El asalto a las instituciones que van desde el CIS, cuyas verdades son tan fiables como las de Sánchez, RTVE, convertida en órgano de propaganda y agitación, el TC, eregido como una instancia revisora del TS a la carta para blanquear a los suyos, la Fiscalía General, que hace las veces de abogada del Gobierno y fiscal de la oposición, el INE, el Banco de España, la SEPI, la colonización de empresas públicas del IBEX… y organismos públicos que deberían preservar su neutralidad aparecen cada vez más subordinados a intereses partidistas. También ha sido una constante en el sanchismo hacer de los medios de comunicación públicos instrumentos sectarios a su servicio.
Pero su verdadera obsesión es el control de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Respecto a estos últimos, con el advenimiento de la democracia se tomó la prudente decisión de poner un político en la cúspide de cada uno de los dos cuerpos estatales debido a la desconfianza de su lealtad al nuevo régimen. Pronto se comprobó, con el nombramiento de Luís Roldán (1986), el peligro de arrastrar al Instituto Armado al desprestigio, en este caso con un escándalo de corrupción que dio la vuelta al mundo. Los dos últimos directores, Leonardo Marcos y Mercedes González, están implicados en el caso «Cloacas», bastante más grave por muchos millones que arramplara el navarro.
No ha sido un caso de corrupción más de los que estamos acostumbrados. No. Esto es crimen organizado, un ataque en toda regla a los contrapoderes del Estado montado, respaldado, dirigido, financiado, permitido por acción u omisión por el partido socialista, mientras se presentaba ante la sociedad como una víctima de una cacería ignominiosa, de una conspiración malévola.
También se han llevado por delante a altos mandos del Cuerpo que no supieron sobreponerse a los abusos y presiones de sus jefes políticos ordenando a sus subordinados que se pusieran de perfil, que no fueran proactivos ante los casos que perjudicaban al Gobierno. De incumplir la orden se tendrían que atener a las consecuencias. Las represalias a Pérez de los Cobos y a Sánchez Corbí por no plegarse a los intereses partidistas era toda una advertencia. Leire había puesto precio por la cabeza del jefe de la UCO, el coronel Balas. «Necesito a Balas, ¿Vale? Así de claro».
Pero el coronel, por orden judicial, entró hasta en el despacho del DAO en busca de documentos que acreditaran sanciones o presiones a personal de la UCO, que investigaron en casos que perjudicaban al Gobierno y el asunto siguió adelante. Es triste ver como es Gobierno ha convertido en una acción poco menos que heroica el cumplimiento del deber de los agentes y que algunos de estos hayan olvidado que «El Honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarse sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás».
Bueno sería que, acabadas las sospechas de deslealtad democrática, estos cuerpos recuperaran las direcciones generales respectivas para un uniformado que, como ocurre en la mayoría de países occidentales, dependiera directamente del Ministro del Interior. Y que las unidades de policía judicial se blinden legalmente a las injerencias de los políticos.
Julián Delgado (escritor)