La efervescencia legislativa del Gobierno ha puesto encima de la mesa un tema de plena actualidad, como es la preocupación por la calidad de las leyes. La derogación (sedición) y aplanamiento (malversación) de delitos de incuestionable trascendencia, pone de relieve la finalidad esencial de la técnica legislativa, como es evitar la confusión en quiénes deben cumplirlo y en quiénes deben aplicarlo.
Leyes trascendentales como la modificación del Código Penal y la de garantía integral de la libertad sexual (‘Sí es sí’) ya han producido efectos colaterales y acentuado la exigencia de garantizar la seguridad jurídica, uno de los principios básicos de cualquier Estado. Churchill lo clavó: «La democracia es muy difícil de definir, pero cuando ya no está, se nota enseguida…»
¿Qué pasaría si esos efectos secundarios, ya consagrados en el BOE, afectasen al secreto oficial que desnuda al Estado? La Ley de Información Clasificada, que sustituye a la regulación franquista de los secretos oficiales, se encuentra en trámite parlamentario que se adivina convulso.
La apelación, recurrente, del Ejecutivo al procedimiento de urgencia está en el origen de un duro dictamen del Consejo de Estado, que responde al ninguneo —práctica social consistente en descalificar, por la vía de la indiferencia— reiterado a una institución esencial, que ha alertado sobre la forma de legislar del Gobierno y ha pedido respeto a su propia función, como máximo órgano consultivo del Gobierno de España.
Sobre los planos recentales de la Información Clasificada, las quejas se extienden a la definición de categorías de protección y órganos competentes; los procedimientos de clasificación y desclasificación; el proceso a seguir para acceder a la documentación y el régimen sancionador.
De todos ellos, los aspectos más controvertidos son los plazos porque el papel del Ejecutivo «tiene muchas zonas de penumbra y opacidad». La información considerada de alto secreto se desclasificará pasados 50 años de forma automática, aunque de manera «motivada y excepcional» podrá aprobarse una prórroga de 15 años más. La catalogada como secreta se podrá consultar transcurridos 40 años.
Las consecuencias de una mala técnica normativa, cuando afecta a los secretos de Estado, son de extrema gravedad. Como apunta un respetado interlocutor, se asemeja al sexo tántrico, que requiere una gran delicadeza y no admite prisas.
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En medio de semejante estrépito, se enmarca algo tan inaudito como la aparición de documentos clasificados (DC) en oficinas, viviendas y hasta un garaje, de los últimos presidentes que han ocupado la Casa Blanca.
Un primer lote de 10 documentos clasificados (DC), fue descubierto por uno de los abogados del presidente Biden, en su oficina del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement (laboratorio de ideas, creado en 2018, que usó hasta el lanzamiento de su candidatura presidencial de 2020).
La primera, en la frente: Resulta sorprendente que haya sido su equipo legal el que empezara, de sopetón, a buscar DC y se hiciera con dos acopios, que ya han sido entregados a la Administración Nacional de Archivos y Registros, agencia encargada de gestionar los registros del gobierno federal donde, por ley, deberían haber estado desde el principio.
La cadena de televisión CBS fue la primera en informar del descubrimiento, dos meses después de que un abogado del ya presidente Biden fuera a la oficina —utilizada por quien fuera vicepresidente con Obama— con el pretexto de retirar material pendiente.
Al parecer,la mayoría de los DC, encontrados en el Penn Biden Center, en un armario cerrado con llave, tienen que ver con países extranjeros y estaban mezclados con otros legajos personales, algunos relacionados con la planificación del funeral de su hijo Beau, fallecido en 2015.
La segunda, en la boca: Después de la primera incursión, un nuevo lote, con un «pequeño número» de DC adicionales fueron recuperados del garaje y una habitación adyacente de la residencia de Biden en Wilmington (Delaware).
Dos meses después del descubrimiento, Biden se mostró, simplemente, “sorprendido» al enterarse del hallazgo. Y la pregunta que subsiste: ¿por qué esperó a noviembre para devolverlos, en vez de hacerlo inmediatamente?
Resulta inevitable retrotraerse a 2016, cuando Trump convirtió en eje de su campaña presidencial una indagación de la Fiscalía sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de su rival demócrata, Hillary Clinton.
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Durante un registro del FBI, a instancias de Merrick Garland —que ejerce las labores de ministro de Justicia y Fiscal General del Estado— el pasado 8 de agosto fueron recuperados 300 DC, en la residencia del expresidente Donald Trump, Mar-a-Lago, en Florida. Semanas después, agentes de investigación e inteligencia encontraron 100 DC adicionales.
Es probable que la posesión de DC, por parte de Biden, le prive de criticar sin tapujos al expresidente Donald Trump por su propio manejo de material sensible, aunque los casos y el enfoque de ambos presidentes hayan sido notablemente diferentes.
Dos situaciones que demandan distinto trato: alguien que descubrió los DC, que deberían haber estado guardados en otro sitio, los entregó y buscó otros en sus propiedades, no guarda parangón con alguien a quien se pidieron oficialmente los registros, su abogado legitimó que eran todos, le solicitaron los que faltaban y se negó a devolver documentos que no le pertenecen y la ley establece que deben devolverse a los archivos nacionales.
Tener los DC en dependencias privadas —incluido un garaje— fue una aparatosa práctica negligente por parte de ambos presidentes, pero no hay comparación posible, ni por volumen, ni por la disposición o negativa a devolverlos, ni por la obstrucción o colaboración con las investigaciones.
El fiscal general, Merrick Garland ha nombrado para Mar-a-Lago un abogado especial, Jack Smith, y ha asignado la investigación sobre la posesión de los documentos de Biden al fiscal Robert Hur, experto en antiterrorismo y corrupción. Una decisión que podría llegar a limitar la capacidad de Biden para hablar públicamente.
A la espera de conclusiones, lo que parece más cardinal es cómo los documentos llegaron a estar allí, el nivel de clasificación de los documentos y cómo se pasaron por alto. Hay negligencia en ambos casos, aunque suponiendo que el nivel de clasificación fuera el mismo, el descubrimiento de los documentos en un garaje es una infracción más grave que en un dormitorio o en el despacho de una casa.
El actual inquilino de la Casa Blanca tuvo 4 años para ocuparse de esto y no lo hizo, lo que revela un deficiente manejo del material clasificado, del que no se han dado explicaciones sobre su contenido.
La división que caracteriza la situación política podría explicar que la elección —dentro de la familia republicana— del presidente de la Cámara de Representantes, haya precisado de 15 votaciones e innumerables concesiones a la minoría trumpista.
El develamiento de los papeles de Biden —que, en su día, llamó a Trump «irresponsable», por la sustracción de cables secretos y otros papeles— hace difícil que Garland autorice el procesamiento de este, incluso si es merecido. Entretanto, los líderes republicanos en el Capitolio han alegado un doble rasero en la forma en que Gobierno y medios han tratado ambos procesos, una prueba más de la supuesta parcialidad política.
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George Orwell escribió: “Es espantoso que gente ignorante tenga tanto poder” (“It is frightful that people who are ignorant should have so much influence”).
Cabe recordar a impacientes y agnósticos que el hecho de que, tanto Trump como Biden se enfrenten —por su pésimo manejo de documentos clasificados— a dilemas muy serios y prolongados en el tiempo, entraña un contratiempo de mayor cuantía para la Nación. Algo así sucede con la astringencia legislativa —ahora le toca el turno a la Información Clasificada— a la que estamos asistiendo.
El momento español requiere meticulosidad en los responsables de gobernar e impartir justicia; no ha lugar a pretender el allanamiento de los jueces a la voluntad del Ejecutivo; tampoco respuestas cuarteleras a asuntos complejos ni «urgencias injustificadas» que afectan a la calidad de las leyes y al «control de legalidad y constitucionalidad», porque entonces las garantías se resienten.
