Una orden de detención —caza y captura— emitida contra el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia (74 años), diplomático de bajo perfil y alto designio; la denuncia de 30 expresidentes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por terrorismo de Estado y la incautación en Dominicana del “falcon” presidencial.
Es la imagen de un régimen que sigue dando (y recibiendo) golpes cruzados, mientras el resto del mundo se desentiende del horror y una cuarta parte de la población huye de la pobreza y la represión.
La corrupción enquistada en la democracia de Carlos Andrés Pérez (CAP), llevó a decantarse por líderes «populistas» que hicieron de la violencia y la opresión asideros inexpugnables con los que aferrarse al poder. Ahí se perdieron las libertadesEl declive del sistema ofrece evidencias —democracia ineficiente, autoritarismo implacable, corrupción exponencial y una impudicia que va destruyendo la fibra moral que pervive agonizando— cortejadas por sanciones económicas, cargos orwellianos de «incitación al odio» (¿le suena, estimado lector?) y fraudes sucesivos…que truncan cada día nuevas vidas. De ahí, el éxodo.
El conflicto no se va a mitigar y a la oposición, por fin unida, le ha llegado la hora de ajustar cuentas, votando masivamente, sin equidistancias, con pruebas que acreditan su victoria y el grosero fraude electoral (mezcla de matonismo y desprecio), de quien se autonombró presidente sin que todavía se hubieran publicado los resultados.
Cuando un régimen que tiene el monopolio del empleo de armas de fuego, practica terrorismo de Estado y se niega a aceptar los resultados de elecciones democráticas ¿qué más pruebas necesita la comunidad internacional, para abandonar esos vaporosos comunicados con los que acostumbra a salir al paso?
El denuedo de los venezolanos merece su apoyo incondicional y sin fisuras ante dos escenarios que se contraponen:
Una salida negociada, que facilite un cambio pacífico y duradero, mediante la oferta firme de Washington de que no se procesará a la nomenclatura del chavismo —enfrentada a sanciones y acusaciones penales— si se reconoce la derrota electoral y abandonan el cargo.
En este delicado e incierto proceso, el presidente brasileño, Lula da Silva está en una posición impar para mediar y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) para suspender la investigación sobre crímenes contra la humanidad, como parte de un acuerdo entre una oposición que ha ganado las elecciones y la administración saliente.
Esta transición acordada (susceptible de infundir un descontado escepticismo en quienes no se muestran dispuestos a aceptar una escapatoria que blanquee los abusos: derechos humanos y corrupción generalizada) comportaría beneficios prácticos: restauración de las instituciones democráticas y el Estado de derecho y recuperación económica.
Una ofensiva en toda regla. Para buena parte de los venezolanos, la inclinación natural sería la inmediata rendición de cuentas, incluida la venganza.
Sin anunciar medidas concretas de penalización, la declaración del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken —denunciando el fraude y apuntando como ganadores al opositor y su carismática escudera, María Corina Machado— equivaldría al reconocimiento formal del legítimo presidente de Venezuela.
Para un respetado analista venezolano, factoría Harvard, crítico con lo que llama una fiesta orgiástica, en la que dice está inmersa la oposición —actas para probar el fraude, convocatoria de marchas—es una terrible pérdida de tiempo “probar lo probado es una forma cantinflérica de llover sobre mojado”.
Su planteamiento: que el primer acto de gobierno debería consistir en dar luz verde a la Administración de Control de Drogas (DEA) para materializar las órdenes de captura —que hizo Interpol— a quienes controlan las principales rutas del narcotráfico. Al ser la DEA un grupo policial de élite, con equipo militar, la responsabilidad recae en el Ejecutivo nacional; de tal manera no se podría denunciar injerencia de potencias extranjeras.
Hasta que eso ocurra, en cualquier caso no antes de las inciertas elecciones de noviembre, todos los venezolanos deben protegerse del fuego de la calle. Ya se sabe que “en pelea de grandes pierden los chiquitos …»
Esta no es tarea fácil. Estados Unidos tiene un currículo que no lo convierte en árbitro objetivo en América Latina. Desde que Hugo Chávez (¿por qué no te callas?) fue elegido presidente en el 98, la potencia imperialista entrometida apoyó intentos de golpe de Estado, en dos ocasiones (2002 y 2018)
Ningún estado miembro de la Unión Europea ha reconocido «la farsa». Con esa vaporosidad dialéctica con la que los 27 tratan de ponerse de acuerdo, mientras paren ratones, resignación a que el dictador se mantenga en el poder como presidente de facto, sin la “legitimidad democrática“ que da ganar elecciones. Como estrambote, la petición al gobierno bolivariano de que «ponga fin a la represión», tras haber detenido injustamente a «más de 2.400 personas», por haber apoyado a la candidatura vencedora.
El Centro Carter —con sede en Atlanta y más de 100 elecciones observadas en todo el mundo— envió a Caracas una delegación de 17 personas, que se reunieron con la autoridad electoral, candidatos, partidos políticos y fuerzas armadas. En un demoledor informe, el único observador electoral independiente al que el chavismo permitió entrar en el país, denunció el incumplimiento de las normas internacionales, reprobando al tiempo que el gobierno no hiciera público el recuento de votos.
Cuando, exultante, el presidente de la República (62 años), salió a las puertas del majestuoso Palacio de Miraflores, exigiendo a la comunidad internacional respeto al fraude electoral e instando a “no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela” no podía imaginar que, poco tiempo después, le iban a confiscar un“falcon” de contrabando. Todo un hito en materia penal.
El avión comprado ilegalmente, por 13 millones de dólares, a una empresa fantasma con sede en el Caribe, se encontraba para mantenimiento en la República Dominicana, cuyo gobierno cooperó con la fiscalía general norteamericana, para incautarlo y llevarlo de vuelta a Florida.
El exordio del jefe del Estado venezolano traía a la memoria lo que dijo su maestro putativo, Fidel Castro, cuando el gobierno de Kennedy quiso inspeccionar, en territorio cubano, a los barcos soviéticos que retornaban los misiles nucleares a Rusia: «A este país no lo inspecciona nadie». Palabra de cubano.
La clave podría estar en quienes se han hecho con el “núcleo duro” del régimen: policía, ejército, agencias de inteligencia y medios de comunicación que, a cambio de recibir incentivos por parte de la oposición y la comunidad internacional, entendieran que su mejor opción es la contraria. Sin ese potencial caladero ¿el castillo de naipes del chavismo se derrumbaría?
El país con mayores reservas de petróleo del mundo se convierte en el espejo paradigmático de lo que le puede esperar a un país cuyo gobierno se inspire en prácticas totalitarias que lleguen a desafiar el orden constitucional.
