Displicencia y camuflaje

La rebeldía exhibida por los condenados del procés, a la salida de la cárcel, en modo euforia efervescente, con pancarta (“Freedom for Catalonia”) y estelada incluidas, ha evidenciado una actitud displicente hacia las medidas de gracia, lejos de la vitoreada concordia.

Y no deja de ser un primer revés, en este caso para el tercerismo de quienes no se resignan “al fatalismo del conflicto”, lamentan una demanda siempre insatisfecha y tratan de encontrar, como remedio, un punto medio entre las exigencias independentistas y lo que dispone la Constitución sobre la unidad de España.

Al decir con franqueza que volverán a hacerlo, los indultados no han expresado atrición por haber infringido la ley, ni mostrado empacho en utilizar fondos públicos y medios de comunicación con los que apoyar objetivos irrenunciables: amnistía e independencia.

Partiendo de la base de que el conflicto es, ante todo, entre catalanes, no contar con un apoyo mayoritario parece tenerlos sin cuidado, como ocurre con el respeto al principio de neutralidad ideológica de las instituciones, premisa básica para el diálogo entre gobiernos y partidos.

La ley no es una imposición a la sociedad, sino el instrumento del que se dota cualquier democracia para garantizar la convivencia. Como tampoco el separatismo “moderado” justiprecia, máxime cuando se trata de fines frente a medios.

Esto podría explicar que cualquier concesión; con respecto a la Constitución que, según los obispos españoles, “no es un dogma”; se considera una muestra de debilidad y se utiliza como un paso más hacia el objetivo final.

Sin aceptar que la mediatriz del conflicto no existe y el apaciguamiento, como demuestra la Historia, no funciona, los tramoyistas más activos de este encaje territorial, mal resuelto, se mueven en una equidistancia argumental y legitiman la desobediencia civil, como ocurrió con la celebración del referéndum, squizzo escénico que buscaba forzar al gobierno remiso, a la mesa de negociación.

¿Qué ha pasado desde la misa laica, oficiada en el Liceo por el artífice del perdón útil, que cuenta con el apoyo de los partidos secesionistas para mantenerse en el poder?

Con diligencia desconocida, el Consejo de Ministros ha aprobado los nueve indultos: parciales, al no contemplar gracia para las penas de inhabilitación por malversación de caudales públicos, y reversibles, es decir, condicionados a que no cometan un delito grave en un período de entre tres y seis años.

Tras la publicación en el BOE y ordenada por el Tribunal Supremo la puesta en libertad, la salida, prorrogada con una improvisada kermesse (familiares, partidarios y autoridades gubernativas) en las campas inmediatas, ha servido para dar tono y réplica a la gracia.

La promesa electoral, negativa al indulto, mutó en una variante que debilita la independencia del poder judicial y reitera el error cometido por gobiernos, tanto de la izquierda como de la derecha, de pensar que la única manera de acertar es aceptando lo que exigen los nacionalistas, sin importar los costes adyacentes.

Y tras la displicencia, el camuflaje. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó, raudo, las primeras medidas compensatorias: supresión de la mascarilla al aire libre, bajada del IVA de la luz y vuelta del público a los estadios de fútbol y pabellones de baloncesto.

¿Por qué los secesionistas deberían tener más derechos? ¿Por qué las cesiones para crear un clima favorable al diálogo vienen de una sola parte?

Los indultos, plenariamente constitucionales y legales, concedidos en contra del ¿61-78?% de la población española y del ¿27%? de la catalana, así como de la opinión del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, no autentican la reconciliación, al partir de la existencia de líneas rojas: amnistía y autodeterminación. En vista de lo cual ¿qué espacio le queda a esa mesa de negociación para satisfacer el anhelo separatista?

Coincidiendo con la apoteosis del acontecimiento, el Consejo de Europa (CdE), organización internacional, fundada tras la Segunda Guerra Mundial, para defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa, que nada tiene que ver con la Unión Europea, aprobó una resolución presentada por un político de Letonia que, tuvo tiempo de visitar a los políticos en la cárcel y admitió no haber leído las conclusiones de los jueces españoles.

La resolución del CdE considera que utilizar dinero público para financiar un proyecto ilegal no es corrupción, se basa en la falsa suposición de que los políticos secesionistas han sido procesados por sus creencias políticas (y no por sus acciones), e ignora que otros políticos de los mismos partidos que comparten la misma creencia están en la dirigencia del Gobierno regional.

Esto no ha hecho más que empezar, quedan cuestiones pendientes, con sus propios regateos: la mesa de negociación; el retorno de los exiliados; los expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas por la gestión de fondos públicos, desviados para fines ilícitos durante el procés; los tres mil represaliados, dirigentes independentistas con cuentas pendientes de saldar con la justicia, por delitos no blindados por los beneficios de los indultos (desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental).

Como colofón y la intención de facilitar una consulta en Cataluña, el bloque de la investidura podría intentar la aprobación de una reforma exprés del artículo 92.1 de la Constitución Española, que no implique disolución de las Cortes. La treta consiste en que no se votaría la autodeterminación, sino un señuelo: el grado de satisfacción de los catalanes con el autogobierno.

El independentismo lograría así un instrumento legal para satisfacer sus deseos y el Gobierno de coalición contaría con el argumento definitivo para dar carta de naturaleza a una reforma constitucional en dirección al federalismo que, en el fondo, no es más que constitucionalizar una España desigual.

Esos catalanes que quieren seguir siendo españoles sin ser tratados como ciudadanos de segunda por no comulgar con los mandamientos radicales se preguntan quién habla en su nombre, ya que, en ausencia de estadistas, Suárez, Tarradellas, los actuales regentes solo atienden a los suyos.

De ahí, las preguntas pendientes: ¿Por qué los secesionistas deberían tener más derechos, ignorando las pretensiones de quienes no quieren la ruptura? ¿Por qué las cesiones para crear un clima favorable al pretendido diálogo vienen de una sola parte? ¿Hay que creer, como apetecen los sediciosos, que los derechos individuales de los que no quieren la independencia, no existen?

Responde Fernando Savater: “En democracia se da el derecho a la diferencia, pero nunca la diferencia de derechos. No hay derechos distintos porque no hay ciudadanos diferentes, según su origen o adscripción territorial. Lo inadmisible es que la aplicación de sanciones, a quienes incumplen a sabiendas la Constitución y rechazan la unidad de la ciudadanía, sea considerada como ‘venganza’ o ‘resentimiento’”.

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