Como telón de fondo de la crisis migratoria acontecida en la Ciudad Autónoma de Ceuta los pasados días 17 y 18 de mayo, hoy son numerosas las piezas de un puzle que comparten comúnmente los Reinos de España y Marruecos. Además, de una historia incomparable, estos países se identifican por unas relaciones inspiradas en la vecindad y en los desempeños provenientes de sus respectivas posiciones geográficas. Esencialmente, las de ser el lazo de unión entre África y el Viejo Continente.
Ni que decir tiene, que la buena sintonía es un mecanismo explícito en lo que atañe a sus nexos, que en ocasiones es presentado como una potencial amenaza; mientras, que en otras, se enfatiza su protagonismo como socio y aliado estratégico.
De hecho, la política de ‘colchón de intereses‘ que adquirió su traza en las postrimerías de los ochenta y que aún sigue en vigor, surge de la confluencia de ambas percepciones. Por entonces, se pretendía atenuar las escaladas de tensión bilaterales, entretejiéndose una red de alicientes cruzados que amplificaran el coste político y económico de la confrontación.
Bien es cierto, que la cercanía terrestre ha allanado los intercambios económicos y culturales y, a su vez, ha predispuesto una fuente de pugnas por conjeturas de índoles económicas, políticas u otras; pero, actualmente nadie duda, que se concatenan vínculos robustos a uno y otro lado del Mediterráneo. Hasta el punto, de quedar inconcluso el semblante que caracteriza a estas dos orillas, sin la aportación de una y otra, ante la atenta mirada de las Columnas de Hércules.
De esta manera, desde la conquista de Al-Ándalus en el siglo VIII, transitando por la Reconquista (722-1492), la incursión Ibérica de los litorales marroquíes y el dominio colonial, se desenvuelven en una sucesión de acontecimientos que han dejado rastro en una u otra sociedad.
Pero, si nos detenemos en las correlaciones bilaterales desde la presencia del Estado marroquí, habitualmente se contempla la estampa de etapas de mayor o menor contribución y conflictos, teniendo su centelleo en Tratados y Convenios rubricados en diversas cuestiones cómo la retrocesión de Tarfaya e Ifni, 1958 y 1969; la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid y la retirada española del Sahara (1975-1976); los laberintos de pesca, el Acuerdo de Amistad, buena vecindad y cooperación (4/VII/1991), la crisis de 2001-2003 y la normalización emprendida en 2004.
Lógicamente, este legado ha ayudado al diseño de las líneas generales en las analogías de futuro y al encaje de los cimientos en cuanto al entendimiento, aunque desde un tiempo para acá, las circunstancias excepcionales y también caprichosas parezcan decirnos lo contrario. Luego, detrás de la entrada de migrantes a Ceuta en una cuantificación nunca antes originada, se enmascaran un sinfín de erosiones por las fricciones diplomáticas de casi medio siglo.
Con estos mimbres, el asedio manifiesto de la migración masiva configura un contexto inédito en la política exterior de Marruecos hacia España y la Unión Europea, UE, en la que por un lado, se tensa la cuerda y, por otro, se afloja. Corroborándose el vacío del señuelo en despolitizar los roces bilaterales a base de interdependencia, y lo desacertado que resulta desempolvar tabúes y trabas territoriales.
Y, es que, en lo retrospectivo del pasado, se nos recuerda que los mapas siguen amasando fisuras abiertas, aun habiendo transcurrido sesenta y cinco años desde la descolonización del Protectorado de Marruecos, y cuarenta y cinco de la insólita retirada española del Sahara Occidental.
Tanto la disyuntiva eternizada de la soberanía de este último enclave no autónomo, como la pretensión marroquí y el entramado geopolítico de las Ciudades Autónomas, son materias que hace décadas el Ejecutivo Central habría tachado gratamente de su agenda bilateral, porque desde 1976, oficialmente España se proclamó “desligada de toda responsabilidad de carácter internacional” sobre su Administración.
Sin embargo, la tesis territorial parece infiltrarse por la puerta falsa con mayor o menor estridencia y enredarse endiabladamente.
Si a ello se añaden los rozamientos diarios hostigados en los últimos tiempos por las políticas de externalización de fronteras de la UE y sus Estados miembros, los desaires son inacabables y como una marioneta se afea el ingrato papel del gendarme de Europa.
Las consecuencias no pueden ser otras: lo territorial se erige en el talón de Aquiles de las políticas exteriores española y europea hacia el Reino Alauita, no sin ciertas galimatías conceptuales, en las que la UE intenta convertirse en potencia geopolítica. Y, lo que realmente se cuece, es una crisis palpitante que vuelve a poner de relieve el célebre ‘colchón de intereses’, proyectado en los años noventa como antídoto y revulsivo para las rigideces territoriales habidas entre España y Marruecos, que en definitiva subsisten en el interludio de un éxito y fracaso.
Recuérdese al respecto, que creada en la consigna del consenso diplomático español postransición, esta herramienta mostraba la novedad de una red concentrada de intereses compartidos a base del diálogo político institucionalizado y la colaboración en cada una de las parcelas, concretadas con la europeización de políticas como la agricultura o la pesca, que advertía o atenuaba la conflictividad cíclica entre los dos países. En otras palabras: se exploraba reubicar la interacción bilateral del tablero en la ponderación de poder y de los juegos de suma cero, a un método característico liberal de interdependencia compleja.
La primera parte de esta ecuación operó satisfactoriamente y culminó las expectativas deseables. Así, varios indicadores justifican el impulso por la interdependencia hispano-marroquí en la esfera económica y social en los últimos treinta años. Y cerca de una década, España, desalojó a la República Francesa como el primer socio comercial de Marruecos y a hoy día, es el tercer estado de origen de los stocks y rentas de inversión extranjera directa en el Reino.
Por lo demás, no son pocos los años en que Marruecos ha figurado entre las naciones prioritarias y destinatarias de mayores volúmenes de recursos, para el refuerzo al desarrollo y la influencia cultural y educativa española.
Al contrario, en el cariz social se ha derivado un esparcimiento vertiginoso de la comunidad de inmigrantes marroquíes asentados en España. Pero, potencialmente, se ha continuado teniendo un Perejil en 2002 y ahora una crisis en Ceuta empleándose la máxima de palo y zanahoria en las relaciones con España.
Claro, que la segunda parte de la ecuación estrepitosamente ha fracasado: las réplicas territoriales no cesan con la interdependencia duplicada, forjándose una dualidad llamémosle intrusa, entre razonamientos incompatibles. De estas dos almas bilaterales, desde la Resolución de la crisis de 2001-2003, ha preponderado la cooperación sin visos de prolongación.
En la fluidez de conexión entre los interlocutores referidos, ha repercutido la tendencia de puntos de vista con el control fronterizo y migratorio y, sobre todo, la labor gradual de España como patrocinador de los intereses marroquíes ante la UE y las Naciones Unidas, en instantes desfavorables para Marruecos con el conflicto del Sahara Occidental. Ya lo fue en 2003, cuando Rabat rehusó el ‘Plan Baker II’, quedando rezagado de cara a la Comunidad Internacional. Si bien, la sagacidad de España en el Consejo de Seguridad de la ONU del que era miembro no permanente, ayudó a disminuir los términos del primer borrador de la Resolución.
Privándolo que tuviese carácter vinculante o coercitivo y preservando el entorno en beneficio de Marruecos.
Posteriormente, en el ambiente tumultuoso que siguió en 2005 con la denominada ‘Intifada Saharaui’ en El Aaiún y la Ciudad de Dajla, antigua Villa Cisneros, al Sur del Sahara, se facilitó un apoyo reservado a los trabajos de confección del ‘Plan de Autonomía’ marroquí para el territorio, que en 2007 se expuso en la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas, ONU, resultando inadvertidas sus insuficiencias.
En lo más cercano, Rabat demandó la intermediación de Madrid en la crisis con Bruselas en 2016-2019, ocasionada por los veredictos del Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, que derogaban la aplicación al Sahara Occidental de los Acuerdos UE-Marruecos en pesca, comercio agrícola y aviación, por motivos del estatus jurídico distinguido de este territorio.
En este aspecto, el Gobierno de España ha operado en el seno del Consejo como un Representante de la renegociación creativa de los Acuerdos, en atención a los requerimientos marroquíes, pretendiendo desempeñar expresamente los menesteres del TJUE, pero con el matiz, de conservar el Sahara dentro.
Desde una vertiente estratégica, estos antecedentes ofrecen pistas suficientes de lo que en verdad ambiciona Marruecos con los hechos actuales; allende al acogimiento del líder del Frente Polisario, Brahim Gali (1949-71 años), por razones humanitarias y sanitarias para ser tratado de un cáncer digestivo y del COVID-19, que es la raíz incuestionable de la tensión que incide a más no poder. Sin inmiscuir, que el país vecino no ceja en su afán expansionista del Sahara Occidental.
Como se sabe, España es una antigua potencia colonial de especial relevancia en este debate, cuyos trasfondos es la enemistad entre Marruecos y Argelia. Sucintamente, tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, transfirió la administración y el control de la zona a Marruecos y Mauritania, y un año después acabaría abandonando el Sahara.
Ello reportó a la proclamación de la ‘República Árabe Saharaui Democrática’, RASD, reconocida por más de setenta Estados y miembros de la Organización para la ‘Unidad Africana’, OUA, y a una contienda librada por el ‘Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro’, o lo que es igual, el ‘Frente Polisario’, que culminó con el repliegue mauritano, la edificación de muros marroquíes en el Sahara, el ‘Plan de Arreglo’ entre Marruecos y el Polisario en 1988 y, por último, el alto al fuego en 1991, con el acogimiento por el Consejo de Seguridad del ‘Plan de Arreglo, en el que Marruecos y el ‘Frente Polisario’ admitían la convocatoria de un referéndum en 1992.
De esta forma, despuntaba una causa de descolonización amparada por Naciones Unidas con la premisa del referéndum, de aplicación problemática y auxiliada por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29/IV/1991, en una misión de pacificación llamada ‘MINURSO’. Más tarde, se adoptó el Acuerdo del Estatuto del Sahara Occidental, conocido como el ‘Plan Baker I’ de 2001 y el ‘Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental’, designado ‘Plan Baker II’ de 2003.
Con la desaprobación de acoger el ‘Plan de Paz’ y su rechazo al referéndum que vislumbrara la independencia como elección, Marruecos apuntaba por la regionalización y la inclusión del Sahara. Por lo que la evolución real de la autodeterminación está en compás de espera y para alcanzar su objetivo, no tiene mejor idea que amedrentar a la UE y más, a España, con los Acuerdos pesqueros, las controversias por la dominación de las aguas colindantes a Canarias o la presión de los flujos migratorios.
Este mejunje de conflictos compensados por las labores de la diplomacia, hacen necesario retrotraerse en una fecha no demasiado lejana en los trechos, el 10/XII/2020 y en el que con un simple tuit, el expresidente de Estados Unidos Donald John Trump (1946-74 años), anticipaba por las redes sociales la firma de algo insólito: aquilataba la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, como parte de una alianza por la que el Reino Alauita y el Estado de Israel normalizaban sus relaciones diplomáticas.
Esos caracteres que se extendieron cómo la pólvora por las plataformas de comunicación, prendieron la mecha de los engranajes entre el país magrebí y la primera potencia mundial. Y es que, la declaración de intenciones de la Administración de Trump, hizo desplegar las alas geoestratégicas a Marruecos, que recibió nuevas alianzas internacionales con Estados Unidos e Israel, ampliando las afinidades comerciales y de inteligencia.
Sobraría mencionar, que el pacto llegó a buen puerto con una espontánea llamada telefónica entre el magnate estadounidense y el rey Mohamed VI (1963-57 años), antes que este dejara la Casa Blanca y le cediera el testigo a Joe Biden (1942-78 años).
A día de hoy y a la hora de ilustrar esta disertación, el nuevo inquilino del Despacho Oval no ha dado indicativos de revocar el anuncio expreso de la soberanía marroquí en la antigua colonia española.
Lo que es inequívoco, que tanto la ONU como el Gobierno de España, se resisten a reforzar la decisión estadounidense y fundamentan que hay que sondear un remedio político admisible, sustentado en el empeño y que otorgue la libre determinación del pueblo saharaui.
En resarcimiento a lo señalado, mientras la armonía de Rabat con Madrid ha ido a menos progresivamente, la aproximación marroquí con Washington va en ascenso. En mitad del trance diplomático sobrevenido en Ceuta, el Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken (1962-59 años), telefoneó al Ministro de Exteriores Nasser Bourita (1969-52 años). Según desveló el propio Blinken, el diálogo versó en torno a la inestabilidad que se vive entre el Estado de Israel y Palestina, con la consiguiente preocupación compartida por la violencia que se cierne en la Franja de Gaza.
Si bien, no habiendo ninguna reseña de los episodios acontecidos en los límites fronterizos entre España y Marruecos, sí que aprovechó para postular el compromiso bilateral con el reino africano.
Además, una demostración irrefutable del momento inmejorable que atraviesan las diplomacias, pudo entreverse en las maniobras conjuntas que materializaron las Fuerzas Armadas estadounidenses y marroquíes en alta mar, entre Lanzarote y la costa de Agadir, en las laderas de las montañas Anti-Atlas.
Para ser más preciso, las Fuerzas Navales concurrentes se sirvieron del portaaviones Eisenhower CVN-69, insignia de la Sexta Flota del Mediterráneo, así como de diversos destructores y cazas de combate, en un espacio apenas acomodado a 50 millas náuticas del archipiélago canario. Estos ejercicios se ejecutaron en el inicio de las hostilidades del Estado de Guerra del Frente Polisario a Marruecos del pasado mes de marzo.
Tal como puntualizó la Casa Blanca, la finalidad de los movimientos concertados para el fin táctico de los que previno a los controladores aéreos españoles, era incrementar la capacidad de los ejércitos, al objeto de afrontar con más fiabilidad las dificultades de seguridad del sector. Amén, que en alusión al Sahara Occidental, esta actividad se tradujo como una demostración del respaldo americano a la política marroquí.
No obstante, el pronunciamiento contundente de la UE apremiando a Marruecos que moderase la salida de personas de manera irregular a través de Ceuta y Melilla, solicitando la devolución ordenada de los migrantes, quedó contrarrestado por Estados Unidos, encaramando la actuación de Marruecos que la justificó para sostener la estabilidad en la región. Es perfectamente visible, que la hoja de ruta pasa por tonificar el Ejército, valiéndose de la estrecha adhesión entre Washington y Rabat.
Al presente, las Fuerzas Armadas marroquíes negocian a la industria armamentística norteamericana una adquisición por valor de 825 millones de euros, incluyéndose el envío de cuatro aviones no tripulados ‘MQ-9 Reaper’, originalmente llamado ‘Predator B’, que transportan armas y municiones guiadas por láser.
Marruecos se consolida como uno de los mayores importadores de armamento a Estados Unidos. Y, en su aspiración por equiparse, rearmarse y actualizar su material bélico, se ha hecho con una cantidad considerable de drones israelíes, que mismamente, utiliza en la conflagración con el Frente Polisario desde que se quebrara el alto al fuego.
La cooperación mutua en el factor de la Seguridad entre Marruecos e Israel siempre ha constado, haciéndose notar con más realce desde la recuperación de las relaciones diplomáticas. Precisamente, el ataque reciente efectuado con un dron acabó con la vida del Jefe de la Guardia Nacional del Frente Polisario, Adah al Bendir.
De lo hilvanado en el primero de los tres textos que conforman esta exposición, no han de eludirse los 250 millones de euros que en los últimos tres años, Marruecos ha recibido de la UE, provenientes de distintos programas y que asumen la meta de salvaguardar la contención de las fronteras.
En medio del maremágnum acaecido en Ceuta, la Comisión Europea recuerda que Rabat es uno de los principales asignados de los fondos europeos para la gestión migratoria: primero, en 2019, la UE destinó 101 millones de euros para acometer el tráfico ilícito de personas y atender las prioridades de los migrantes más vulnerables; y segundo, en 2018, Marruecos recibió un paquete europeo de 144 millones de euros, para vigilar el paso de migrantes y neutralizar la incidencia de las mafias que clandestinamente traman en aguas del Estrecho.
A ello hay agregarle otras partidas puestas en camino con propuestas sociales y económicas, desplegadas por agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. Por lo que se deduce que desde 2016, la UE ha proporcionado a Marruecos, nada más y nada menos, que 346 millones de euros en fondos. El segundo del continente africano con más beneficios europeos, tan sólo por detrás del Estado de Libia.
En consecuencia, más allá de los avatares migratorios ocurridos gravemente en Ceuta, donde un número indeterminado de menores no acompañados se atinan en un limbo jurídico, ya sea en alojamientos estatales o encubiertos en la Ciudad, tintinean los alegatos de la RASD, de la que Rabat no está dispuesta a renunciar como parte de su ocupación desde la década de los ochenta.
Y entretanto, conforme el Reino Alauita suma socios que le otorguen más peso geoestratégico que, a su vez, desata agravios a España, el Gobierno de Biden parece estar aprisionado en una confrontación entre dos de sus aliados históricos: España y Marruecos. Cabiendo presumir, que no vuelva a caer en saco roto el espíritu de la Resolución 1514 de la ONU, en la que con pelos y señales se dispone el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
*Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 14/VI/2021.
*Las fotografías han sido extraídas de National Geographic de fecha 10/VI/2021 y la breve reseña insertada en la imagen iconográfica es obra del autor.
Desde la Dirección de la Revista Digital «El Monárquico», nos encargamos del diseño, mantenimiento, elaboración, distribución, de todo lo concerniente a la misma. Los colaboradores y autores son los únicos responsables de sus opiniones y escritos, así como de las imágenes que aportan.