuel Jean-Michel Fréderic Macron (1977-42 años), reivindicando asentar la comunicación e interdependencia embravecida.

Todo ello, construye que radiquemos en una civilización más fragmentada entre los ganadores y los perdedores, con una desvalorización del papel central del Estado para el encaje de algún tipo de compensación.

Faltaría por vislumbrar, si los pulsos en el retroceso de los nacionalismos sucumbirán después que ceda la crisis y todo retorne a la moderación; o, más bien, estaremos en la antesala de una carrera escalonada de desglobalización, en las que el Estado reestablezca sus tareas reguladoras.

Consecuentemente, los sistemas políticos se dibujan con más matices en los períodos de perplejidad. Pero, lo que ha causado el coronavirus, lleva camino de convertirse en un ataque directo a la democracia.

Ni el comunismo soviético ni el nacional-socialismo, podrían comparárseles como tales. Aquellas eran auténticas embestidas y choques externos y operaciones bélicas de verdad: por ser fragosa y caliente, como la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra e, intricada y fría, como la Segunda Guerra Mundial.

Sabemos que esta no es la naturaleza de una conflagración, como tal, nadie nos está acometiendo, salvo que percibimos a un enemigo invisible y letal; no es el desmoronamiento por una arremetida desde el exterior, sino el desplome por no estar capacitados para enfrentarnos ante un aprieto sanitario que nos puede arrastrar a la destrucción.

Lo que el coronavirus nos deja caer en la balanza, es la recuperación económica, que no es simplemente y que ya es mucho, sino también, la forma de organización político-jurídica de nuestra convivencia democrática. Esa, que generaciones del pasado como las que se nos han marchado en estos días por culpa del patógeno, se dieron juntos con tantos sacrificios y desvelos.

Tras el coronavirus, gravitará otro entorno, pero este no puede describirse ni por el declive de los derechos y las libertades, ni por el desenlace de la UE. El SARS-CoV-2 nos ha reprimido en todas las hechuras habidas y por haber, pero, ¡no consintamos que derrumbe los valores democráticos!

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