La incertidumbre innata de la compleja, dinámica y global pandemia
Fotografía extraída de National Geographic de fecha 13/V/2020, la breve reseña insertada en la imagen iconográfica es obra del autor

La incertidumbre innata de la compleja, dinámica y global pandemia

En el actual entorno que vivimos, advertimos un sinnúmero de informaciones sobre materias médicas, epidemiológicas o sobre la gestión política de la pandemia. Cada una de estas afirmaciones o negaciones, se aúnan en numerosos medios de comunicación y en su inmensa mayoría, provienen de noticias, estudios o divulgaciones científicas.

En ningún tiempo antes de la Historia más reciente, una dificultad de este calado había concitado tal cantidad de averiguaciones e impulsos intelectuales y económicos. Sin embargo, tenemos la sensación que no ha sido suficiente para resolver las grandes fluctuaciones que sobrevuelan en la peor crisis sanitaria que hayamos conocido.

Sin lugar a dudas, los indicios del COVID-19 se vuelven esencialmente importantes para normalizar la proyección y mentalidad de la ciudadanía, pero, además, son desafiantes por el escepticismo que rodea el espectro de incógnitas todavía sin resolver. La pandemia vírica ha venido acompañada con una enfermedad turbulenta y de desconcierto y averiguaciones cruzadas e inquietantes. La precipitación por dar con la tecla de una vacuna, ha sobrepasado los límites consabidos y por haber.

Lo cierto es, que cada jornada que acontece sin una escapatoria, mueren en el mundo miles de personas.

Parece, como si estuviésemos en un callejón sin salida, sumidos en una calamidad inimaginable que ha producido la quiebra de una economía próspera, avanzada y de servicios, cimentada en los vínculos personales y con un sistema de bienestar, cuyos remiendos del 2009 habíamos conseguido coser con incontables sacrificios.

Por más que sondeemos en los anales de otras crisis financieras: 1803, 1808, 1864, 1882, 1929, 1936, 1941-1960, 1975, 1981, 1992 o 2009, respectivamente, ahora una vez más, 2020. La que hoy por hoy nos confisca, no tiene un patrón definido, en ella todo es indecisión y confusión por los entresijos en los rebrotes; o cómo discurrirá la normalidad; o la amenaza de mutar en otra crisis, porque se desconoce qué podría estimular a la recuperación. Y, es que, ¡rara vez se traza una ‘V’ simétrica que reconstruya el nivel!

La cuarentena acumulada ha hecho aflorar localidades nuevas y más atractivas, sin contaminación o ruido, redescubriéndose el barrio y el vecino; apreciándose los pequeños comercios. En contraposición, muchas personas han aguantado en viviendas estrechas y con el desconfinamiento, la muchedumbre se aprieta en las aceras; echa en falta los parques y se siente insegura en los medios de locomoción.

Han variado tantísimos aspectos de la cotidianidad, mientras que otros deberán permutar a largo plazo, que, irremisiblemente, estará en juego el encaje de adaptarnos. Con lo cual, es momento de innovaciones con sentido positivo y no alarmista. Tal vez, se nos abre un horizonte con mayor amplitud de visión en el espacio público, que antes no percibíamos.

En cambio, las referencias manejadas en cuanto a la proporcionalidad de personas que han pasado el contagio, es bastante insignificante para lograr una inmunidad protectora. El virus está candente y por doquier, transita al acecho de cobijarse en cualquier sistema inmunológico.

No resulta incoherente presagiar, la probabilidad de una segunda oleada.

En otras palabras: el coronavirus es como un movimiento sísmico con varias sacudidas, pero, lo que se desconoce, es si la réplica producida hace unos meses pertenece a la de más intensidad, o si por el contrario, habrá una siguiente más fuerte. Refiriéndome, a que nos atinaríamos ante una segunda oleada o quizás, otras más.

¡No se trata de ser pesimista, pero, sí, realista!

Cuando el coronavirus irrumpió en España, los especialistas internistas y los neurólogos, desconocían qué protocolo específico tenían que seguir, porque era un virus desconocido; por eso somos bastante frágiles ante su infección.

Con los datos que disponemos, si previsiblemente surgiera una segunda oleada, estaríamos en un punto con algo más de luz y experiencia para el tratamiento de los pacientes.

Principalmente, todo estriba en la proporción de población que haya sido contagiada. De ahí, la trascendencia del estudio de seroprevalencia, que arrancó el día 27 de abril con la pretensión de hacer una estimación en la prevalencia de infección, mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo.

Como es sabido, el Instituto Nacional de Estadística eligió al azar más de 36.000 hogares españoles, de los cuales, 90.000 personas estaban citadas a participar voluntariamente. En la primera fase, se procedió a un primer test rápido de anticuerpos con un simple pinchazo en un dedo; y posteriormente, una segunda prueba serológica de anticuerpos con la muestra de sangre, como habitualmente se haría en una analítica rutinaria.

Del análisis se desprende, que un 5% de los estudiados, o lo que es igual, más de dos millones de personas se han infectado por el COVID-19. Teniendo en cuenta que en la jornada del 3 de mayo, fecha en la que se materializó el examen, había al menos 25.400 decesos confirmados, la mortalidad del virus supone el 1,1%. Un guarismo algo por encima de las mejores estimaciones favorables, porque revelan que fallecen entre el 0,5% y el 1% de los enfermos. Es lo que se denomina por sus siglas en inglés, IFR, la tasa de muertes por infectados. Luego, la suma incumbiría al 1,3%, si se contabilizasen las 5.900 víctimas dudosas aun sin confirmarse.

Los resultados citados nos reportarían a una doble lectura en su razonamiento.

Primero, en la cara positiva, en teoría el porcentaje de la población afectada no ha sido tan dominante como inicialmente pudiese haberse argumentado. Justificándose que la transmisión de la pandemia no ha sido tan explosiva y que se moderaría con pautas de distanciamiento social.

Segundo, en la cara negativa, subyace que el 95% del resto poblacional, continúa siendo susceptible y no alcanzaría la inmunidad de grupo hasta el descubrimiento de la vacuna. Por lo tanto, las conclusiones preliminares de seroprevalencia indican, que nos encontramos muy lejos del escenario adecuado para cualquier gestor sanitario, con miras a hipotéticas crisis y evidencia la peligrosidad del virus.

Sin soslayarse, el alcance en las mutaciones, porque, en consonancia a la mutación, el virus disminuye su potencial patogénico y virulencia, pero, para sostener esta confirmación, hay que estar muy pendiente de sus formas en desenvolverse y en ello, es primordial las aportaciones procedentes de los virólogos. De hecho, únicamente se han descrito tres mutaciones y cada una de ellas, valga la redundancia, han tomado trayectorias con disminución en su patogenicidad y virulencia.

Otros virólogos consideran al respecto, que concurren dos escenarios creíbles.

Uno, un permisible rebrote si la desescalada no se materializa atendiendo con rigor los procedimientos establecidos, como conservar el distanciamiento; impedir concentraciones multitudinarias; llevar mascarilla o el lavado de manos abundante, hasta que el índice de contagios se reduzca.

El otro, que es lo que de suponer sucederá, que el SARS-CoV-2 pase a ser un virus estacional, transmitiéndose como ocurre con el virus de la gripe. E incluso, el coronavirus podría volverse crónico, como la gripe y anualmente retornar, acrecentando de manera intensa las posibilidades de inoculación.

Tampoco faltan, quienes proponen que tanto las reglas de desescalada como las de desconfinamiento, se han implementado prematuramente; coyuntura que favorecería irrevocablemente que se produzcan más incidencias en las infecciones. Visto con otro vocablo: las restricciones impuestas se han suavizado por adelantado, debido mayoritariamente a las presiones generales que subyacen.

Más que el intervalo designado para emprender el desconfinamiento, inquietan las conductas y actuaciones particulares, o el compromiso fusionado de ciertos colectivos de la sociedad y la extrema ambición regulatoria del Ejecutivo central.

En ocasiones, el reglamentar todos los procederes, obtiene consecuencias malignas.

Igualmente, la altura de miras en cuanto a la responsabilidad que es de todos, tiende a crecer entre los mayores y adultos.

Si a lo expuesto se le añade la opinión del Director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, de fecha 12 de mayo, que en los últimos días han trascendido informaciones científicas y de estudios que ponen contra las cuerdas los test rápidos de anticuerpos, como mecanismos para averiguar que cualquier individuo ha franqueado el coronavirus, más se amplifica la inseguridad en el imaginario social.

Más aún, al contrastarse propagaciones en menores desde su salida a las calles el 26 de abril: los episodios contabilizados en los niños, prosiguen aumentando, si bien, a una cadencia mínima que al comienzo.

En atención al ‘Informe sobre la situación del COVID-19’, observando la curva epidémica de casos según la gravedad y las características demográficas, clínicas y antecedentes epidemiológicos de riesgo, así como la distribución del número por grupos de edad, ese mismo domingo 26 de abril, con reseñas afianzadas a las 21:00 horas del día anterior, el Ministerio de Sanidad comunicaba que existían 634 casos de menores de 0 a 9 años.

Toda vez, que el 11 de mayo, los parámetros acumulados en esta franja se elevaban a 829; es decir, un 30,76% más de niños contagiados en 15 días. Del mismo modo, ascendieron los hospitalizados de 213 a 270 cuantificados, lo que se traduce en el 26,76% más. Asimismo, en las Unidades de Cuidados Intensivos el aumento representó el 39,29%; de 28 a 39 casos.

En lo que atañe a los fallecidos, se conservó en dos.

En la franja entre los 10 y 19 años, los incrementos porcentuales reconocidos son prácticamente equivalentes: el 26 de abril se constataron 1.129 casos; en contraste con el 11 de mayo que ascendieron a 1.545, un 36,85% más. En cuanto a las entradas en los centros sanitarios, los adolescentes hospitalizados se encaramaron a un 25,46%, dando el salto cuantitativo a 271 de 216.

En este universo fluctuante, cada vez son más los científicos que se pronuncian, declarando que es necesario concienciarse a largo plazo de una convivencia con el coronavirus; amén, que los expertos advierten que las vacunas efectivas han requerido más de cinco años para desarrollarse.

Recuérdese, que han transcurrido más 35 años, o séase, 1984, cuando por entonces, se informó de la identificación del virus de la inmunodeficiencia humana, abreviado, VIH, el sida y se pronosticó que una vacuna, poco, más o menos, estaría preparada para ser comprobada en aproximadamente unos dos años. Para dichos esfuerzos, se emplearon equipos, dinero y tiempo; pero, lo que es en el 2020, aún no se ha alcanzado.

Lo que sí se ha logrado es que el padecimiento sea crónica: ya no es mortífero, pero no se cura, conviviendo con él quiénes lo padezcan, de por vida. De los virus existentes, la Organización Mundial de la Salud, abreviado, OMS, reconoce siete clases distintas de coronavirus que perturban a los humanos: el primero retratado en la década de los sesenta, sin vacuna o medicamentos antivirales para precaverse o, al menos, aminorarlo en su tratamiento.

Los trechos han permutado y la ciencia ha evolucionado muchísimo.

Nadie quita las voluntades denodadas de equipos multidisciplinarios e internacionales, que se afanan sin descanso para elaborar la primera vacuna. Hubo quienes avanzaron que en menos de dos años, se desarrollaría un agente seguro contra el COVID-19.

Lo cierto es, que cada vez son más las alegaciones que se inclinan por pedir la serenidad en comparación con la impaciencia.

Las vacunas desarrolladas hasta el presente, requieren no solo de etapas de sondeo, supervisión e inspección, también, de ensayos clínicos entre la población reinante. Indudablemente, ello se dilata en los años, por muy pocos que sean, para tener garantías de su efectividad y tantear a largo plazo, los efectos secundarios.

Simultáneamente, los expertos hacen alusión a una aldea global sin vacunas, previniendo en la necesidad del diseño de opciones como la investigación más profunda en la cuestión de la inmunidad en personas que han dado positivo, para así entender si se le mantiene a salvo de futuros contagios o no y por cuánto tiempo.

Tampoco puede obviarse en este pasaje, la primera denuncia colectiva contra el Gobierno Central, por motivos del coronavirus: las familias de 3.268 de los 26.744 finados registrados hasta el 11 de mayo por los recuentos oficiales, un 12,2% del total, tienen el propósito de agregarse a la demanda interpuesta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por un presumible delito de homicidio imprudente para la defensa de los Derechos Constitucionales.

En la querella se hace responsable al Presidente del Gobierno y a cada uno de los integrantes de su gabinete, por la sobreentendida comisión de este delito a cada una de las víctimas que han resuelto incluirse en esta causa; solicitándole las documentaciones e informes oficiales sobre la epidemia desde su irrupción, así como las cantidades demostradas de infectados y defunciones.

Mismamente, se puntualiza que los familiares de quienes instruyen esta acción penal y los que se añadirán, “murieron en condiciones ciertamente indignas de un ser humano”, debido “al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados”. Es decir, los miembros del Gobierno. Incidiendo en la demanda, en que contravinieron sus deberes como órgano colegiado “por la tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación, los efectos de la epidemia del coronavirus COVID-19”.

Pese, a que en los inicios del año hubo constancia del primer contagiado en España y que en febrero pereció el primer individuo por el virus, literalmente la querella continúa señalando: el Ejecutivo “no había adoptado medida alguna de prevención durante más de un mes, desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud, sino que, más bien y al contrario, negó su propagación en nuestro país”.

Hoy, las 116 familias de muertos sin un beso ni abrazo, han comparecido y los que faltan, se irán añadiendo sucesivamente conforme reciban el Certificado Médico de Defunción de sus seres queridos, indispensable para interponer la acción. Un sumario que lógicamente reportará a meses y años en su fallo.

Consecuentemente, sabedores que nos atinamos en coyunturas arduas, complejas y cambiantes con gravosas ramificaciones sanitarias, económicas y sociales que nos sitúan en contextos límites e inexplorados, se toman decisiones que no están en la lógica del curso de los acontecimientos y en circunstancias tan extraordinarias, pueden ser la punta de lanza para convertirse en objeciones siniestras y malévolas, dejando en la cuneta la posible solución y erigirse en un problema colosal.

En la delicada e inesperada situación, no siempre se acierta con las más apropiada de las actuaciones. Por eso, se debe ponderar en la búsqueda de la bondad y la eficiencia, pero bajo ninguna fórmula y encrucijada, que viole los sagrados derechos humanos.

En aras del más sagrado de todos: el don de la vida, es especialmente espinoso servirse de la adversidad para escudar dictámenes que atentan contra la ética y los valores de las personas, que no son otros que los valores humanos.

En estos últimos días hemos podido conocer con perplejidad, no en pocos medios de comunicación, la filtración de un Informe de la Consejería de Salud de Cataluña, en el que se insinúa con complicidad, que el personal de Servicio de Emergencias Médicas prevengan a los parientes de los pacientes de COVID-19, con pronóstico reservado por edad o patologías previas y cuyo traslado a los centros ha sido desautorizado, que “la muerte en casa es la mejor opción”.

A este tenor, el protocolo referido determina la “limitación de esfuerzo terapéutico para pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda,” e impide a todas luces, “el empleo de ventilación mecánica invasiva para los pacientes que superen los 80 años”.

Por ello, ¡no podemos permanecer de brazos cruzados, ante lo que se entrevé como un ataque frontal al derecho a la vida de las personas, ante la insolencia de decidir quién vive o quién muere!

Un ejercicio administrado por el más acentuado de los sentidos éticos y del ineludible compromiso de asistir y de no hacer daño alguno.

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Fotografía extraída de National Geographic de fecha 13/V/2020