La crisis epidemiológica del SARS-CoV-2 ha exacerbado la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres de Kenia, donde hay quiénes se valen del confinamiento, para reintegrarse nuevamente en las campañas a favor de la mutilación genital femenina, exhibida dramáticamente como una tradición cultural típicamente africana, presta a conservarse para preservar su identidad étnica.

En pleno siglo XXI, las comunidades en que esta práctica está extremadamente enraizada, la niña no tiene otra elección, porque le es imposible negarse sin pagar un precio social, físico o cultural muy costoso. Y en circunstancias de emergencia sanitaria como la que estamos padeciendo, esas derivaciones depravan en intransigencia extrema, e incluso, en obcecaciones sociales como la marginación, el atropello psicológico, la condenación, la excomunión y las intimidaciones de muerte.  

La salud y el bienestar de las niñas y las mujeres se ven categóricamente perjudicadas, no ya sólo por la parálisis de los servicios indispensables de la salud sexual y reproductiva, como la orientación sobre los procedimientos anticonceptivos, salud materna y neonatal, violencia de género y pruebas y tratamiento para el VIH y las infecciones de transmisión sexual, sino también, porque sus vidas penden de un hilo cuando los delitos se invisibilizan y continúan sin castigo.

Conforme el COVID-19 se transmite a sus anchas, la mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios infantiles se han duplicado alarmantemente y no se superponen políticas eficientes de protección.

En los últimos meses, Kenia, país al que me referiré en este análisis, se enfrenta a un aumento de la mutilación/ablación y a un repecho preocupante de los embarazos adolescentes. Sin ir más lejos, en el condado de Machakos, a 64 kilómetros al Sudeste de Nairobi, de enero a abril se han contabilizado 4.000 gestaciones de niñas menores de 19 años. Sobre todo, los episodios se han desencadenado a partir de marzo, cuando los colegios hubieron de cerrar por el advenimiento del coronavirus y se contempla la posibilidad que haya más casos ocultos.

La convivencia forzosa con allegados abusadores es uno de los motivos principales de esta aberración; pero, del mismo modo, el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores, por productos de higiene menstrual que antes proporcionaban los centros y que ahora son de difícil adquisición para las jóvenes con pocos medios.

Con estos mimbres, Kenia, está sumida en uno de los momentos más críticos de su historia, afrontando una causa compleja que demanda la unidad de fuerzas de todas las partes de la sociedad, para lograr unos cimientos sólidos que argumenten un cambio de paradigma en la comunidad.

Si bien, ha programado el año 2022 para la eliminación total de la mutilación genital femenina, en adelante, MGF, y el 2030 con el que se erradique las formas de violencia de género, parece ser que las acciones no están dirigiéndose por las vías adecuadas, siendo el escenario epidemial uno de los inconvenientes más dificultosos.

No cabe duda, que en nuestros días se materializan ingentes labores desde la sociedad civil, pero se requiere más compromiso y apoyo gubernamental para incrementar su realización. Quedando en pausa los sistemas, como la movilización para garantizar las metas a conseguir. La MGF es una técnica que se efectúa a una niña o mujer con la finalidad de trastornar sus órganos genitales, sin que concurran pruebas médicas que lo razonen. Normalmente, comporta la “extirpación parcial o total de los genitales externos”

La MGF es identificada internacionalmente “como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, ya que atenta contra los derechos fundamentales como la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas crueles, inhumanas o degradantes y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acabe produciendo la muerte”.

A día de hoy, la mutilación/ablación redunda en atención al extremo de agresividad administrado y suele ejecutarse entre las fases de la infancia y adolescencia.

En las diversas regiones donde la MGF se materializa, la violencia a las niñas y las mujeres es socialmente tolerable, configurando una máxima profundamente arraigada en la desigualdad de género. 

Mientras, en algunos entornos el rito significa el paso de la etapa infantil a la edad adulta y representa mayor reconocimiento social, en otros, se interpreta como una fórmula para someter la sexualidad de la mujer. 

Por encima de todo, la MGF se hace por la convicción de acreditar el futuro matrimonio de las niñas y la honra de las familias; toda vez, que hay quiénes la relacionan con creencias religiosas, aunque no consten pasajes de esta naturaleza que apremien a su ejercicio.

Fijándonos en algunos precedentes, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus siglas, UNFPA, justifica que en Kenia el 21% de las mujeres entre los 15 y 49 años, ha soportado la MGF. Comparativa que se sitúa por debajo de otros estados como Somalia, con el 98%, a la que le sigue Guinea, con el 97% o Yibuti, con el 93%. Aun así, prosigue siendo inquietante, porque nos estamos refiriendo a una costumbre ilegal que constituye un quebrantamiento de los derechos fundamentales. Para ser más preciso, los protocolos de la mutilación/ablación se cristalizan en intervalos puntuales como el periodo vacacional escolar, al objeto de ser omitidos y que las víctimas sometidas dispongan de un tiempo para restablecerse. 

La MGF está envuelta en tradiciones y prioriza la travesía de niña a mujer, amplía las probabilidades de contraer matrimonio y lleva aparejada una serie de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que, en caso de contradecirla, ocasiona la exclusión y el estigma. 

Su margen de incidencia evoluciona según el grupo étnico operante: los somalíes alcanzan el 94% de su explotación; mientras que el pueblo luo, al Oeste de Kenia, el 0,2%. Habitualmente, es más prevalente en las zonas rurales que urbanas con un 25,9%, frente al 13,8%, respectivamente, y entre las comunidades con menor escolarización el 58,2% ante un 8,6%. 

Foto: National Geographic de fecha 20/VIII/2020.

Clínicamente, la MGF no aglutina beneficios para la salud y a largo plazo se presentan secuelas físicas y psicológicas. Los trastornos médicos abarcan desde dolores intensos hasta hemorragias persistentes, infecciones, infertilidad y la muerte. Simultáneamente, puede agrandar el riesgo de transmisión del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana.

Las mujeres mutiladas pueden presentar importantes dificultades en el parto, como flujos de sangre posteriores al alumbramiento, óbito fetal u óbito prematuro de sus hijos recién nacidos. 

A pesar que en el plano integral la cantidad exacta de niñas y mujeres que arrastran este lastre con consecuencias devastadoras es incógnito, al menos, 200 millones de niñas y mujeres de 31 naciones con edades comprendidas entre los 15 y 49 años, han pasado por el calvario de la mutilación/ablación con todas sus implicaciones y desenlaces.

La centralización más acusada se origina en África, con ideas afines que desempeñan un papel crucial en su perpetuación y donde veintisiete países no cesan en su empeño, con datos de tendencias disponibles a esta violencia de género, incluyéndose aquellos que la declararon oficialmente ilegal. 

Los guarismos porcentuales cambian del 95% de mujeres que han sufrido la mutilación/ablación en Guinea, al 76% de Burkina Faso; o del 65% en Etiopía, con el 24% en Senegal; hasta parajes donde esta anomalía es marginal, pero todavía no se ha eliminado como Benín, al Oeste de África y Togo en la franja intertropical con el 9% y 3%. No ha de soslayarse, que en los últimos 30 años se han producido considerables avances hacia su abolición. 

En analogía con sus progenitoras y abuelas, las niñas de muchas demarcaciones corren menor riesgo de enfrentarse a esta monstruosidad. Sin embargo, la escalada de mejora no es universal ni adecuadamente resuelta. 

Queda claro, que la mutilación/ablación se ejerce como hace tres décadas. Más del 90% de las niñas y las mujeres de la República Federal de Somalia y la República de Guinea, en ocasiones denominada Guinea-Conakri, se supeditan a alguno de los patrones más atroces de esta práctica. 

En la teoría, los profesionales de la salud proceden a efectuarla con asiduidad, vulnerando el deber hipocrático de no causar perjuicio. Alrededor de 1 de cada 3 niñas adolescentes entre el percentil de los 15 y 19 años, se ha visto subyugada a esta praxis consumada por miembros de los servicios de salud.

Determinar un carácter clínico a la MGF, ni mucho menos la hace más eficaz, puesto que, a todas luces, se extrae y deteriora tejido saludable y neutraliza las funciones naturales del organismo. Como ya se ha mencionado, algunos colectivos que no la han erradicado, la manipulan en el secretismo, lo que lleva a las niñas a digerirla en medio del mutismo solapado. 

En Kenia, oficialmente la República de Kenia, con su capital en Nairobi, es una nación del Este africano que tiene sus límites fronterizos al Norte con Etiopía, Somalia al Este, Tanzania al Sur, Uganda al Oeste y al Noroeste, Sudán del Sur con el Océano Índico salpicando su litoral Sureste. 

Conjuntamente, el lago Victoria se emplaza al Suroeste y lo comparte con Tanzania y Uganda. En lo físico y político, Kenia se fracciona en diversas comarcas con una población heterogénea, concurriendo sectores de sabanas áridas y semiáridas. Sus territorios del Centro y Occidente hospedan frondosidades y cordilleras, a diferencia de los departamentos del Norte que son más desérticos. 

Su extensión se expande sobre 580.367 kilómetros cuadrados de área y su conjunto poblacional está conformado por 53 millones de habitantes, con afluencias de múltiples culturas y raíces que reúne 47 distritos, cada uno con una dirección semiautónoma con respecto al Gobierno Central de Nairobi.

Actualmente, las disposiciones del confinamiento se cimientan en una coartada irrevocable para las niñas y las mujeres, al darse los contextos inmejorables para que los adictos perseveren en sus incitaciones siniestras, valiéndose de la envolvente que las instituciones están totalmente volcadas en responder a la crisis epidemiológica y, por ende, apenas se dedican a otras cuestiones de este calado.

Cómo no podía ser de otra manera, el SARS-CoV-2 repercute negativamente en los ciudadanos y la tasa de pobreza se acrecienta apresuradamente por el percance del desempleo. Intercalándose una estimación superior de criminalidad, como resultado del paro y las de un sinfín de familias que han de desenvolverse en una espiral de estrecheces, para obtener algún producto básico de primerísima necesidad, sin inmiscuirse, la violencia policial estructural que atenta contra sus vidas.

Asimismo, la desinformación es un desafío constante para estos individuos que no disponen de acceso a los comunicados públicos, en una Administración en la que no depositan su más mínima confianza. Esencialmente, la propagación de información en línea de los medios sociales, es potencialmente comprometida porque descarta y excluye sin convencionalismos a las niñas y las mujeres de los conocimientos digitales pertinentes.

El ejemplo que evidencia esta realidad se valora en los criterios divulgados por el Ministerio de Salud de Kenia para la atención reproductiva, materna, neonatal y de planificación familiar durante el período que perdure la incidencia del COVID-19. Además, del automatismo de la telemedicina, un modelo innovador estimulado por numerosos estados para afianzar la prestación de los servicios de salud en este curso escabroso.

Con lo cual, la telemedicina es imprescindible para apuntalar el puente de paso a la información vinculada con la salud, acompañado por los servicios de emergencia a la hora de parir y los contactos oportunos entre los sanitarios y pacientes. Pero las directrices se comunican primordialmente por la red, que no es asequible para todos. Esto denota que demasiadas personas están en la tesitura de no percatarse de los números de teléfono a los que recurrir.

La ‘World Wide Web Foundation’, también conocida como ‘Web Foundation’, una organización internacional que aboga por la web abierta y gratuita, confirma la intensificación global del manejo de internet, aún para más hombres que mujeres, como deducción de la discriminación de género existente. 

En África Subsahariana, únicamente el 28% de las mujeres navega en la red de redes. Esto aclara que emitir información en línea o demandar a los consumidores su utilización para estar al tanto de los servicios de salud, restringe considerablemente a las mujeres. Es aquí, donde entra en juego el protagonismo de la comunidad, en su lucha por avalar el cauce conveniente de información como un mecanismo sustancial de derechos a la salud. Indudablemente, reclama el tráfico de información proactiva con talente cuidadoso y efectivo por parte de las instituciones. 

Teniendo en cuenta que Kenia el 56% de la urbe reside en asentamientos informales urbanos, las medidas de prevención concretadas son prácticamente inverosímiles y el pánico al hambre es superlativo. 

Sin descartar, que este país acarrea un dilatadísimo historial en cuanto a la violencia policial adoptada, como se ratifica en los prolegómenos del toque de queda emprendido el 28 de marzo.

En esta coyuntura, el Gobierno ha implementado el distanciamiento social en esferas representativas como negociados, calles y avenidas y transporte público, el empleo imperativo de las mascarillas, la cuarentena de los casos dudosos y confirmados, pruebas masivas para localizar los positivos, cierre de las localidades principales en las que el patógeno se ha extendido aceleradamente, el consabido toque de queda que limita los movimientos y la interrupción eventual de colegios y universidades, templos, bares y clubes nocturnos, etcétera.

En contraposición, en las horas diurnas la población puede salir libremente a desempeñar sus quehaceres cotidianos y organizarse, pero a partir de las 19:00 horas se esfuma cualquier independencia. En lapsos de zozobra como los que se viven, las mujeres son las más diezmadas y se convierten en el último eslabón. 

El no haber asumido pautas proporcionadas con perspectivas de género, ha promovido una subida angustiosa de denuncias por violencia contra las mujeres: es verdaderamente perturbador que tantísimas jóvenes se hayan quedado embarazadas en el confinamiento y con efectos graves de por vida. 

Una encuesta confeccionada en el año 2014 en Kenia, muestra que aproximadamente una de cada cinco adolescentes que acude a las enseñanzas, se queda en estado a los veinte años, por lo que la tasa nacional de embarazos en la adolescencia se dispuso en el 18%. 

En este momento, sumergido en la enfermedad epidémica que pone en jaque los sistemas de salud más vigorosos, prevalece un peligro real: la sustracción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con conclusiones destructivas para las niñas y las mujeres.

La investigación de Plan Internacional de 2019 elaborado en nueve circunscripciones de Kenia, revela que los embarazos no deseados en la adolescencia son una contrariedad enorme: el 98% de las embarazadas no acuden a la escuela y el 59% de los embarazos de 15 a 19 años no son esperados; el 45% de los contratiempos procedentes del aborto, se observaron entre las jóvenes. Amén, que la violencia sexual a la que me ciño, menoscaba a un tercio de las niñas, frente a uno de cada seis niños menores de 18 años.  

La acentuación de la mutilación/ablación por la influencia del coronavirus, ratifica que la clausura momentánea con atisbos de permanecer en las escuelas y programas en lugares vulnerables, ineludiblemente, instará a un empeoramiento progresivo. 

Una breve visión de las dinámicas sociales subyacentes que ayudan a fundamentar qué es lo que ciertamente podría hacerse, para invertir el rumbo de actitudes y comportamientos enrocados que han desbocado en este despropósito: las madres cuyas hijas han experimentado la mutilación/ablación, dicen que la técnica entraña el corte y extracción de un trozo de carne de los genitales. 

En cambio, en otros hechos, este método aberrante conlleva la expresión más radical del recurso, conocido como infibulación, que consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal mediante sutura, donde los labios son cortados y recolocados, dejando un pequeño orificio para la salida de orina y descarga de la sangre menstrual.

En consecuencia, los crecientes compromisos para eliminar de una vez por todas la mutilación/ablación, son firmes destellos de este absurdo irracional que podría estar oscilando a ser una huella del pasado. Voces que se encaraman entre tanta consternación, interpelando que se cumplan las obligaciones y mantengan los compromisos con los derechos de las niñas y las mujeres. 

¡Ojalá, así sea!

Publicado en el ‘Diario de Información Autonómica el Faro de Ceuta’ el día 27/VIII/2020. 

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